El ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, adelantó ayer que el nuevo subsecretario de su cartera, Alejandro Antonelli (Partido Socialista, PS) integrará la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas, una tarea que corresponde a ese cargo. “Calculo que podrá hacer un aporte específico en esa tarea, algo que muchos de nosotros no somos capaces de hacer”, valoró el jerarca, haciendo referencia a su pasado cargo como gerente de área en la Administración Nacional de Puertos.

Adentro

Alejandro Antonelli, economista del “ala ortodoxa” del Partido Socialista (PS), asumió ayer la subsecretaría del ministerio de Economía y Finanzas en sustitución de Luis Porto, quien fue designado vicecanciller. Antonelli fue directamente nombrado por el presidente José Mujica, con la recomendación del ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker, y su designación generó malestar en la interna del PS y sorpresa en el equipo económico encabezado por el ministro Lorenzo. Tanto Lorenzo como Danilo Astori, aseguraron no conocer a Antonelli.

Ayer, en la ceremonia realizada en el ministerio -que no fue pública- y según la información de Presidencia, Lorenzo le explicó a Antonelli las dependencias y reparticiones del ministerio. Antonelli manifestó que la tarea que le espera exigirá trabajo en equipo y división de tareas, y que el primer desafío será la Rendición de Cuentas que ingresará al Parlamento antes del 30 de junio.

Lorenzo hizo estas declaraciones anoche en la previa a un acto organizado por el Nuevo Espacio (NE) y la Alianza Progresista (AP) en el barrio de Colón. Cuando le preguntaron si las tareas que llevará adelante Antonelli serán las mismas que desempeñaba su antecesor Luis Porto, respondió: “El ministro y el subsecretario se ocupan de todos los temas. Dependiendo de las circunstancias y las posibilidades nos ocupamos indistintamente de diversos temas, a veces conjuntamente. No hay asignaciones predeterminadas más que las establecidas en las leyes o en los decretos”, sostuvo.

Durante su exposición, el nuevoespacista Lorenzo valoró que la “principal transformación” que impulsó el Frente Amplio (FA) fue la “recuperación de la confianza” entre los uruguayos. Contrapuso ese logro con un “pesimismo histórico que había ganado” al país, al punto de que se llegó a discutir “sobre la viabilidad de Uruguay”. Lorenzo aseguró que esa forma de ver la situación estuvo “anclada” a la “visión pesimista que la derecha tenía sobre las posibilidades del país”. Para modificar esa situación, según Lorenzo, fue importante el “cambio de talante de quienes llevaban adelante las políticas”.

La otra oradora fue la ministra de Turismo y Deporte, Liliam Kechichian, de AP. En el local había unas 60 personas, entre ellas el senador Rafael Michelini (NE), el ex secretario general del PS, Eduardo Fernández, y el prosecretario general de la Intendencia de Montevideo (IM), el aliancista Jorge Rodríguez.

Kechichian admitió que “estamos entrando en tiempo electoral y que la vida así lo está demostrando”. Su discurso también estuvo centrado en marcar diferencias entre los gobiernos del FA y los de los partidos tradicionales. “Pasábamos de ajuste fiscal en ajuste fiscal, el salario era el elemento de ajuste y no podía crecer porque había que controlar la inflación”, opinó la jerarca del Ejecutivo.

Agregó que el FA, cuando llegó al gobierno en 2005, se encontró con una “generación entera” que “no había visto trabajar a nadie”, y eso es “algo que no se cambia con discursos y tampoco en ocho o diez años, sino con valores culturales”. También destacó que “hoy ya no se habla más del endeudamiento agropecuario” y aseguró que en este país hubo “40 años sin inversión de ningún tipo”.

Kechichian dijo que la estación General Artigas de AFE fue un “pésimo negocio” del ex presidente Julio María Sanguinetti en el marco del Plan Fénix, y parte de “su herencia maldita, y por eso no quieren hablar de ese tema”, aseguró. La referencia no es casual: este año avanzó la causa judical originada tras la demanda que el empresario de la construcción Fernando Barboni le hizo al Estado uruguayo, por no haberle entregado en el plazo correspondiente la estación de AFE y su playa de maniobras. La cifra que reclama Barboni, asesorado por el abogado Daniel Hugo Martins, es de aproximadamente 1.000 millones de dólares.

Por otra parte, la ministra de Turismo planteó que el principal “desafío” al que se enfrenta la fuerza política en el gobierno es la seguridad, un área en la que hay “una enorme inversión”; a pesar de eso, “todavía nos falta mucho y eso tiene que ver con la fractura social, con el trabajo de los valores y con la educación”, sostuvo. También defendió las gestiones de la izquierda en la IM. “Pueden tener problemas, antes era una ciudad en la que no se podía ir a la playa porque no había saneamiento, ha habido una transformación profunda”, afirmó. Para finalizar, destacó que las empleadas domésticas y los trabajadores rurales serán los primeros beneficiarios del programa de turismo social que impulsa su cartera.