El 6 de abril la agrupación parlamentaria del Frente Amplio (FA) decidió tomarse “30 días” para acordar una postura sobre la regularización de la venta de marihuana. Pero no se han hecho muchos avances, como quedó reflejado ayer de noche en una charla sobre “drogas” organizada por la Liga Federal Frenteamplista (LFF).
A pesar de eso, hay matices entre los dos diputados que cuestionan el proyecto: Doreen Ibarra y su sector, el Frente Izquierda de Liberación (Fidel), parecen ser un escollo menor, para quienes quieren aprobar rápidamente este proyecto, que su colega de la cámara baja, darío Pérez, que integra la LFF.
Ibarra consideró que la iniciativa fue presentada en un momento “inoportuno” y que puede ser contraproducente, ya que es fuertemente rechazada por la ciudadanía, algo que aseguró con base en algunas encuestas. En cambio, dijo que la “oportunidad” para presentar el tema es en el “próximo congreso programático del FA”, aunque adelantó, como ya se sabía, que no votará contra lo que decida la bancada. Ibarra exige que se modifique el artículo segundo del actual proyecto de ley, que establece que “el Estado, directamente o a través de las instituciones a las cuales otorgue mandato legal, asumirá el control y la regulación” de actividades como la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización y distribución de cannabis o sus derivados”. Para el diputado, la redacción debe acotarse a que “el Estado, a través de las instituciones a las cuales otorgue mandato legal, asumirá el control y la regulación de cannabis”, para así “sacar” al Estado de la producción: “Nosotros no vemos al Estado produciendo marihuana, comercializándola o cosechándola”.
Aunque habló antes que Ibarra, el diputado Julio Bango, del Partido Socialista, dio a entender que esta modificación no es necesaria. Al defender la actual redacción de ese artículo del proyecto, dijo que se trata de un “monopolio puro y duro”, pero será en la “regulación y el control, y no en la ejecución o en la producción”. “No creo que el Estado deba plantar marihuana”, opinó. El secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, tampoco quiere modificar este artículo. En diálogo con la diaria, explicó que la actual redacción habilita a que, con licencias, las tareas de producción, distribución y venta las realicen otros actores, mientras que el Estado se encargaría exclusivamente del control. “Después, si con licencia quiere plantar Juan Fernández, y tiene idoneidad moral y está en regla, podrá plantar”, ejemplificó. No obstante, el jerarca aclaró la postura actual del Poder Ejecutivo, que complica aun más el eventual acuerdo entre los legisladores oficialistas. Según dijo, para el gobierno “los artículos primero y segundo del proyecto son innegociables”.
Duro de zanjar
La posibilidad de acuerdo se reduce aun más teniendo en cuenta que la LFF sólo acordaría en materia del autocultivo de marihuana. En diálogo con la diaria, Pérez dijo que su sector rechaza la producción y comercialización de la sustancia, ya sea por el Estado u otro actor. “Cultivar una planta ya lo hace diferente”, dijo el diputado, admitiendo como única opción posible el autocultivo de marihuana. Además, cuestionó que el proyecto no haga énfasis en planes “educativos” de la peligrosidad de la sustancia y se focalizó en la necesidad de contar con “lugares para tratar a los adictos”. También cuestionó la visión de que facilitar el consumo de marihuana combatiría a la pasta base, al entender que no existe relación entre el consumo de ambas drogas. Por último, interpretó que este asunto “supera” al FA, y debería ser abordado de forma multipartidaria, como se hizo con la megaminería.
En su exposición, el diputado Bango dio a entender que el autocultivo por sí solo será una medida insuficiente para resolver las necesidades de los consumidores habituales de marihuana. “Si estamos de acuerdo con el autocultivo tenemos que estar de acuerdo con esta ley ¿Cuánta gente va a cultivar? ¿Cuánta gente se va a asociar a los clubes de membresía? No puedo pensar una medida para 5.000 personas, sino que necesito una para 70.000”, expresó. El representante socialista también dijo que en Holanda, tras varios años de legalización, hoy en día el consumo es proporcionalmente menor al de Uruguay.
En tanto, Calzada estimó que entre 2006 y 2011 el consumo de marihuana creció 126% y que el negocio genera una riqueza de 30 a 40 millones de dólares que “termina en organizaciones criminales”. Bango a su vez desestimó que haya “un montón de problemas que se generen por esta ley”, porque “los problemas los tenemos ya”.