El 21 de octubre de 2011, a la hora en que un turno entraba y otro salía, los trabajadores de la planta de Abal Hermanos, representante de Philip Morris en Uruguay, recibían la noticia de que ése era su último día de trabajo en esa tabacalera. La decisión fue transmitida por una delegación de gerentes provenientes de Argentina y generó que, pocas horas después, el Sindicato Autónomo Tabacalero (SAT) ocupara la planta de elaboración de cigarrillos marca Marlboro, Fiesta, Casino, Philip Morris, L&M, Benson&Hedges y Next, entre otros.
El presidente del SAT, Mario de Castro, no tiene dudas: la decisión de Philip Morris fue “una represalia, un chantaje”, en respuesta a la legislación antitabaco promovida por el gobierno del presidente Tabaré Vázquez. Alegando un tratado de inversiones firmado entre Uruguay y Suiza, donde tiene sede la multinacional, ésta presentó en febrero de 2010 una demanda contra el Estado uruguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, argumentando que los decretos y resoluciones antitabaco de 2009 afectaron la propiedad intelectual y generaron una pérdida de mercado a sus marcas. Por esto reclama una indemnización de 2.000 millones de dólares.
Ejemplar
El convenio firmado entre el SAT y la Asociación de Fabricantes e Importadores de Tabacos y Cigarrillos (AFIT y C) establece que los empleadores presten asistencia médica, quirúrgica y odontológica a los trabajadores, “así como el pago de medicamentos y subsidios por enfermedad”, que son de 100%. Estos servicios médicos son completamente gratuitos desde el primer día de trabajo. Actualmente los tabacaleros acuden a una policlínica financiada por la AFIT y C, con personal propio y, en caso de necesidad de internación, recurren al Hospital Británico, también en forma gratuita. No tienen descuento por Fonasa, no pagan tickets de especialistas ni medicamentos y, si necesitan un traslado al exterior por problemas de salud, eso también corre por cuenta de la cámara empresarial.
Después de 26 días de ocupación, el SAT levantó la medida tras llegar a un acuerdo con la empresa. Los trabajadores consiguieron despidos con una compensación especial y el mantenimiento por un año de la asistencia médica establecida en el convenio colectivo, algo que consideran “único”, ya que las empresas se encargan de financiar 100% de los gastos en salud.
De Castro explica que los despidos afectaron a los 45 trabajadores de la planta, mientras que los administrativos pasaron a desempeñarse en las nuevas oficinas de Abal Hermanos en Carrasco. “El cierre de la fábrica no perjudicó a la empresa, por el contrario, ahora importa los cigarrillos de Argentina, lo que hace que obtenga mayores ganancias”, explica.
El sindicalista cuenta que antes de finalizar la ocupación el SAT consiguió que tres trabajadoras que “eran jefas de hogar” fueran incorporadas a la plantilla de Monte Paz, la única tabacalera que queda en Uruguay.
Posteriormente, se fueron sumando otros operarios y actualmente son 17 los trabajadores que ingresaron a alguna empresa del grupo Mailhos. Entre los despedidos también “hubo quienes iniciaron los trámites jubilatorios”, y cuatro, que se desempeñaban en cargos técnicos, fueron “incorporados por una empresa tercerizada de UTE”. Los demás no pudieron encontrar trabajo y varios decidieron realizar emprendimientos propios, “asumiendo los riesgos que eso implica”, teniendo en cuenta que cada uno recibió entre despido y compensación aproximadamente unos 50.000 dólares.
Que siga la fuente
Pero De Castro dice que el SAT siempre reclamó por “una fuente laboral, una reubicación”, antes que “cualquier indemnización”. “Pudimos haber logrado más, pero no tuvimos apoyo ni del PIT-CNT ni del gobierno. Terminamos negociando plata porque quedamos solos. Tocamos todas las puertas que podíamos tocar en el gobierno y no tuvimos respuesta”, añade el dirigente. El Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del Tabaco “debería asegurar que los trabajadores de las tabacaleras que cierran por su aplicación sean reubicados. Los únicos perjudicados fueron los trabajadores, porque el gobierno sigue cobrando los impuestos a los cigarrillos y la empresa sigue vendiendo y obteniendo ganancias”, expresa De Castro.
Además, Philip Morris “le va a ganar el juicio a Uruguay”, sentencia el representante del SAT. Esa afirmación se la hicieron en Presidencia de la República “varias autoridades” con las que se reunió durante el conflicto. “El gobierno ya lo sabe”, asegura.
Por otra parte, De Castro piensa que hubo desinterés por atender la situación de Abal Hermanos porque se considera que los trabajadores tabacaleros “son pocos”, pero “no tienen en cuenta que hay más de 1.500 personas vinculadas a esta industria”. También sostiene que hay cierta “discriminación” y pone como ejemplo que una vez compararon a los tabacaleros con los “trabajadores de las fábricas de armas”. “Nosotros defendemos el trabajo, nunca dijimos que el cigarrillo era bueno”, agrega.
Finalmente dice que existe una contradicción en el gobierno que “promueve leyes antitabaco” y, al mismo tiempo, “quiere legalizar la marihuana”, y sostiene que sabe de “buenas fuentes” que algún “integrante del gobierno al que le gusta hablar de más” propuso que la solución para los ex trabajadores de Philip Morris sea “ponerlos a distribuir la marihuana” que el Estado va a comercializar, si prospera el proyecto.