Decenas de militantes de organizaciones sociales y de derechos humanos concurrieron el viernes a la puerta de la SCJ cuando la jueza asumía su nuevo cargo. Los manifestantes ingresaron al edificio; las autoridades de la SCJ presentaron de inmediato la denuncia y la jueza Graciela Montaldo ordenó que se desalojara el recinto. El rechazo al accionar policial fue unánime entre los manifestantes. El Partido Comunista emitió un comunicado para repudiar “la provocadora y activa presencia de fuerzas de choque en el marco de una manifestación popular pacífica y justa”.
También hubo manifestaciones de apoyo a la SCJ: el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, expresó que “la reacción de un pequeño grupo de ciudadanos, varios de ellos bien conocidos y famosos”, constituye una “evidente gravedad institucional”. Según Mieres, los manifestantes ingresaron “de pesados” al edificio y, por lo tanto, resulta “natural” que la SCJ presente la denuncia.
Llamadas internacionales
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, organizaciones internacionales dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, enviaron una carta a la SCJ en la que expresan su rechazo por el traslado de Mota y le piden al máximo órgano judicial que explicite los motivos de esa decisión. En un comunicado las organizaciones “expresan su profunda preocupación por el impacto que dicha acción pueda tener en la tramitación de causas por delitos de lesa humanidad”.
Otros miembros de la oposición expresaron críticas en Twitter. El senador Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), quien llegó a plantear cierto descontento con el traslado de Mota, esta vez cuestionó a los manifestantes. “La Justicia de un país no puede ser un traje a la medida del gobierno de turno. Los episodios de ayer son injustificables. A prepo no”, opinó. En esa línea, el senador Ope Pasquet (Vamos Uruguay) planteó que “el día que una manifestación decida qué jueces deben resolver qué asuntos, cambiaremos la Justicia por los tribunales populares”.
Cruce entre barras
Hubo más repercusiones tras los hechos del viernes. El presidente José Mujica, consultado por Canal 4, manifestó apenas que le pareció “feo” y que “ojalá no hubiese pasado”. Por su parte, la senadora Lucía Topolansky (Espacio 609) expresó desde Ecuador a Montevideo Portal que “el mundo no se acaba por el traslado de un juez” y que le “preocupa mucho más la resolución de la SCJ sobre el impuesto a la tierra”, en referencia al primer fallo de inconstitucionalidad de ese gravamen, un tema que fue analizado ayer en Anchorena (ver página 3).
Pero volviendo al caso de Mota, los parlamentarios de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio y José Bayardi declararon que algunos miembros del oficialismo pretenden llamar al Parlamento a la cúpula de la SCJ para que explique las razones del traslado de la jueza.
Antes que nadie, y en declaraciones a El País, el ex presidente Luis Alberto Lacalle criticó esa idea: “La Suprema Corte es independiente y sus fallos y decisiones pueden ser susceptibles de crítica, pero no de contralor parlamentario. No sean bestias”.
Bayardi le respondió al líder nacionalista: “Tengo 25 años de legislador y me precio de ser inteligente. ¿Alguien va a pensar que la guarangada que dijo Lacalle respecto a que no se puede invitar a la Corte, porque lo que estamos haciendo es invitarlos y no convocarlos, es así?”.
Víctor y los disparates
Al diputado Víctor Semproni (Congreso Frenteamplista, Espacio 609) no le cayó bien la idea manejada por algunos parlamentarios del FA, entre ellos Enrique Rubio y José Bayardi, de invitar a los miembros de la SCJ para que expliquen el porqué del traslado de la jueza Mariana Mota de una sede penal a una civil. “De ser cierto lo que se informa se estaría ante un grave error y un verdadero disparate”, advirtió el diputado en diálogo con la diaria. Semproni cree que “se trataría de una intromisión” de un poder del Estado en asuntos de otro, que perjudica, en resumidas cuentas, la independencia de poderes. Consultado específicamente por el traslado de la jueza, prefirió no dar su opinión.
