La de ayer fue una jornada muy particular para una cobertura parlamentaria. Los periodistas de los medios nacionales se codearon con colegas de otros países en los pasillos del Palacio, e incluso con militantes por la legalización del cannabis, nacionales y extranjeros. Una de ellas llegó a tener un intercambio elevado de tono con el senador nacionalista Carlos Moreira. “No mientas más”, le espetó, y el senador le pidió que se callara la boca.
Las afueras
Cerca de las 19.30 más de 1.000 personas acompañaron lo que se llamó “La última marcha por la marihuana ilegal”. Con música y marihuana, los manifestantes, la mayoría jóvenes e identificados con el verde, coparon la explanada del Palacio Legislativo y desplegaron una bandera gigante de la diversidad, expuesta como si fuera una de las “verticales” que utilizan las barras bravas en la tribuna Ámsterdam. Se trataba de una gran fiesta popular, que algunos incluso acompañaron con indumentarias particulares, globos con forma de porros gigantes y comida para enfrentar el famoso bajón. Casi todos los manifestantes llevaban una cartulina con la forma de la hoja de marihuana que decía “marihuana regula 2013” y también se escuchó el famoso tema de la banda española Ska-p, “Legalización”.
Pasadas las 10.30 Roberto Conde (FA), encargado de informar sobre el proyecto, comenzó una exposición que duraría más de una hora. Argumentó que la regulación, “como alternativa a los esquemas prohibicionistas o los liberales, punto intermedio de ambos, ofrece herramientas a los Estados para ejercer prácticas de reducción de la oferta y la demanda más eficientes e integrales”, y citó como experiencia exitosa la regulación del tabaco impulsada por el gobierno de Tabaré Vázquez, con la salvedad de que en el caso de la marihuana “no se trata de crear un mercado”. Repasó los efectos negativos de la Ley Seca, enumeró las convenciones de Naciones Unidas firmadas entre 1960 y 1990 en relación al narcotráfico y afirmó que actualmente está en debate “la guerra fracasada contra las drogas”, por el constante crecimiento del mercado del narcotráfico. Empezando por la experiencia pionera de Holanda en los 70 y llegando hasta la actual legalización de la marihuana en dos estados de Estados Unidos, aseguró que el paradigma de la guerra a las drogas “está en cuestión por la aplicación concreta de los estados”. En relación a la política de drogas uruguaya, Conde aseguró que el gobierno no plantea cambiarla “hacia una política de liberalización”, sino dar “una respuesta ineludible ante el fracaso de la estrategia internacional”: “Han aumentado los procedimientos, incautaciones, procesados y presos; sin embargo, el fenómeno del consumo no se ha contraído, por el contrario, se ha expandido, particularmente el cannabis”.
Identificó como consecuencias sociales de la “guerra contra las drogas” la inundación de las cárceles y el desborde de los sistemas judiciales, y habló también de la “doble moral”: “El consumidor es denigrado obligatoriamente al quedar sometido a ese tipo de comercio si quiere acceder a lo que desea: esto, la doble moral y la anomia, no le sale gratis a ninguna sociedad, porque también abre puertas hacia otras calamidades”.
Del proyecto explicó que la marihuana estará disponible por el autocultivo o por “expendio bajo control oficial”, lo que no significa crear un mercado regulado como el del tabaco y el alcohol, y recordó que no habrá venta libre, que estará prohibida la publicidad y la existencia de marcas, que no habrá “resultado económico, ni pérdida ni ganancia, ni apropiación por parte de privados”.
También se refirió al rol de la educación y afirmó que el proyecto busca “sustituir una pedagogía del no, sustentada en una percepción de riesgo por prohibición y por miedo -que ya no es creíble-, por una pedagogía del análisis social y de la realización plena de la condición humana, en una realidad difícil donde el uso de drogas ya está instalado”.
Para la Justicia
El colorado Alfredo Solari centró su exposición en responder si el proyecto cumplirá con el artículo 44 de la Constitución, que establece la obligación del Estado de cuidar la salud de las personas. Por su experiencia como médico dijo conocer “los parámetros éticos de la experimentación con seres humanos”, y aseguró: “Ni nuestro gobierno ni el resto del mundo deberían experimentar con los uruguayos, no deberían experimentar con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Eso no es ético. Me indigna la ligereza con la que se ha encarado este tema”.
