El Secretariado Ejecutivo del FA reclamó ayer que la SCJ explicite las razones por las que trasladó a la jueza Mota. En un comunicado aprobado por consenso, el organismo planteó la necesidad de que las autoridades públicas actúen con “la máxima transparencia” posible, “permitiendo a la ciudadanía conocer los fundamentos de los actos administrativos que dicten para cumplir con su función y asegurar la mejor prestación del servicio a su cargo”. Este pedido de transparencia, señala el FA, no estaría violentando “la independencia o la posición institucional de un órgano del Estado”, en referencia a las críticas de la oposición sobre un supuesto ataque a la independencia de poderes.
Desde el FA sostienen que las explicaciones de la SCJ contribuirían a “descartar toda interpretación que atribuya su traslado a presiones políticas o a razones de otro orden, lesivas para la independencia de los magistrados”. El FA manifestó su “total apoyo” a los magistrados que han venido actuando en casos de denuncias por violaciones a los derechos humanos y sobre el final del comunicado respondió a las críticas vertidas por integrantes de la oposición, quienes “pretenden poner en duda la adhesión de nuestra fuerza política a las instituciones democráticas y a la Constitución de la república”.
La declaración finaliza con una devolución de gentilezas; afirma que “resulta de una hipocresía lamentable que pretendan presentarse como defensores de la independencia judicial aquellos sectores que aún hoy justifican y defienden la inmoral Ley de Caducidad, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y considerada nula por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ley que esos sectores votaron sometiéndose a la más desembozada presión militar”.
En la declaración no figura una posición respecto a la movilización del viernes frente a la SCJ. El secretario general del Partido Socialista, Yerú Pardiñas, destacó que las organizaciones sociales lograron “una amplia convocatoria” y planteó en la reunión que el FA debería haber evaluado la posibilidad de reunir al secretariado o a la mesa política para adoptar una postura en torno a la convocatoria, “para que los frenteamplistas tuvieran más claridad en cuanto a la participación”.
A la diputada Daniela Payssé, de Asamblea Uruguay, la movilización le causó “sorpresa en lo personal” y sostuvo que no hubo “nada orquestado por el FA para ir a la SCJ”. Para el dirigente comunista Daniel Marsiglia, centrar el debate en torno a la movilización del viernes es un error. “Lo central es lo que pasó con el traslado de Mota, estar buscando cuestiones accesorias no me parece”, manifestó.
Por Avenida de las Leyes
Mediante la declaración de ayer, el FA acompañó el planteo del diputado oficialista José Bayardi (Vertiente Artiguista), quien presentó el viernes una nota al presidente de la comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Representantes, Pablo Iturralde, para “invitar” a la SCJ al organismo. La nota de Bayardi funda su pedido en la “inquietud que han despertado algunos traslados en sectores de nuestra sociedad” y remarca la “necesidad de conocer directamente los fundamentos de dichas resoluciones” para hacerse una “composición de lugar”. Aclara que esto no implica “poner en cuestión la potestad” de la SCJ “de ejercer la superintendencia sobre el Poder Judicial”, ni “mucho menos” su independencia.
Mañana la comisión de Constitución y Códigos de Diputados resolverá si invita a la SCJ a dar explicaciones, informó a la diaria Iturralde, quien votará contra el pedido del oficialismo, mayoritario en ese ámbito.
Por otra parte, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado (PC) emitió un comunicado que rechaza la “presión” sobre la SCJ y que le exige al FA respeto por la independencia de poderes. Para los colorados, la propuesta lanzada por Bayardi “carece de sustento constitucional, lesiona el principio republicano de separación de poderes y constituye una forma de presión política sobre el Poder Judicial”. En cuanto al traslado, el PC descarta irregularidades o intencionalidades, en tanto “disponer el traslado de los jueces por razones de servicio es competencia” de la SCJ. “Nunca antes el ejercicio de esa competencia había sido públicamente cuestionado por sectores políticos, ni mucho menos resistido por las vías de hecho como lo fue el traslado mencionado”, agregan desde el PC. El Directorio del Partido Nacional emitió un comunicado para respaldar “toda decisión que, en el ejercicio de su competencia, adopte el Poder Judicial”. “Las relaciones entre los Poderes, y el alcance de éstas, están debidamente explicitadas en la Constitución”, concluyen.
Abogados y doctores
Hubo más repercusiones. La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU) emitió un comunicado que no cuestiona “ni la formalidad ni la legalidad” del traslado pero dicen no compartir una “práctica común” de la Corte al “resolver traslados de jueces” cuando “la independencia técnica del magistrado no condice con la opinión mayoritaria” de la SCJ. El gremio afirma que estos traslados no tienen “fundamentos ni criterios conocidos públicamente”, y recuerdan que ya desde hace un tiempo la AFJU impulsa una reforma de la Ley Orgánica de los Tribunales y de la Constitución de la República para “hacer democrático la forma de ingreso, traslado y ascenso de los/as Magistrados”.
La Asociación de Magistrados del Uruguay también emitió un comunicado sobre “los acontecimientos ocurridos” el viernes, y para condenar los intentos por “obstruir” el funcionamiento del órgano de gobierno del Poder Judicial “durante varias horas”. “Se pretendió atacar la independencia de este poder del Estado”, afirman los magistrados.
En esa línea, el Colegio de Abogados del Uruguay emitió ayer un comunicado en el que rechaza “enfáticamente todo intento, directo o indirecto, de presión sobre el Poder Judicial o de incursión en temas que son de competencia exclusiva de dicho poder”. Rechaza asimismo que los jueces “puedan estar sometidos o subordinados a las mayorías políticas que puedan existir en un momento histórico determinado, siendo censurable todo intento en este sentido”. Finalmente, exhorta a todos los actores “a defender la autonomía del Poder Judicial y la independencia de los jueces”. “El prestigio de los jueces y el Estado de Derecho está en juego”, sentencia.
También ayer, y relacionado a la propuesta de los legisladores del FA de convocar a la SCJ, el ex senador socialista José Korzeniak aclaró, en declaraciones a AM Libre, que la iniciativa “desde el punto de vista constitucional no ofrece ningún tipo de dificultad”.
En otro orden, el vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, confirmó que la jueza Gabriela Merialdo ya tomó declaraciones a los jefes policiales encargados del desalojo del viernes y que empezó a analizar los videos. Oxandabarat confirmó que ayer en la reunión de ministros de la SCJ se habló de este tema porque fue un hecho que “distorsionó el trabajo habitual” de la Corte.
La jueza Mota ratificó ayer, consultada por la diaria, que presentará un recurso de revocación ante la SCJ, pero prefirió no dar más detalles. Su abogado, Antonio Rammauro, añadió que recién mañana, cuando se reúna con Mota, podrían surgir novedades. “La prioridad es que la sociedad crea y confíe en el Poder Judicial. Y para eso debe demostrar su independencia de todo menos de la propia Justicia. El que confunde discrecionalidad con arbitrariedad abusa del poder. Estamos recibiendo información y aportes muy valiosos a partir de los cuales pretendemos resolver las acciones a seguir a nivel nacional e internacional para cumplir el objetivo de que se haga justicia. Y esto trasciende el traslado de Mariana”, afirmó.