A la promoción de leyes y normas de avanzada relativas a las libertades individuales y la equidad le dicen ahora “nueva agenda de derechos”, como si casi todas las decisiones de los poderes políticos no implicaran, en definitiva, un nuevo reparto de derechos y deberes. Sus páginas se aquietaron bastante en los años 60, y se congelaron durante el pachecato, la dictadura y los siguientes cuatro periodos. Pero la agenda resucitó en el primer gobierno del Frente Amplio, encabezado por Tabaré Vázquez, y su vigencia se consolidó en la presidencia de José Mujica.

Parecía lógico y natural. Estas leyes y políticas habían sido impulsadas sin éxito durante décadas por organizaciones de la sociedad civil, la mayoría de cuyos integrantes son votantes y hasta militantes del Frente. Pero algunos avances fueron en zig-zag y cuesta arriba: los activistas debieron presionar bastante al oficialismo para lograr algunas de sus metas. De todos modos, a la hora de decidir en el Parlamento, los únicos votos con los que han podido contar siempre fueron izquierdistas, con contadas excepciones en uno y otro sentido.

Ya de entrada, el gobierno de Vázquez restauró los Consejos de Salarios desactivados en 1990 e incorporó a las negociaciones a los sectores doméstico y rural. Entre 2006 y 2008, el Parlamento limitó a ocho horas la jornada en esos dos sectores e impuso descansos semanales, tras 95 años de lucha sindical. En enero de 2008, se aprobó la Ley de Unión Concubinaria, que les reconoce derechos similares a los del matrimonio a parejas no casadas “cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual”. La iniciativa correspondió a organizaciones feministas y de diversidad sexual, con una actuación destacada de la senadora frenteamplista Margarita Percovich. El Partido Colorado apoyó al oficialismo y el Nacional votó en contra. Al año siguiente, también frenteamplistas y colorados admitieron la adopción por parte de parejas de concubinos, sea cual fuere su sexo, y el cambio de nombre de acuerdo con la identidad de género de la persona. Las organizaciones por el respeto a la diversidad sexual pasaron de los márgenes a jugar en la cancha grande.

El Frente Amplio y algunos legisladores colorados apoyaron la despenalización del aborto voluntario, antiquísima reivindicación del movimiento feminista. Pero ese avance chocó contra el veto de Vázquez en noviembre de 2008, un desmadre que el año pasado terminó de corregir el Frente solito. También este periodo fue pródigo en conquistas de la sociedad civil: se aprobó la Ley de Protección a Personas con Discapacidad, la unión concubinaria evolucionó a matrimonio igualitario, se consagraron políticas que favorecen el acceso a la educación y al trabajo de la comunidad afro, y el movimiento cannábico, junto con organizaciones civiles, celebraron esta semana la autorización del cultivo y expendio de marihuana. Siguen encaminados los proyectos de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Responsabilidad Penal del Empleador, cuya necesidad fue puesta de manifiesto por sindicatos, activistas sociales y académicos.

La prensa extranjera y parte de la población suelen atribuir esta avalancha de leyes de avanzada a Mujica, sin reparar en los muchos años de estudio y presión de la sociedad civil. En el caso de la ley sobre la marihuana, el apoyo del presidente fue decisivo para asegurar los votos oficialistas frente a una opinión pública adversa, pero gran parte del esfuerzo correspondió a un puñado de legisladores oficialistas que aceptaron la cooperación de los movimientos sociales. Mujica ayudó a consolidar la unanimidad del Frente, y fue también gracias a su intervención que, además de admitir el cultivo doméstico y el colectivo, la ley incorporó la producción de cannabis regulada por el Estado con destino a su venta en farmacias.

Al oficialismo le costó zafar de la agenda política más obvia para abordar las inequidades e injusticias que se aglomeran en sectores tan pequeños como los usuarios de marihuana y tan grandes como la mitad femenina de la población. Mientras, la capacidad de propuesta se sigue durmiendo en la oposición, que actúa a reacción y por la negativa. Pero ningún bando puede negar hoy la trascendencia de los movimientos sociales. Aunque el mismísimo ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, crea que la “nueva agenda de derechos la hacen Estados Unidos y la socialdemocracia europea, que inventaron ese radicalismo con las mujeres, los homosexuales, esto y aquello para no hablar de lo que importa realmente”. Para él, “esa agenda no jode a nadie y somos tan giles que no lo vemos”.

La de Fernández Huidobro parece una voz muy solitaria. Ni en la oposición se notan semejantes muestras de desprecio hacia los activistas sociales. Porque, además, es gracias a la sociedad civil y a los legisladores frenteamplistas que actúan en sintonía con ella que el mundo habla hoy de estas pequeñas y hermosas revoluciones uruguayas.