Las declaraciones de los últimos días hacían prever un intenso debate, pero la interpelación en la Comisión Permanente al canciller Luis Almagro quedó saldada ayer con una definición de diccionario. El principal argumento de los senadores interpelantes Sergio Abreu (Partido Nacional) y José Amorín Batlle (Partido Colorado) para cuestionar al presidente José Mujica por participar el 10 de enero en la ceremonia de asunción del nuevo gobierno venezolano fue que ésta no fue un acto de gobierno sino un acto partidario y que, por tanto, participar en él fue una “intromisión en los asuntos internos” de Venezuela. “El presidente Mujica fue a un acto político partidario de la peor calaña”, criticó Amorín Batlle. “Allí se lanzaron insultos a la oposición venezolana”, lamentó Abreu, que llevó su exposición al extremo de afirmar que si el gobierno sigue por el mismo camino, se va a terminar avalando a figuras “como Hitler”.
Más allá de esta predicción, el nombre del reelecto mandatario venezolano Hugo Chávez sobrevoló la discusión pero nadie se centró en él, quizá por la sobreabudancia de menciones en los anteriores debates sobre política exterior.
Almagro comenzó leyendo la primera acepción de “oficial” en el diccionario de la Real Academia Española: “Que es de oficio, o sea que tiene autenticidad y emana de la autoridad derivada del Estado, y no particular o privado”. En este sentido, señaló, el acto del 10 de enero fue oficial por la “naturaleza de la autoridad” que lo convocó: el gobierno venezolano por medio del designado vicepresidente Nicolás Maduro. El canciller mencionó también la “amplia representación internacional” que hubo en la ceremonia, que hubiera sido “inconcebible” en una actividad partidaria. En cuanto a la “concurrencia numerosa”, consideró que obedece a que “el presidente Chávez es popular” y apuntó que nadie dudó de que el acto de asunción de Mujica se trató de un acto oficial pese a la abundancia de militantes frenteamplistas. Almagro mencionó, además, las reuniones que el presidente mantuvo con jerarcas venezolanos para tratar temas comerciales y de cooperación durante su estadía en Caracas.
A su turno, Amorín Batlle admitió que pudo tratarse de un acto oficial. También admitió que el discurso de Mujica en la ceremonia -en el que llamó a la “unidad, paz y trabajo” entre los venezolanos- fue “el único discurso potable, que no tuvo carácter político partidario”. Pero enfatizó que no correspondieron los insultos que propinaron las autoridades venezolanas a la oposición de su país. Ante lo cual, el senador frenteamplista Luis Rosadilla celebró lo que calificó como “la primera propuesta de la oposición”. “Cuando vayamos a algún acto oficial, vamos a pedirles a los gobiernos que previamente nos manden lo que van a decir, y cuando vayan a atacar a la oposición, no vamos”, comentó. “Nosotros tenemos un presidente que no es adivino”, aclaró.
Hemiplejia y redundancia
En su exposición Almagro recordó que la Corte Suprema de Venezuela -que tiene la facultad de interpretar el contenido y el alcance de las normas con carácter vinculante- avaló el hecho de que Chávez pueda jurar su cargo más allá de la fecha constitucional del 10 de enero, “debido a las circunstancias”. El mandatario venezolano continúa en tratamiento en Cuba por el cáncer que padece. El canciller recordó que la constitución venezolana no exige que el presidente reelecto entregue el cargo y remarcó que la legitimidad del gobierno de Chávez “no fue cuestionada por nadie en la comunidad internacional”.
Abreu calificó de “hemiplejia moral” lo que entiende como doble discurso del gobierno, que en el caso de Venezuela cita el fallo de la Corte Suprema y en el caso de la destitución de Fernando Lugo en Paraguay no hace mención al fallo del Tribunal Superior de Justicia Electoral que reconoció como presidente de ese país a Federico Franco. Almagro respondió que en el caso de Venezuela no se violaron derechos constitucionales ni garantías del debido proceso como sí sucedió en Paraguay con el caso del ex presidente Lugo.
La oposición también cuestionó el hecho de que el gobierno no aclarara el destino al que viajaría Mujica cuando se votó en el Parlamento la autorización para participar en la ceremonia de asunción. El subsecretario Roberto Conde alegó que en esa fecha todavía no estaban claras las circunstancias de la asunción, por ejemplo, no se sabía cuál sería la decisión de la Corte Suprema de Venezuela.
Déjà vu
Por lo demás, si una persona sin demasiado interés en la agenda política hubiera aterrizado ayer en el Parlamento, podría haber confundido esta interpelación con las anteriores al mismo protagonista. Las afirmaciones sobre la falta de rumbo de la política exterior, sobre las dificultades en la relación con Argentina, sobre los derechos de los “países pequeños” frente a los “grandes”, sobre los vínculos entre lo jurídico y lo político y sobre el apego de la cancillería a la “biblia revolucionaria” no faltaron. Brevemente, ya que la interpelación de ayer tuvo una duración veraniega de apenas tres horas, pese a que todo indicaba que podía durar más tiempo.
Con los seis votos frenteamplistas se aprobó una moción que declaró “absolutamente satisfactorias las explicaciones recibidas” y entendió que la actuación de Mujica en este episodio estuvo ajustada a “las normas constitucionales y al derecho internacional”. A diferencia de interpelaciones anteriores, ésta culminó sin mociones de rechazo a las explicaciones del canciller y sin pedidos de renuncia, porque la oposición, según Abreu, “ya perdió la esperanza”.
