El proyecto de Ley de Responsabilidad Penal del Empleador fue aprobado el 6 de noviembre en la Cámara de Diputados con los votos de la bancada oficialista. La intención de sus impulsores era que fuera aprobado antes de fin de año, pero en los últimos días surgieron dudas en la Cámara de Senadores.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, planteó el 21 de noviembre en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado que el texto necesita una mejor redacción. Una de las debilidades planteadas por Brenta es que “no habla de la reglamentación de esta ley, sino de las normas y reglamentaciones vigentes, tales como convenios internacionales y leyes sobre accidentes de trabajo”. En ese sentido, reconoció que si lo hiciera “sería discrecional del Poder Ejecutivo reglamentar un delito, lo que es claramente inconstitucional”.

Por otra parte, este lunes, el senador Enrique Rubio, también de la Vertiente Artiguista, planteó estas mismas dudas en la bancada del Frente Amplio (FA) y eso motivó la creación de una comisión para analizar el texto aprobado en Diputados, que determinará si existen errores o posibles inconstitucionalidades.

La formación de ese ámbito no cayó bien entre los impulsores del proyecto. Ayer el Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP) emitió un comunicado en el que cuestiona la creación de esa comisión y reclama la aprobación definitiva del proyecto antes de fin de año.

El documento recuerda, entre otras cosas, que muere un trabajador por semana en accidentes laborales, y asegura que ante esta realidad se “hace imprescindible la aprobación de esta herramienta de defensa de la vida, la salud y la integridad física del trabajador”.

El PVP considera que el proyecto aprobado en Diputados “establece todas las garantías para los diferentes actores de la actividad laboral y fue acordado luego de un trabajoso proceso en el que participaron TODOS los sectores del FA en acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” y finaliza solicitando que el proyecto se apruebe tal como está y que los senadores frenteamplistas no realicen críticas que “sólo pueden llevar a la confusión de la opinión pública afectando la credibilidad de todo el FA”.

El diputado Luis Puig aseguró que piensa participar en la comisión “para reafirmar que no hay ningún elemento que amerite cambiar algún aspecto de la ley; no escuché ninguna argumentación consistente, el proyecto refleja garantías para todas las partes y da un mensaje hacia la prevención”, dijo, según consigna UNoticias. Puig negó que la ley se trate de una iniciativa contra los empresarios y aseguró que “sería una muy mala señal del FA que se cambie este proyecto de ley; una pésima señal”.

La comisión encargada de analizar el texto de la ley se reunirá esta semana y se espera que para el lunes se consolide una posición de cara al debate en el plenario de Senadores.

Por su parte, el diputado suplente del Partido Comunista y secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), Óscar Andrade, también criticó esta situación.

“Nos hubiera gustado que los senadores que están saliendo a la prensa a hablar de determinadas situaciones o inconvenientes del proyecto nos llamen para intercambiar puntos de vista. Fue un compromiso programático y tuvimos dos años de discusión en la interna del FA. No aprobar el proyecto compromete la campaña electoral. El FA se compraría un lío enorme si no están los votos en el Senado”, alertó.

Andrade considera que “sería una barbaridad” que después del respaldo que brindó la Mesa Política del FA a la votación en Diputados, no estén los votos en el Senado.

“Vamos a ser cautelosos, pero con la convicción de que esto tiene que salir. Por ahora nos preocupa la forma. No somos necios, pero vamos a defender con todo la aprobación de la ley. Las leyes se tienen que aprobar por convicciones y no por cálculo político electoral”, criticó.

El referente del SUNCA piensa que si el FA no asegura los votos en el Senado comete, por un lado, un “error de fondo” al no aprobar una normativa que sirve para mejorar las condiciones de trabajo. “Pero también construye un divorcio con una organización social de las más fuertes que hay en Uruguay, instalando un conflicto de alta intensidad justo en un año electoral. Si es por cálculo, es un cálculo equivocado. Nadie pensará que el SUNCA, en caso de no aprobarse, va a dejar de lado una iniciativa de esta importancia sin dar la pelea. Tengo confianza en que el FA va a resolver en la dirección correcta”, concluyó Andrade.