La marcha se retrasó porque se esperaban dos ómnibus con vecinos de Santa Catalina, pero el tiempo pasó y los ómnibus no llegaron. Casi una hora después arrancó desde el Obelisco hasta la Universidad de la República, con un poco menos de una cuadra de manifestantes, entre quienes estaban los dirigentes sindicales Marcelo Abdala, Ismael Fuentes y Gabriel Molina y los militantes sociales Irma Leites y Jorge Zabalza.
Uno de los organizadores, Camilo Casariego, vecino de Santa Catalina, explicó que la marcha se realizó porque “a la familia y a los vecinos que los estamos acompañando nos quedó un sabor amargo con el fallo judicial”. Cuestionó que se haya aplicado la figura del homicidio simple en este caso: “fue un asesinato brutal, a sangre fría, al chico se lo dejó morir en la calle, tirado en el piso, después de que el policía le tiró nueve tiros, de los cuales le pegó tres, y después de eso estuvo 20 minutos tirado en la calle, y los cómplices están libres”. A su entender, se trató de un hecho que se veía venir: “En setiembre hubo un atropello a jóvenes de Santa Catalina. Los vecinos denunciamos a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, al director de Asuntos Internos de la Policía de Montevideo, al director del Ministerio del Interior [MI], a organizaciones de derechos humanos; fuimos al juzgado, siguieron los atropellos, y, dos meses después, lamentamos una muerte que se podía haber evitado, porque lo anunciamos dos meses antes”.
Después del asesinato, contó, “la Guardia Republicana no vino más” y la Policía Comunitaria “no se vio” en el barrio. Aseguró que la familia de Sergio Lemos “quedó destruida. Le arrancaron un hijo con toda una vida por delante, un muchacho divino, trabajador, cuyo único delito es que usaba una gorra, le gustaba la cumbia y andaba en moto. A la familia no le alcanza con las disculpas del ministro, tiene que haber justicia. No es usual que un ministro pida disculpas y eso se valora, pero tampoco es usual que te maten un hijo de 19 años”.
Zabalza afirmó que se trató de “un asesinato” y que el policía involucrado debería estar procesado por homicidio premeditado y por alevosía, ya que “conocía a la víctima y había tenido una serie de discusiones, incluso amenazándolo”. Culpó también al MI y la Ley de Procedimiento Policial, que a su entender “crea condiciones propicias para que un individuo pueda tomar esta actitud. No hay un control, una educación moral y ética que establezca bien claros los límites de su actuación, el respeto a los ciudadanos y los derechos humanos; y algunos policías se sienten una especie de superhéroes, capaces de decidir sobre la vida y la muerte de los jóvenes”.
Una vez en la Universidad se leyó una proclama que reafirmó que hubo premeditación en el crimen. Recordaron los problemas del policía con Sergio Lemos, y aseguraron que se trata “del odio de siempre a los jóvenes pobres”. Se afirmó que lo acontecido “no fue un caso aislado, no fue un oficial corrupto, no fue un error, ni producto de mafias operando en el MI; esto nos deja las prácticas completamente abusivas, de absoluta violación de los derechos humanos, con las que convivimos a diario en nuestros barrios. Esto debe terminar”.
Finalmente se hizo una reflexión sobre la seguridad, los jóvenes y las fuerzas represivas: “No le dispararon sólo a Sergio, les dispararon a los jóvenes de nuestro barrio, le dispararon a la juventud de nuestro país, pues los jóvenes de barrios pobres cargamos sobre nuestras gorras la marca de la violencia que hoy vive la sociedad. Somos apuntalados como los responsables de la violencia social, y esto permite que las fuerzas represivas desplieguen prácticas de terror contra nosotros”. Se concluyó: “Depositarle a la juventud la responsabilidad de la violencia nos lleva a olvidarnos de algo fundamental. De quienes, desde sus lugares de privilegio, generan la exclusión, la marginación y la pobreza. La desigualdad social es el germen de una sociedad con violencia”.
Con “La marcha de la bronca” sonando en los altoparlantes, se cerró la actividad.