En Autobiografía de Federico Sánchez, excelente libro de Jorge Semprún, éste recordaba que, durante sus años de militancia partidaria, un correligionario suyo solía decirle: “Yo te voy a hacer tu autocrítica, camarada”. Esto viene a cuento porque el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, fue entrevistado anteayer en Canal 4 (http://ladiaria.com.uy/UCb) y se refirió, entre otros asuntos, a la norma interpretativa de la Ley de Caducidad que se aprobó en octubre de 2011, ahora declarada parcialmente inconstitucional por la mayoría de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Fernández aseguró que el fallo de la SCJ fue “totalmente previsible”, porque “los grandes jurisconsultos del Uruguay” advirtieron a los legisladores en 2011 que eso iba a ocurrir, y que él mismo renunció a su banca en el Senado “por no hacerse responsable del desastre” (aunque votó el proyecto). “No he escuchado a nadie que se hiciera una autocrítica de haber conducido a ese desastre”, añadió.

Todas las decisiones políticas son discutibles, y sería sumamente útil que el Frente Amplio (FA) revisara en forma serena, profunda e integral su accionar durante casi 27 años en relación con la Ley de Caducidad, aunque no parece vaya a hacerlo.

Es cierto que, cuando se discutió la ley interpretativa, parecía muy probable que la actual SCJ la declarara inconstitucional. Sin embargo, eso no significaba necesariamente que la norma fuera “un mamarracho”, como sostiene Fernández; sólo indicaba que la opinión predominante entre los integrantes de la Corte y los “grandes jurisconsultos” criollos era contraria a la doctrina que asumen, desde hace décadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales aún más altos. De todos modos, es razonable plantear que aquel dato político debió ser tenido más en cuenta.

Pero como la historia no comenzó en 2011, hace falta considerar también que en octubre de ese año se trabajaba contra reloj. Con la Ley de Caducidad aún vigente después de siete años de gobierno frenteamplista con mayoría parlamentaria, estaba por cumplirse el plazo para que, invocando las leyes que corresponden a delitos penales comunes, muchos “grandes jurisconsultos” pudieran argüir que ya no era posible juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura.

A esa situación se había llegado después de que, en el Congreso que el FA realizó en 2003 para definir su propuesta electoral, se aprobara una moción que eliminó la referencia al propósito de derogar la Ley de Caducidad (aunque mantuvo el compromiso de adecuar la legislación uruguaya en la materia “a los tratados internacionales ratificados por el país”). La moción fue defendida por el propio Fernández con diversos argumentos, algunos de conveniencia electoral y otros referidos a la necesidad de respetar el resultado del referéndum de 1989 contra la caducidad.

La tesis de Fernández significa que no hay nada que hacer contra la impunidad penal de los crímenes de la dictadura desde hace por lo menos 24 años. Y antes de que se aprobara la Ley de Caducidad, el actual ministro de Defensa no se destacó por impulsar acciones judiciales o de cualquier otra clase para que los criminales fueran juzgados. En cambio, se le han oído y leído, con alta frecuencia, alegatos que parecen definir a las atrocidades sufridas por él y sus compañeros tupamaros como consecuencias previsibles de una presunta “guerra”, por las cuales los “combatientes” no deberían pedirse cuentas ante el Poder Judicial.

Cuando Fernández sostiene que otros dirigentes erraron en el intento de lograr justicia, omite decir que él no puso sus talentos al servicio de ningún otro camino para alcanzar tal objetivo, porque lo considera descartado desde hace mucho tiempo. Y no es el único en el oficialismo. Sobre esto también valdría la pena que algún día se discuta con franqueza en el FA, con oportunidades para la autocrítica o la simple crítica entre compañeros, que también es legítima.