El prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa, aseguró ayer que el gobierno hará efectivo el llamado a nuevos operadores de televisión digital en el sector comercial. En conferencia de prensa luego de participar en la apertura de la IV Conferencia Ministerial de la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, Cánepa señaló que el decreto de enero sólo “suspendió el llamado”. “El llamado hoy está para hacerse porque hay un plazo que el gobierno entendió que debía darse por distintas circunstancias, que en este caso es necesario mantener en reserva”, manifestó. “Lo que sí puedo garantizarles es que Uruguay tiene una decisión de que 2015 sea el año del apagón analógico, y por lo tanto pasar a la televisión digital”, agregó.
Recordó que el gobierno sólo puede asignar frecuencias hasta fines de octubre. A partir de esa fecha está inhabilitado por ley, de modo de “garantizar que ningún gobierno genere este tipo de llamados en pleno proceso electoral”. No obstante, hizo notar que estamos “a comienzos de abril”. “Va a haber un llamado, no puedo dar un plazo porque no está definido por Presidencia de la República ni por el Ministerio de Industria”, afirmó.
Cánepa también informó, ante una pregunta específica, que el gobierno evalúa introducir modificaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública. Destacó en primera instancia que para implementar la norma hubo que generar “un cambio muy grande, hasta cultural, en los funcionarios del Estado”, a la hora de protocolizar los documentos, ya que primaba la “cultura del secretismo”. Actualmente, a cuatro años y medio de implementada la norma, el gobierno evalúa introducir modificaciones.
“Una de las discusiones que hay hoy a nivel de gobierno es que la ley no establece ningún tipo de límite a ninguna persona en el planeta que quiera pedir información. Ni siquiera tiene que ser habitante de la República, cualquier persona, por el solo hecho de hacerle una pregunta al Estado, tiene la obligación de ser respondida por éste”, hizo notar Cánepa. Aseguró que el debate en torno a este punto se está dando en Europa y en Nueva Zelanda. “En Nueva Zelanda están discutiendo limitar como mínimo a los habitantes del territorio el derecho al acceso a la información, y también se está discutiendo internamente en Uruguay”, afirmó. No obstante, aclaró que el debate se centra en “generar un mejor instrumento para lograr los mismos objetivos”. “No hay ninguna intención del gobierno de menoscabar o restringir los objetivos de acceso a la información pública”, remarcó.
El mes pasado, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) y la asociación civil DATA (Datos Abiertos, Transparencia y Acceso a la información) se reunieron con José Clastornik, director de la Agencia para el Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el Conocimiento. Le plantearon conformar un comité técnico consultivo similar al que se estableció para redactar una ley de servicios de comunicación audiovisual, pero en este caso estaría destinado a proponer modificaciones progresivas a la Ley de Acceso a la Información Pública.
Edison Lanza, director de Cainfo, consideró que en la ley hay cuestiones que deben revisarse pero “para ampliar las garantías”. Respecto de la propuesta de limitar el espectro de quienes pueden solicitar información pública, evaluó que con una medida de ese tipo Uruguay “rebajaría los estándares”. “Uruguay forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y en ese ámbito está definido por distintos instrumentos que cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, puede solicitar información”, afirmó Lanza. Agregó que “hasta un niño” podría pedir información, ya que se trata de “un derecho humano”.