Tras casi dos horas y media de reunión en la Torre Ejecutiva, una delegación de dirigentes del Partido Comunista del Uruguay (PCU) le propuso al presidente José Mujica a Susana Muñiz como futura ministra de Salud Pública, en sucesión del actual titular de la cartera, Jorge Venegas, quien estaría inhabilitado a ejercer el cargo.
Muñiz iba a asumir la Dirección General de Salud, en sustitución del renunciante Yamandú Bermúdez. Tiene 48 años, ingresó a la Unión de Juventudes Comunistas en 1983, se graduó en la Facultad de Medicina, tiene un posgrado en Gestión de Servicios y fue directora de Hospitales de Segundo Nivel de Atención de la Administración de Servicios de Salud del Estado en el interior del país, con responsabilidad en 22 hospitales. Siempre se desempeñó en la órbita de Salud Pública y es profesora de Biología en enseñanza secundaria.
La sucesora de Venegas todavía no ha sido confirmada por Mujica, quien no la conoce personalmente. Ambos mantendrán una reunión la semana próxima. En una conferencia de prensa tras la reunión con el presidente, el senador y secretario general del PCU, Eduardo Lorier, adelantó que la designación de Muñiz tal vez se produzca antes de que la Corte Electoral se expida sobre la situación de Venegas.
“Lo mejor es que esta situación evolucione rápidamente a los efectos de proteger el proyecto de país que estamos construyendo y la reforma de salud que profundizamos”, declaró. Según Lorier, para proteger el proyecto “lo mejor era tomar esta medida [la propuesta de Muñiz] lo más rápidamente posible. Con el presidente acordamos que esto tiene que apurar su fase, que la reforma no sufra retrasos”. Efectivamente, la declaración del PCU consideró “nocivo e inconveniente el desgaste mediático que el gobierno, el Sistema Nacional Integrado de Salud y el camarada Venegas están sufriendo”.
En su intervención, Venegas dejó claro que sigue siendo el ministro hasta que Mujica firme su renuncia y adelantó que presentará un “recurso” ante la Corte Electoral, aunque prefirió no especificar sus alcances.
En todo caso, el discurso del jerarca fue claramente una despedida. Venegas dijo que nunca renunciará a la lucha contra la “injusticia, la desigualdad y el dolor de la gente” y aseguró que la reforma de la salud “va a continuar, se va a sostener y se va a profundizar”. “Nos vamos por la puerta grande”, remató.
La historia del colorado
Las menciones al senador colorado José Amorín Batlle no fueron pocas. El líder de Propuesta Batllista (Proba) denunció que el ministro Venegas no estaba habilitado a ejercer el cargo por no tener diez años de ciudadanía legal en el país, lo que terminará con su alejamiento.
La declaración que emitió ayer el PCU afirmaba que su Comité Ejecutivo Nacional “no se engaña sobre los reales motivos que están detrás de la campaña del senador colorado”, al que definieron como “apoderado y litigante contra el Estado y contra la Reforma de la Salud” de algunas corporaciones empresariales del ambiente médico.
En efecto, los dirigentes del PCU planean estudiar particularmente el caso del senador colorado, porque consideran que podría haber violado el artículo 124 de la Constitución, que establece que los legisladores no podrán “intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o cualquier otro órgano público”. Según los dirigentes comunistas, Amorín ejerció como abogado de la Federación Médica del Interior cuando era diputado.
Además, la declaración del PCU “asume su cuota de responsabilidad en el error que determina la situación legal del camarada Venegas”, señalando que éste fue aceptado como candidato y proclamado como senador por la Corte Electoral, “que tenía una mayoría blanquicolorada, sostenida artificialmente durante 20 años, violando la Constitución”.