Bayardi explicó que la idea es preguntarles a los ministros de la SCJ cuáles son los fundamentos que los llevaron a tomar una medida administrativa de traslado de un juez y si se tuvo en cuenta la opinión del fiscal de Corte.
El diputado blanco Javier García atribuyó ese llamado a que el Frente Amplio (FA) estaría disconforme con la postura de la SCJ de declarar inconstitucionales el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales y la ley interpretativa de la Ley de Caducidad, aunque esto último no está confirmado. “A nadie escapa que el FA decidió embestir contra la SCJ en momentos en que declararía inconstitucional leyes que impulsó el gobierno. No hay casualidades”, especuló.
Mieres, en tanto, planteó que el senador Rubio “hace tiempo que no lee la Constitución”, y definió el llamado al Parlamento como “insólito, inédito y gravísimo”. Un poco más allá incluso llegó el senador nacionalista Sergio Abreu, quien en declaraciones a El Observador dijo que la propuesta manejada por Rubio y Bayardi refleja una “injerencia absolutamente inconstitucional. Es una violación de la Constitución y, por tanto, como violación de la Constitución, es un golpe de Estado”. La idea también fue cuestionada por el diputado Víctor Semproni, del Espacio 609 (ver recuadro).
Mientras tanto, las críticas por el traslado de la jueza siguen circulando. Una carta firmada por académicos de varios países latinoamericanos de derecho y ciencias políticas afirma que “es asombroso que eso ocurra apenas unos meses después de que el Parlamento uruguayo ratificara la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y derogara así la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que por más de veinte años permitió vivir en impunidad a asesinos, violadores, y torturadores”.
La misiva agrega que con esta resolución de la SCJ, y a pesar de la condena de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso Gelman contra Uruguay, “nuevamente se facilita la impunidad de los criminales”. “Aun más grave, estos impedimentos han sido motivados desde la sede de Justicia, que debería tener la responsabilidad de avanzar en las causas y no entorpecerlas”, concluyen los académicos.
Por su parte, la presidenta del FA, la senadora socialista Mónica Xavier, dijo a Radio Montecarlo que si bien los ministros de la SCJ no están obligados a concurrir al Parlamento, “sería bueno” que lo hicieran “por la tranquilidad y para tener todos más elementos”, teniendo en cuenta qué tipo de casos tenía Mota bajo su responsabilidad.
Por su parte, el periodista especializado en derechos humanos Roger Rodríguez publicó en su cuenta de Facebook una nota para solicitar la renuncia de los cinco miembros de la SCJ, quienes “con su actuación no dan garantías ni a la ciudadanía ni al sistema democrático”. Por último, Rodríguez deslizó una crítica al sistema político, que en su opinión “debería dejar de jugar con la impunidad de su propio poder, porque también hace correr riesgos de credibilidad al sistema y no sólo a su partido político ante su base de votantes. Pienso que quizá sea tiempo de renovar el contrato social y discutir las reglas de un juego, sucio en cultura de impunidad, que necesariamente es en serio”.
También hubo repercusiones fuera de fronteras. En declaraciones a Página 12, la directora del área de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, Carolina Varsky, señaló que el traslado de la jueza “es un retroceso para el proceso de verdad y justicia, no sólo para Uruguay, sino para toda la región”.
Por otra parte, el independiente Mieres criticó al canciller Luis Almagro, quien el viernes 15 en diálogo con la diaria expresó que la decisión de la SCJ implica un retroceso en las causas que la jueza manejaba, dada la formación de Mota en temas de derechos humanos. “El inefable canciller, no sabemos a santo de qué, salió a los medios a denostar la decisión del Poder Judicial [...] Como si la única jueza con sensibilidad por estos temas fuera la jueza trasladada, lo que agravia gratuitamente a todo el resto de los magistrados”, disparó.