El Poder Ejecutivo se comprometió ante el Congreso de Intendentes (CI) a buscar un nuevo recurso para el financiamiento de la caminería rural, ante la recién decretada inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). El gobierno adelantó ayer en conferencia de prensa que el nuevo camino no será por la vía de un impuesto que afecte “a los tres millones de uruguayos”, ni tampoco con una suba generalizada de la contribución inmobiliaria rural, sino que se apuntará, como dijo el prosecretario Diego Cánepa, a que “paguen más los que tienen más”, para evitar que el futuro tributo recaiga en pequeños productores.
El intendente de Río Negro y presidente del CI, Omar Lafluf, adelantó que el nuevo gravamen tampoco caerá en “todo el espectro de productores”. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, resumió que “más adelante” se le transmitirá al CI “las soluciones que se están buscando, y se llegará a un acuerdo nuevamente” con este organismo “por la misma vía y sin decaer en los objetivos”. En ese aspecto, el gobierno continuará buscando una alternativa que le permita desestimular la concentración de la tierra, en línea con uno de los propósitos planteados con el ICIR.
A pesar de estos lineamientos generales, ayer en la estancia presidencial de Anchorena, durante la reunión del CI, no se discutieron propuestas concretas. Al comienzo del encuentro, el presidente José Mujica adelantó que en esa instancia no se iba a profundizar en una alternativa al ICIR.
En declaraciones a la prensa, el mandatario dijo no haberse visto sorprendido por la opinión del órgano máximo del Poder Judicial, porque ya estaba alertado. “Comenzaron a pasar cosas que antes no pasaban: se filtran los [fallos] de los juicios, y eso en Uruguay no pasaba”, opinó, haciendo referencia a la publicación del semanario Búsqueda el jueves, que adelantó la opinión de los magistrados sobre el ICIR, y que el viernes se materializó en el primer fallo contra ese tributo.
Según el intendente de Durazno, Benjamín Irazábal, el presidente pidió “tiempo”, dado el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), aunque garantizó que “el rumbo se va a mantener” y que en un plazo relativamente corto comenzará a plantear otras alternativas.
Ideas por ahí
Algunos jerarcas mencionaron otras posibilidades durante la reunión. El intendente de Florida, Carlos Enciso, mencionó una propuesta para que las intendencias pasen a pagar del 16,5% de los aportes patronales al 7% al Banco de Previsión Social, para utilizar la diferencia en las obras de caminería rural, alternativa que fue escuchada por el gobierno, pero no discutida, según dijo. También hubo intendentes que mencionaron que era necesario un mayor aporte de aquellos sectores productivos que más desgaste hacen de la caminería, como el forestal. Este mecanismo había sido conocido como el “rompe paga”, un impuesto que se estudiaba en filas de la OPP en el Poder Ejecutivo, pero que nunca llegó a concretarse.
La inconstitucionalidad del ICIR generó otra situación adversa. Algunas intendencias que habían comenzado procesos licitatorios para realizar compras a ser financiadas con la recaudación de este tributo tendrán que paralizar estos mecanismos, e incluso hubo casos en los que las comunas ya habían adquirido maquinaria para reparar la caminería rural. Eso sucedió, por ejemplo, en la Intendencia de Durazno.
Según Irazábal, la comuna duraznense cuenta con recursos para hacer frente a la maquinaria que adquirió -que “tampoco es tanto dinero”-, aunque de todas maneras explicó que el Ejecutivo se comprometió a ver de qué forma se ayudaba a financiar estas adquisiciones. En el caso de las licitaciones ya abiertas, deberán ser suspendidas hasta que no se encuentre un mecanismo alternativo al tributo. “Probablemente esto de la SCJ ponga el freno pero no tranque”, interpretó el intendente de Flores, Armando Castaingdebat.
De hecho, Lafluf expresó que este fallo “va a atrasar todo, esperemos que lo menos posible”. El jerarca estimó que el retraso quizá pueda llegar a los dos años, aunque “seguiremos haciendo la caminería rural como hasta ahora, donde los productores permanentemente nos están reclamando”.
Al final del encuentro, la Presidencia y el CI emitieron un breve comunicado en el que declaran que “la transformación profunda de la caminería rural en el marco de una visión de desarrollo del país nos sigue pareciendo ineludible en el día de hoy” y reafirman que “se continuarán los esfuerzos para reu- nir los recursos necesarios para los mismos objetivos que fueron trazados originalmente”.
En la conferencia de prensa realizada al final del encuentro, Cánepa afirmó que no se permitirá que el relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y el CI sea “resentido por el clima electoral” de cara a los comicios de 2014 y dijo confiar en la “relación madura de alta política” que se ha generado entre ambas partes, en la que “lo que vemos todos son los objetivos comunes que tenemos”.
Foco educativo
Otro de los temas que discutieron en el CI fue una presentación general de los directores de la Universidad Tecnológica (Utec) referida a los principales rasgos de esta futura institución. Al presentar a los integrantes del Consejo Directivo Central de este organismo, Mujica dijo que no mantuvo ninguna reunión previa con los directores, porque le pareció que “lo más prudente era dejarlos trabajar y luego tener un encuentro de este tipo”. “En este país se ha hecho cuestión de la autonomía de la enseñanza”, agregó el mandatario.
En la presentación, el consejero de la Utec, Pablo Chilibroste, dijo que “no tiene relevancia” en qué lugar se pondrá el primer ladrillo de la nueva institución, porque “primero tenemos que ver cuál es la institución que vamos a proponer para quebrar este sistema” educativo que, según expuso, tiene números que explicitan que “está en crisis”. De hecho, expresó que durante “el recorrido de la Educación Secundaria caen entre 40% y 50% de los estudiantes”. “De ésos, el 50% de los que abandonan es por falta de motivación”, indicó el consejero, como dato para tener en cuenta en esta institución. También dijo que esta universidad “tiene que ser evaluada externamente”: “Las instituciones que pelean por la calidad no dejan lugar a la autocomplacencia. Las universidades de primer nivel tienen mecanismos de evaluación externa y esos informes se integran inmediatamente a la toma de decisiones”, adelantó. Para Chlibroste, el desafío será “volver a poner la educación como estuvo en algún momento” en el país.