El documento fue presentado por el asesor del presidente José Mujica, Pedro Buonomo, el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, el subsecretario de Economía y Finanzas, Luis Porto, y el jefe de la Asesoría Macroeconómica de esa cartera, Andrés Masoller.
En su intervención Kreimerman recordó que en total se realizaron 41 acuerdos sobre MGP, que es definida en la propuesta como aquel proyecto minero que comprende una rentabilidad o inversión de la empresa mayor a 100 millones de dólares, o afecte a más de 400 hectáreas. A este tipo de emprendimientos se les aplicará un régimen impositivo especial en la medida en que la Tasa Interna de Retorno de la empresa en la explotación minera sea acorde a los niveles internacionales. Además, está prevista la creación de un adicional del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), específico para las actividades con estas características.
Según el jerarca de gobierno, se está pensando en aplicar un impuesto especial en función de las ganancias operativas de la empresa y teniendo en cuenta los precios a los que venderá sus productos, lo que significará una ganancia para Rentas Generales de “varios cientos de millones de dólares anuales”, lo que calificó como un “ingreso importante para el país”.
Esto, según Kreimerman, está “enfocado al hecho de que son recursos naturales extractivos que se sacan y que no quedan ya en el país”. Este gravamen irá dirigido a “crear un fondo que permita a las generaciones futuras aplicarlos en una solidaridad intergeneracional” que se llamará Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión (FSII), que se conformará con 70% de los ingresos provenientes de la MGP y que será dirigido por el Banco Central del Uruguay. El restante 30% será utilizado en proyectos productivos en la zona en la que se instale el emprendimiento. El texto incluye “una serie de contemplaciones a los territorios que no sólo son los directamente afectados por el tradicional pozo que se crea con la minería, sino que también implica a las zonas adyacentes”. Este tema, según dijo, “seguramente será de discusión en cuanto al canon aplicado para estos casos”. Por último, añadió que el proyecto “refuerza la parte ambiental” y es más específico con la del cierre de las minas.
La data
El ministro Kreimerman informó además que si bien se habla de “varias explotaciones”, está claro que el emprendimiento más avanzado es el de Aratirí en la zona de Valentines. No obstante, dijo que con los criterios de definición de MGP incluidos en el borrador que se discutió ayer en el Parlamento “estamos hablando de tres, cuatro o cinco proyectos”.
El ministro de Industria también hizo referencias indirectas a algunas críticas vertidas desde la Cámara Minera del Uruguay al proyecto del Ejecutivo. Una de ellas fue la del presidente de esa entidad, Ignacio Salazar, quien en declaraciones al diario El País dijo que “si un país tiene un sector minero pequeño debería incentivarlo y no penalizarlo como lo hace este proyecto”. Además, dijo que con esta eventual ley se cambiaría las reglas de juego a las empresas del rubro ya instaladas en el país y advirtió que desestimulará futuras inversiones mineras.
Según Kreimerman, la nueva normativa es ventajosa para las empresas en la medida en que “constituye una ley que surge de un acuerdo de política de Estado”, lo cual “le da un marco previsible por varios años”. No obstante, admitió que “tiene la contra” para éstas de que “le incrementa los impuestos y le pone exigencias adicionales, contrac- tuales y ambientales”. De todas formas, el ministro dijo que se trata de exigencias “compatibles con una rentabilidad adecuada a las empresas”.
Algunas dudas
Durante la reunión de la Comisión Especial surgieron algunas dudas entre los legisladores. Según el diputado colorado Walter Verry (Vamos Uruguay), si bien “es cierto que lo que se acordó entre todos los partidos está reflejado en la ley, hay algunas cosas que hay que buscarle la redacción adecuada, y en función de cómo se redacte podemos tener diferencias o no”.
Entre estos puntos que pueden llevar a discusiones en la comisión, enumeró la forma en la que se distribuye el canon a los superficiarios y vecinos del emprendimiento, algo que “no es un tema menor”.
El representante de la oposición considera necesario “clarificar la ley en algunos aspectos”, algo que en las próximas semanas la comisión estará en mejores condiciones de hacer, ya que se interiorizará en el articulado. “Si bien surge como consecuencia del acuerdo, ahora hay que estudiar el proyecto, y estamos en libertad de poner y sacar elementos”, expresó el legislador.
Por su parte, el diputado del Partido Independiente Iván Posada dijo tras la reunión que el proyecto “contempla en líneas generales el acuerdo político”. Sin embargo, distinguió el acuerdo programático de la elaboración de un proyecto de ley, un paso que es “más profundo” y generará “otros intercambios”.
Kreimerman respondió que “lógicamente la duda surge de que en algún artículo del acuerdo tiene una determinada redacción y ahora se baja después a números o a una redacción legal específica. Eso es lo que en algún momento corresponde discutir”. Para el jerarca esto no implica “ninguna disensión”.