El martes, el fotógrafo Iván Franco caminaba por la plaza Independencia cuando lo abordó un hombre vestido de particular. Le dijo que estaba citado a declarar en la Jefatura de Policía por la manifestación realizada en febrero en el edificio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en protesta por el traslado de la jueza Mariana Mota.

Franco le pidió al hombre que se identificara, y éste le mostró un carnet de policía. Arreglaron que Franco concurriría hoy a declarar; el policía lo anotó en la mitad de una hoja A4 que llevaba consigo. “Mirá que sabemos que vos estabas trabajando”, le comentó. Franco le preguntó por qué lo habían abordado así en una plaza pública, si lo habían encontrado de casualidad. “Nosotros sabemos que vos vas siempre al estadio [por su trabajo como fotógrafo] pero no te queríamos molestar ahí”, alegó el policía.

El lunes, el fotógrafo Santiago Mazzarovich se despertó con un mensaje de voz en su celular. Era una llamada de un medio de comunicación con el que colabora, desde donde le avisaban que habían recibido una llamada del Departamento de Operaciones Especiales de la Policía (DOE) preguntando por él. En el medio se negaron a proporcionar datos de Mazzarovich, incluso cuando efectivos del DOE concurrieron personalmente, vestidos de particular, a pedir información sobre el fotógrafo. Sobre el mediodía, Mazzarovich recibió un mensaje de texto de un número desconocido: “Ya estamos en tu casa”. El fotógrafo llamó a ese número y preguntó si era del DOE. “Ah, no, nos equivocamos”, le respondieron, y cortaron. Minutos más tarde, recibió una llamada desde otro número. Lo citaban a declarar. Cuando preguntó por qué tema era, le respondieron que no le podían informar. Mazzarovich insistió. “Por los conflictos que hubo con lo de la jueza”, fue la contestación, y el fotógrafo pudo deducir de qué se trataba. Durante el interrogatorio, le aseguraron que estaba en calidad de indagado.

Las ocho citaciones a declarar que se dispusieron en el marco de la investigación por lo sucedido en febrero, cuando un grupo de personas ingresó al edificio de la SCJ con cantos y pancartas para protestar por el traslado de Mota, se hicieron por teléfono, a excepción de la de Franco. Además de los dos fotógrafos mencionados, declararon, entre otros, Álvaro Jaume, Irma Leites y Jorge Zabalza. Durante el interrogatorio, Leites le preguntó al policía por qué la citación la habían hecho por teléfono. El policía le respondió que lo hacían así y no concurrían a su casa para no dejarla en evidencia ante los vecinos. Leites le pidió un papel que comprobara la citación, y se lo dieron. En los interrogatorios abundaron las preguntas políticas y personales. Una pregunta recurrente fue la composición del núcleo familiar de los indagados.

La jueza es Gabriela Merialdo, y el fiscal, Gustavo Zubía. El hecho de que se tomen declaraciones en Jefatura de Policía y no en un juzgado “no es de rutina”, opinó ayer el ministro de la SCJ Ricardo Pérez Manrique en entrevista con la diaria. Tampoco lo es el procedimiento de citación utilizado, según afirmó el director general de Secretaría del Ministerio de Interior, Charles Carrera. “Esa situación no puede existir, no es la forma de trabajar”, comenzó declarando el jerarca cuando se le relató la forma de citación. Aseguró que debe notificarse por escrito a las personas citadas y que ésa “es la regla general de trabajo”. “La Policía no trabaja de esa forma, nuestra Policía es profesional”, remarcó, en referencia al relato de las citaciones.

El fiscal Zubía declaró que no estaba al tanto del procedimiento policial. “Eso que me contó tiene una especie de aroma argentino”, comentó, sin especificar a qué se refería. “Yo soy fiscal, lo que haga la Policía escapa absolutamente a la forma en que nosotros nos manejamos”, continuó. Por otra parte, evitó explicar por qué las declaraciones se están realizando en Jefatura. “Iniciar explicaciones sobre eso significaría opinar sobre el presumario y no lo voy a hacer”, manifestó.