El Directorio del Partido Nacional (PN) analizó ayer la propuesta del diputado Gerardo Amarilla (Todos) de recolectar firmas para interponer un recurso de referéndum en busca de derogar la futura ley de regulación del mercado del cannabis, que tendrá sanción definitiva hoy en la Cámara de Senadores.

“No hay ambiente”, reconoció una fuente del Directorio. El propio Amarilla admitió que será “complicado” recolectar firmas para habilitar un recurso de referéndum interpuesto contra la norma, aunque lo cierto es que ayer el Directorio no se pronunció a favor ni en contra de la posibilidad. En lo que sí hubo unanimidad fue en el rechazo a la iniciativa en la cámara alta y en la búsqueda de eventuales caminos para derogarla, una vez que sea aprobada.

El presidente del Directorio del PN, Luis Alberto Heber, respondió que como las posibles acciones para derogar la norma se realizarían en pleno año electoral, será necesario definir una estrategia al respecto. Por tanto, el Directorio iniciará una ronda de consultas con los sectores políticos para ver “cuál es el mejor camino” para derogar la norma, explicó Amarilla.

Algunos integrantes de este cuerpo advirtieron a la diaria que el Directorio no suele pronunciarse sobre mecanismos de consulta directa como plebiscitos o referéndums, habilitando a los legisladores a tomar las opciones que reconozcan pertinentes en cada ocasión. Sin embargo, ayer la propuesta tampoco tuvo la negativa del Directorio. “Quedamos en que lo vamos a estudiar”, resumió el senador nacionalista Gustavo Penadés. Amarilla descartó comenzar a juntar firmas por su cuenta.

Por su parte, ayer el senador y precandidato nacionalista Jorge Larrañaga (Alianza Nacional) dio a conocer una columna de opinión en la que enumera 20 razones “para no votar la legalización de la marihuana”. “Con la droga no se transa”, se titula la nota. Según el senador, la “solución pasa por mayor prevención: educación, deporte, salud, sanidad, reducción de daños, familia y valores”. Larrañaga entiende además que la legalización “supone una confusión y degradación de valores, que desdibuja los límites y envía un mensaje equívoco a nuestros jóvenes”.

El precandidato también dice que la ley tiene algunas inconstitucionalidades: afirma que la ley es contradictoria con el artículo 44 de la Constitución (que establece que “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país”) y también con el artículo 10, ya que el proyecto establece como obligatoria la disciplina “Prevención del Uso Problemático de Drogas” en primaria, secundaria, UTU, la formación docente y la Universidad Tecnológica, lo cual “lesiona la autonomía de la Administración Nacional de Educación Pública”.

También advirtió que el proyecto “viola tratados internacionales”, y lo criticó porque, según entiende, “es degradante utilizar al país y a sus jóvenes para un experimento de esta naturaleza”. “Uruguay y los uruguayos no somos cobayos”, asegura. “La legalización fomenta la dependencia y atenta contra el desarrollo espiritual de la persona”, señala Larrañaga, que remata su columna afirmando que “se está diciendo a los uruguayos que la marihuana es más importante que los libros”.

Jornada histórica

En la cámara baja el miembro informante del proyecto había sido Sebastián Sabini (Movimiento de Participación Popular) y hoy el encargado será Roberto Conde (Partido Socialista), quien hasta hace pocos meses ocupó la subsecretaría de Relaciones Exteriores. El proyecto contará con la aprobación de los 16 senadores del Frente Amplio.

El senador Luis José Gallo (Asamblea Uruguay), uno de los principales actores en la Comisión de Salud Pública que estudió el proyecto, dijo que se trata de un proyecto de “enorme trascendencia”, que ha generado una “enorme” expectativa a nivel mundial. “Van a venir medios de todo el mundo, pero a nuestra bancada no le va a afectar eso; no sé qué pasará en el otro lado”, aludió, en referencia a la oposición.

El proyecto establece que el Estado tendrá el control y la regulación de las actividades de importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis y sus derivados.

Determina además que su objetivo será proteger a los habitantes de los riesgos del “comercio ilegal y el narcotráfico”, y atacar las consecuencias del “uso problemático de sustancias psicoactivas”. Habilita el cultivo doméstico de hasta seis plantas de cannabis y un máximo de extracción de 480 gramos de ellas. El cultivo doméstico podrá ser también realizado por clubes de membresía que deberán ser autorizados por el Poder Ejecutivo y controlados por el Instituto de Regulación y Control de Cannabis, que otorgará licencias de expendio a las farmacias. El consumo personal estará limitado a 40 gramos mensuales. Quienes deseen acceder a la sustancia deberán inscribirse en el Registro Único de Usuarios. La identidad de los usuarios estará defendida por la Ley de Protección de Datos Personales.

Como el proyecto no sufrió modificaciones en la cámara alta, quedará aprobado hoy definitivamente.