El 15 octubre de 2011 se presentaron más de 120 denuncias por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en distintas comisarías de Canelones, Maldonado, Montevideo y San José. Ese día, una de las juezas que estaban de turno era Gabriela Merialdo, la misma que está a cargo de la investigación de los sucesos ocurridos en febrero, cuando un grupo de manifestantes ingresó al edificio de la Suprema Corte de Justicia en protesta por el traslado de la jueza Mariana Mota (ver http://ladiaria.com.uy/ACHj).
Tras conocerse la semana pasada que por esa causa varias personas, entre ellas periodistas, fueron citadas para ser interrogadas por el Departamento de Operaciones Especiales de la Policía (DOE), el Colectivo de Denunciantes dio a conocer un comunicado público para expresar que Merialdo “dispuso que todos los expedientes” de las denuncias presentadas “fueran remitidos al DOE” y que esa decisión no sólo “demoró durante un año el pase a juzgados competentes de las denuncias”, sino que también “implicó que cada denunciante tuviera que pasar por un interrogatorio” en esa unidad policial. Más de un centenar de denunciantes fueron interrogados en la propia sede el DOE, donde se les preguntó “quiénes organizaron las denuncias, si pertenecían a grupos políticos o sociales, si recibían o pretendían recibir beneficios económicos, si tenían antecedentes penales, e incluso quién los trasladó hasta la comisaría donde se efectuó la denuncia”, agrega el texto.
Se denuncia además que hubo varias irregularidades en las convocatorias, como por ejemplo el caso de “un joven denunciante al que se le mostraron sus antecedentes de cuando era menor de edad”, y al que también se le cuestionó “la validez de su denuncia por las torturas que padeció su padre, ya que una investigación de la página En Voz Alta lo acusa de asesino”. En otros casos se “presionó” a denunciantes para que “desistieran de ratificar la denuncia de distintas formas”, agrega el comunicado. Los denunciantes informan que conservan “actas de esas declaraciones y de las preguntas realizadas por el DOE” y que por este tema mantuvieron una entrevista con el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia Leslie van Rompaey, para expresarle “preocupación”. En ese encuentro “quedó claro que el procedimiento de la jueza Merialdo y el DOE eran atípicos”, aunque Van Rompaey “recordó su máximo respeto a la independencia de cada juez”, agregan.
Haciendo cosas raras
Los procedimientos del DOE fueron similares a los denunciados la semana pasada. Las citas fueron realizadas telefónicamente y por personal que se identificaba como de esa dependencia policial. En los interrogatorios los policías demostraron manejar abundante información personal sobre los interrogados: historia familiar, antecedentes y otros datos. Sin embargo, hay una diferencia que los denunciantes destacan en los interrogatorios por el caso de las protestas en la SCJ: “Se trata de personas que están siendo investigadas como indagados, pero nosotros somos los denunciantes”, explicó Mariana Risso, una de las personas interrogadas por el DOE. “¿A los acusados en estas denuncias, se les va a hacer el mismo interrogatorio?”, pregunta Risso. Actualmente las denuncias fueron derivadas a diferentes juzgados. Por ejemplo, unas 30 están en manos de la jueza Beatriz Larrieu, que sustituyó a Mota, y los casos que sucedieron en el penal de Libertad fueron derivados al juzgado de esa ciudad.
Los denunciantes desconocen si los interrogatorios realizados por el DOE forman parte de los expedientes judiciales actuales. El comunicado finaliza diciendo que “hay sectores que no sólo buscan perpetuar la impunidad sino que también buscan reavivar los fantasmas del terror y la persecución en quienes han sido sus víctimas” y que frente a esa situación “es grave que quienes hoy tienen responsabilidades de gobierno planteen un discurso confuso y ambivalente, de más contramarchas que pasos adelante, hipotecando las mejores posibilidades de nuestro país para un real fortalecimiento democrático”.