La bancada de senadores del FA está cada vez más lejos de concretar un juicio político contra el jefe comunal colorado. Los legisladores frenteamplistas que se habían reunido en diciembre con representantes de la Mesa Política salteña consideran que no es oportuno llevar adelante esta acción, a pesar de que todavía no hay posiciones formales respecto del tema.

A fines de noviembre, la Mesa Política del FA en Salto realizó duras críticas a la gestión de tránsito de Coutinho, motivadas por una seguidilla de accidentes, incluyendo uno que terminó con la muerte de una niña en un autobús escolar, cuando viajaba sin cinturón de seguridad.

Los dirigentes frenteamplistas sostuvieron que Coutinho no cumplía con la normativa nacional de tránsito, en particular la Ley 18.191, de Tránsito y Seguridad Vial en el Territorio Nacional. A raíz de esta situación, la Mesa Política salteña analizó la posibilidad de llevar adelante un juicio político contra Coutinho. Varios dirigentes locales se reunieron el lunes 3 de diciembre con un grupo de senadores del FA en Montevideo, para ponerlos al tanto de la situación y encomendarles que analizaran la posibilidad de realizar el juicio político. “Les dimos todos los documentos y les explicamos por qué tendría que haber juicio”, expresó a la diaria en aquel entonces el edil Paulino Delsa (Compromiso Frenteamplista). Sin embargo, la posibilidad de llevar adelante esta acción no fue apoyada por el diputado de Salto electo por el FA, Andrés Lima (Agrupación Humanista Armando Aguirre). “Creo que hay otras medidas más eficaces que un juicio político, que tienen que ver básicamente con una mayor fiscalización, mayores controles en materia de tránsito”, le dijo Lima en noviembre al Diario Cambio de Salto.

Está difícil

Tomando en cuenta la composición del Parlamento, la posibilidad de realizar un juicio político parece dificultosa. Si bien se necesita sólo un tercio de los votos de la Junta Departamental local para llevar el caso al Senado, éste requiere de dos tercios del total de sus componentes para destituir al intendente, una mayoría con la que no cuenta el FA.

Además de eso, algunos senadores del FA que participaron en la reunión no están muy convencidos de la pertinencia del juicio político. Rodolfo Nin Novoa (Alianza Progresista) admitió que el tema no se ha hablado en la bancada, pero dejó entrever que la propuesta no tendría sustento. “Los juicios políticos son por violación a la Constitución o delitos graves y, en este caso, el lío en el tránsito no es violación a la Constitución y los delitos graves están previstos en el Código Penal”, dijo.

En tanto, el senador Luis Rosadilla (Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad), quien también participó en el encuentro con los dirigentes salteños, opinó que “los juicios políticos están determinados en su génesis por determinados hechos que no parecen adecuarse al tema planteado”.

Rosadilla agregó que este asunto no ha sido muy estudiado en el Senado: “Solicitamos una documentación que no he recibido y tampoco he sido convocado por nadie por este tema. No sé qué curso va a seguir esto, se quedó en conversar sobre el tema e intercambiar información y nada de eso ha sucedido”.

Pero en Salto todavía esperan respuestas de los senadores. Delsa dijo que la Mesa Política del departamento aguarda por la postura. “Me imagino que nos llamarán los senadores”, presumió. Además, desmintió que no hayan podido enviar más documentación a los legisladores, ya que “todo lo que teníamos se lo dimos, otro material no tenemos”.

Otra posible es que el caso de Salto pase a la Comisión de Transporte de la cámara alta, una alternativa que manejó el senador socialista Daniel Martínez y que cuenta con el aval de Delsa. “El tránsito sigue siendo un caos, no hay fiscalización y no lo hacen porque tienen temor a que no los voten. El tema de la luz baja diurna y del cinturón de seguridad no se cumple y tampoco se controla”, declaró el edil. A pesar de esto, Delsa destacó que después de esta discusión han conseguido algún efecto: la Intendencia de Salto cambió a su director de Transporte y Tránsito, Federico Galeano, que fue sustituido por José María Aguirre.

Pero el diputado salteño colorado Marcelo Bistolfi negó que el cambio en la Dirección de Transporte haya sido por las denuncias. “Hubo movimientos en todo el gabinete y tuvieron que ver con etapas de la administración”, aclaró. También negó que la intendencia no fiscalice algunas faltas en el tránsito, tal como dijo Delsa. Según afirmó, “ahora a pedido de la Junta Departamental son más duros con las fiscalizaciones y multan”. “El esfuerzo que se ha hecho en el tránsito es muchísimo más que el que la gente ve, y en este tema el departamento está muy bien”, expresó el legislador, quien opinó que lo que hizo el FA con el tema “fue una jugada jodida, porque politizaron la muerte de una niña”.