El Partido Socialista (PS) presentará en los próximos días un proyecto de ley al Frente Amplio (FA) para que aquellas personas que tengan antecedentes vigentes en violencia de género no puedan asumir cargos electivos o de “alta responsabilidad política” como ministro, viceministro o jerarca de entes autónomos y empresas públicas. “Hay que empezar a cortar el tema de la violencia”, explicó la diputada socialista María Elena Laurnaga, quien enfatizó que en esa lucha “el sistema político se tiene que hacer cargo de dar el ejemplo”.
La legisladora admite que el proyecto “va a tener resistencias”, aunque evaluó que es importante su aprobación. Será anunciado en una conferencia de prensa en los próximos días y quedará a estudio en la bancada del oficialismo.
Respecto de otras prioridades legislativas para este año, Laurnaga hizo referencia a la necesidad de adecuar la legislación departamental a la nacional y adelantó que la bancada del FA estudia proponer que los alcaldes puedan, en caso de que sean electos siendo funcionarios públicos, reservar su cargo (sin ejercerlo) hasta que culmine su período al frente del municipio.
Actualmente la ley inhabilita a los alcaldes a tener un cargo público paralelamente y por eso se ven obligados a renunciar una vez que asumen el gobierno municipal. Para la diputada, de esa manera “estamos desestimulando eventuales candidaturas porque hay quienes no quieren renunciar a los cargos públicos”. Por último, Laurnaga consideró necesario que este año la actividad parlamentaria aborde temas como los derechos de las minorías, la seguridad pública, la evaluación de leyes ya aprobadas y la reglamentación de la Ley de Discapacidad.
Asunción
El viernes asumió la presidencia de la Cámara de Representantes el colorado Germán Cardoso (VU). Es el primer colorado que accede al cargo desde 2004, cuando ejerció esa responsabilidad el ahora senador José Amorín Batlle (Propuesta Batllista). El diputado Cardoso centrará su gestión en involucrar al Parlamento en la mayor cantidad posible de actividades culturales, sociales, de medio ambiente y juventud, y también en combatir el narcotráfico y la violencia doméstica. Además, propuso “trabajar para darles a los prestadores de cable la señal de las sesiones de la cámara”. Al respecto, explicó que “en el interior cada prestador de cable tiene que tener como exigencia un canal propio con producción producida en el lugar, y muchas veces en esos casos de producciones no hay nada, por lo que se puede aprovechar esta señal para transmitir las sesiones y que cada pueblo controle qué hace y cómo opina su diputado”.
También está indagando con los técnicos del Palacio Legislativo si es posible instalar el voto electrónico, para poder saber con exactitud “qué votó cada legislador en cada votación”. Además, dijo que cumplirá “a rajatabla” que 4% de las personas que ingresen a trabajar en los nuevos llamados que haga el Parlamento tenga “capacidades diferentes”, cumpliendo así con la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad.
El senador del Movimiento de Participación Popular Ernesto Agazzi opinó que será prioritario culminar con algunos proyectos de ley que están a estudio en la Cámara de Senadores, especialmente los incluidos en la Estrategia por la Vida y la Convivencia: el tratamiento de personas adictas a las drogas, el Código de Faltas y la Reforma del Código Proceso Penal. También destacó la importancia del proyecto de Ley de Pesca, que ya tiene media sanción de Diputados, y el de residencias médicas que ingresó desde el Poder Ejecutivo para incentivar la radicación de médicos en el interior del país. Por último, Agazzi estimó que “seguramente va a venir” algún proyecto de ley desde el Poder Ejecutivo que legisle sobre la extranjerización de la tierra. “Va a haber mucha confrontación con la derecha sobre los proyectos de país que tiene cada uno”, vaticinó.
Alfredo Asti, diputado de Asamblea Uruguay, definió entre las prioridades “terminar con lo que quedó pendiente” del año pasado: los proyectos faltantes de la Estrategia por la Vida y la Convivencia, votar la Ley de Adopciones, que sufrió modificaciones en el Senado”, el proyecto de Minería de Gran Porte, el Estatuto del Funcionario Público, la regulación de la marihuana y la responsabilidad penal en caso de accidentes laborales. El diputado además buscará incentivar el tratamiento de su “niño mimado”, un proyecto sobre el destino de inmuebles abandonados que presentó a la Constitución y Códigos.
En tanto, el diputado de Vertiente Artiguista José Bayardi destacó la importancia de aprobar las modificaciones al Código Penal y Procesal Penal, el Matrimonio Igualitario, la regularización del mercado del cannabis y la reforma del Código de Faltas. Además, Bayardi trabaja en un borrador para reducir el tiempo que les lleva a los uruguayos que hayan nacido en el exterior obtener la ciudadanía, aunque también espera que cancillería mande un proyecto con los mismos objetivos.
La opuesta
Los diputados del sector Unidad Nacional del Partido Nacional definirán mañana sus prioridades legislativas, en una reunión que convocó el coordinador de bancada, el diputado Álvaro Delgado, y en la que también participarán los senadores del sector.
Delgado pretende que se trate un proyecto de parques industriales que él presentó, otras iniciativas relacionadas a políticas industriales sectoriales y un “proyecto que estamos pensando para sectores de la clase media vinculado a la educación, con algunas deducciones impositivas”.
El senador blanco Carlos Moreira, de Alianza Nacional, adelantó que si bien no está impulsando ningún proyecto personal, su bancada trabajará en varias iniciativas vinculadas a la seguridad pública, que se están debatiendo internamente.
Dentro del Partido Colorado, el diputado Gustavo Cersósimo (Vamos Uruguay, VU), dijo que está trabajando junto a otros diputados en su sector en la “protección” del funcionario policial, que “está en la línea de combate a la delincuencia”. Según dijo, es necesario trabajar en la vivienda a la familia policial, las indemnizaciones y pensiones. El legislador además se manifestó preocupado por el incremento de suicidios entre los efectivos policiales, por lo que elevó un pedido de informes al Ministerio del Interior.