En el último número de El Soldado, las autoridades del Centro Militar hacen su interpretación del significado y la vigencia de las Instrucciones del año XIII, mezclada con críticas solapadas al gobierno. En el editorial de la organización castrense, que nuclea a militares retirados y en actividad, se sostiene que las instrucciones dictadas por José Artigas a los delegados orientales que participarían en la Asamblea Nacional General Constituyente de 1813 son “una rotunda expresión de la voluntad patriótica y nacional de ciudadanos imbuidos del ser nacional”, “muy lejanos” al “internacionalismo” que manifiestan actualmente algunos “orientales”.
En otro pasaje se señala que la “realidad” presenta “dilemas” que “amenazan seriamente con desnaturalizar nuestra historia, desacreditar nuestros valores y conducirnos hacia horizontes del todo extraños al sentimiento y a las ideas que son raíz, seña y sustancia de la Patria”. “No se nos escapa que hay presiones, intentos o juegos estratégicos que han buscado y aún buscan desorientarnos”, continúa la editorial. “A ello sólo cabe una respuesta: los soldados orientales no tienen dos o tres o cuatro lealtades, sino una sola lealtad” que es con “la República, con sus leyes y con sus instituciones”. Luego alerta sobre eventuales “desbordes de quienes creen que el Estado es una rama subalterna de los comités políticos”.
Otro artículo, denominado “Algunas verdades sobre la dialéctica jurídica reciente y el ejercicio del rencor”, cuestiona la “interpretación arbitraria de las leyes en relación a los mal llamados delitos de lesa humanidad”. “¿Es que acaso nos encontramos ante una nueva forma de gobierno omnipotente y planetario que juzga según sus intereses ideológicos? Algo así como un nuevo gran hermano dictador, con apetencias de expansión y colonización continental, relacionado directamente con el fascismo marxista de Stalin y sus obedientes seguidores que se prolonga hasta el día de hoy”, continúa. Califica a los militares procesados por violaciones a los derechos humanos como “servidores públicos” que “cumplían órdenes con el beneplácito de la población civil de la época, agredida y acosada por la guerrilla que asolaba a la República según consta en archivos gráficos”.