La comisión especial de Diputados que considera el proyecto de ley que regula la actividad Minera de Gran Porte (MGP) se reunió ayer, por segunda vez en la semana, para recibir a autoridades del Programa de Fortalecimiento del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) para una Minería Responsable, a representantes de la minera Aratirí, del grupo indio Zamin Ferrous y autoridades de la Federación Rural (FR).

El programa para una Minería Responsable fue lanzado en agosto, tiene una duración de un año y es implementado en conjunto por el gobierno y Naciones Unidas con el fin de diseñar un modelo de desarrollo para una minería responsable, acorde con el proyecto de Uruguay Productivo y Natural, para fortalecer el rol de los ministerios involucrados en aspectos como la evaluación, gestión, monitoreo y control de emprendimientos mineros.

Para explicar los alcances del programa y lo que están haciendo los ministerios, asistieron a la comisión el titular del MIEM, Roberto Kreimerman, la subsecretaria del MVOTMA, Raquel Lejtreger, el director nacional de Medio Ambiente (Dinama), Jorge Rucks, el director nacional de Minería y Geología (Dinamige), Pier Rossi, y la asesora en temas ambientales del MIEM, Raquel Piaggio.

Luego de la comparecencia de las autoridades gubernamentales, la comisión parlamentaria recibió a una decena de gerentes de diferentes áreas de la minera Aratirí, encabezados por el gerente general, Fernando Puntigiliano, que expusieron el proyecto de la empresa, explicaron cuál es la diferencia entre el hierro que existe en Uruguay y el de otros lugares e hicieron algunas observaciones al proyecto, en particular en cuanto a la definición de megaminería y los aspectos tributarios, contractuales y de promoción de los emprendimientos mineros. Aratirí proyecta extraer hierro en minas a cielo abierto ubicadas en el entorno de la localidad de Valentines, entre los departamento de Treinta y Tres y Florida.

El presidente de la comisión, el frenteamplista Julio Battistoni (Movimiento de Participación Popular [MPP]), explicó que como el proyecto considera a la MGP como una actividad extractiva no renovable, “no hay ninguna exoneración impositiva” para los inversores, como existe en otros rubros. Este aspecto fue el más cuestionado por los representantes de Zamin Ferrous, agregó el legislador.

Por su parte, la delegación de la FR explicó las razones por las que la gremial se opone a toda explotación minera. Básicamente plantearon que “están en contra del proyecto en su totalidad”, dijo Battistoni. Según el diputado del MPP, los argumentos de la FR son similares “a los de los ambientalistas”, a los que suman aspectos relacionados con “el ordenamiento territorial”.

Socio y pico

Más temprano, durante una visita a la planta en construcción de Montes del Plata, en Conchillas, el presidente José Mujica anunció que se reuniría en la tarde con “el dueño del circo del proyecto Aratirí” para ver “si lo sacamos o no”. El presidente afirmó: “Tenemos que definir, y le tengo que plantear que el Estado quiere ser socio en ese proyecto para dar garantía, para meternos adentro y aprender, porque no sabemos ni leer un mapa”. Sobre este anuncio, Battistoni dijo que “no es momento de tratar esos temas” a nivel legislativo; “son cosas que pueden estar contenidas en un contrato, pero no en el proyecto de ley” de MGP.

Por su parte, Puntigliano opinó al salir de la comisión que una asociación con el Estado “es imaginable” y que Aratirí “está abierta a cualquier propuesta” que hagan desde Presidencia de la República. Sobre el proyecto de ley, el gerente de la minera dijo que los proyectos “cambian” porque “cambia la cotización de los recursos minerales y la energía, y hay algunos aspectos en la ley que tienen impacto financiero”. Si bien Aratirí “está en condiciones de desarrollar su proyecto, si se aprueba” la ley de MGP, “habrá que revisar todo”, agregó.

Luego de exponer en la comisión, Puntigliano se reunió con Mujica en la residencia de Suárez y Reyes, previo al Consejo de Ministros. Al finalizar éste, el presidente dijo que en la reunión con Aratirí se estableció “un compromiso” para la “iniciación lo más rápidamente posible de la gestión del proyecto”, que implica la aprobación de la ley de MGP, “eventualmente con alguna modificación pequeña”, y “tener la certeza por parte del Ejecutivo de la magnitud de los medios económicos que están en juego”. Mujica expresó que se trata de una “financiación” de más 3.000 millones de dólares que “son claves” y anunció que estaría en “el marco de alguna asociación del Estado” con la empresa. Finalmente, el presidente recordó que el proyecto “es importante, entre otras cosas, por lo que significa para el futuro exportador y en materia de trabajo para Uruguay. También en materia de calificación de los salarios y porque colabora en gran medida con la necesidad de concretar el puerto de aguas profundas”.