Afirmó que la marihuana “no es inocua” y que tiene impactos sobre el aprendizaje y sugirió que también los tendrá en materia de accidentes laborales, de tránsito y violencia doméstica. También relativizó las amenazas del narcotráfico: “Montevideo no es Tijuana, Uruguay no es Paraguay, nosotros no estamos en el epicentro de la guerra de las drogas ni nada que se le parezca”. Por último, advirtió por eventuales sanciones de la Agencia Mundial Antidopaje, que tiene al cannabis entre sus sustancias prohibidas. Aseguró que se le envía un “mensaje contradictorio” a los deportistas que quieren “competir legítimamente” y auguró que Uruguay podría ser excluido de campeonatos panamericanos o mundiales.
El nacionalista Carlos Moreira también enfatizó en los peligros que podría generar esta ley para los niños y cuestionó que la marihuana se distribuya en farmacias: “¿Están preparadas las farmacias para este nuevo tipo de cliente no habitual? ¿No se ha pensado en la seguridad? ¿No tienen miedo de que ahora les vayan a robar la marihuana?”.
El senador Jorge Larrañaga (Partido Nacional), que reiteró que derogará la ley en caso de ser electo presidente, aseguró que el mercado negro “se mantendrá por un tema de costos y competirá. Incluso puede mutar en drogas sintéticas y aumentar”, sugirió. Cuestionó la “improvisación” del gobierno: “Este proyecto es incontrolable, el mercado puede tornarse ingobernable”, y aseguró que es inconstitucional porque viola el artículo 44 de la Constitución. Además, advirtió que Uruguay se convertirá “en un país de narcoturismo”.
En tanto, el senador y ex presidente Luis Alberto Lacalle (PN) entendió que el artículo 2º de la ley, que dictamina que el Estado “asumirá el control y la regulación” de actividades como la importación, cosecha, producción y adquisición del consumo del cannabis, establece un monopolio en los hechos. “Éste es el germen de otra inconstitucionalidad”, señaló, haciendo referencia a que, según la Constitución, para conceder monopolios se requieren dos tercios de cada cámara.
Luego, el senador colorado José Amorín Batlle mencionó que el artículo 10 de la norma, que establece la inclusión en Primaria, Secundaria, la UTU, formación docente y la Universidad Tecnológica de la disciplina “Prevención del uso problemático de drogas”, es violatorio de la Constitución en la medida en que viola la autonomía del sistema educativo. Sin embargo, su compañero de bancada Ope Pasquet opinó lo contrario.
El capitalismo
Varios dirigentes de la oposición mencionaron las reuniones de Mujica con Soros y Rockefeller. “Es un capitalista, especulador y financista”, dijo el precandidato colorado Pedro Bordaberry sobre Soros, y sostuvo que el empresario piensa que Uruguay es un buen país para “experimentar” con el tema. “Marchaban con el Che y por la tierra, ahora con Soros y por la marihuana”, ironizó. En la misma línea, acusó a Mujica de experimentar y volvió a argumentar que el país antes había “experimentado” con la Ley de Humanización de Cárceles con resultados como la duplicación de las rapiñas. Por último, argumentó que se le hacía un “flaco favor” a los abogados que defienden al Estado uruguayo con el litigio con la tabacalera Philip Morris.
El presidente del Directorio del PN, Luis Alberto Heber, advirtió que está a favor del autocultivo pero criticó el proyecto por ser excesivamente reglamentarista. Al igual que Bordaberry, se quejó de las declaraciones de Vázquez de legalizar la cocaína. “Quiero creer que fue un desliz”, sostuvo. Luego pidió “mano durísima contra el narcotráfico”.
La defensa
La senadora y precandidata Constanza Moreira pidió “separar la adicción del consumo”: “El consumo no es necesariamente problemático”, remarcó. Recordó que legisladores de todos los partidos presentaron proyectos de ley para regular el tema (por medio del autocultivo) y que el proceso de aprobación de la ley duró más de dos años: “Esto puede ser todo menos un proyecto mal trabajado y mal informado”. Luego, aseguró que los problemas con las drogas “son más resultado de una cruel visión que de su consumo”. Dijo que los usuarios de cannabis tienen “más educación que el promedio de otros consumidores de drogas” y que “cuanto mayor es la represión, mayor es el número de bandas actuando”. Cerró señalando que la ley “nos vuelve a poner en la vanguardia de América Latina”. “Esto es un enorme paso que tiene que ver con los jóvenes, sobre todo, a quienes la sociedad no tiene demasiado bien y por algo hay más jóvenes pobres que adultos pobres, y la inmensa mayoría de los presos son jóvenes”.
En tanto, Ernesto Agazzi (FA) señaló que si bien el gobierno está tomando el riesgo de esta decisión, “ya sé qué es lo que pasa si no hacemos nada”. Al final de la sesión, Larrañaga anunció que su partido no tomará el “camino plebiscitario” (referéndum) para tratar de derogar la norma, tarea que admitió que sería complicada en paralelo al año electoral.
