Mientras la supuesta agencia de empleo Workline sigue publicando decenas de avisos cada domingo en el suplemento El Gallito de El País, ofreciendo trabajo a cambio de una llamada a un 0900 que puede costar hasta 400 pesos, el inspector general de Trabajo y Seguridad Social (IGTSS), Juan Andrés Roballo, informó que la dependencia “investigó, hizo un relevamiento y por estas horas hará pública una resolución” sobre el caso. Desde hace por lo menos dos años, aparecen en los clasificados de El País unos 30 avisos en cada edición dominical que solicitan personal en diferentes rubros de las secciones de trabajo femenino y masculino.

Los avisos remiten a los teléfonos fijos 22030460, 22000559 y 22090655, que son atendidos por telemárketers que indican que se trata de Workline, una agencia de “suministro y colocación de personal” en todos los rubros y profesiones que “selecciona personas de ambos sexos de diferentes edades para empresas y comercios”. Para registrarse en “la base de datos” de la empresa, solicitan que se “llene una ficha con datos personales y referencias, algo similar o parecido a lo que viene a ser un currículum”, realizando una llamada al 09001086. El costo de la comunicación es de 33,8 pesos más IVA el minuto, y puede tener una duración de entre ocho y diez minutos. Finalmente aclaran que “al momento en que la agencia” coloca a alguien “en un empleo”, no realiza “descuento de sueldo” ni cobra “comisión alguna”. Basta con hacer una llamada un lunes, para escuchar por detrás de la voz del telemárketer que los teléfonos no dejan de sonar en ese call center.

El titular de la Dirección Nacional de Trabajo (Dinae), Eduardo Pereyra, explicó que este caso tiene un expediente abierto desde el año pasado, ya que se trata de “un engaño, algo parecido a una estafa, una forma solapada de cobrarle un servicio que no se le debería cobrar al trabajador”. Si bien años atrás era habitual que las empresas proveedoras de personal les cobraran a los trabajadores cuando se les conseguía empleo, desde la aprobación de la ley 17.692, en 2003, que ratifica el Convenio Internacional del Trabajo Nº 181 sobre agencias de colocación, solamente se puede cobrar a los empleadores que solicitan el servicio. Sobre esta ley, Pereyra informó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social va a proponer una reglamentación que ya “está redactada” y que será presentada en la próxima Conferencia Internacional del Trabajo. “En esto Uruguay estaba en falta, porque es un convenio que se ratificó hace tiempo y no se había reglamentado aún. Hay una posición única, algo que cuesta lograr, y el decreto está armado, listo para presentarlo en un ámbito tripartito, porque se sugiere que sea acordado con los actores sociales”, agregó Pereyra. La Dinae tiene un registro de las empresas suministradoras de personal que “las habilita”, pero “existe una serie de instituciones que realizan la actividad y no realizaron los trámites de registro”. Se trata de un tema que se está “tratando de uniformizar”, pero “no ha sido fácil” porque hay “una serie de prácticas establecidas que hay que regular”, expresó Pereyra.