Un policía besaba las balas y vaticinaba que iban a “morir todos”. Otro sufrió un ataque de pánico. El juez letrado de 1ª Instancia en lo Penal de 13º Turno, Homero da Costa, obligado por el dictamen de la Fiscalía, archivó la causa del homicidio, por parte de un policía, de un joven de 25 años en el barrio Marconi el año pasado, pero tildó el procedimiento policial de “poco profesional”.

El 14 de octubre de 2012, un móvil con tres policías concurrió al barrio Marconi para intentar ubicar a los autores de una rapiña a una panadería, que habían fugado en una moto. En la calle Trápani ubicaron una moto con siete personas alrededor; todos ellos aseguraban que no eran los dueños del vehículo. Los policías resolvieron detener a las siete personas y esto motivó un enfrentamiento con cerca de 50 vecinos del lugar, quienes arrojaron piedras. Los policías respondieron con disparos y uno de ellos mató al joven, quien participó en las pedreas. En tanto, dos policías resultaron con lesiones leves. A raíz de este episodio, el Ministerio del Interior resolvió colocar un vallado al barrio durante un par de días.

En el dictamen fiscal, se evalúa que los funcionarios policiales “cumplieron con su deber”, que actuaron “en ejercicio de sus legítimas potestades” cuando procedieron al arresto y que no era posible exigirles “una conducta diversa a la que desplegaron”, dada la “violencia” con que actuaron las personas que se congregaron tras el intento de detención.

En su escrito, Da Costa recuerda que un juez está obligado a archivar la causa si el fiscal así lo solicita, porque así lo establece el procedimiento judicial. No obstante, afirma que discrepa “frontalmente” con la opinión de la Fiscalía. Sostiene que el procedimiento policial del inicio fue “la génesis del episodio de violencia generado momentos después”. Entiende que el accionar de la Policía fue “poco profesional” en función de varios elementos. En primer lugar, porque los policías intentaron detener a las siete personas en lugar de “intentar apresar a aquellas cuyas características físicas coincidían con las de los autores de la rapiña”, y tenían para ello sólo tres esposas. Además, ya cuando se bajaron del vehículo policial, uno de los efectivos efectuó un disparo “sin razón alguna”, señala el juez, y la bala “rozó a uno de los individuos a detener”. Fue esto lo que motivó “protestas y resistencias que en un santiamén provocaron la aglomeración de los vecinos, que comenzaron a insultar y a empujar a los efectivos”, con intención de liberar a los detenidos.

El magistrado también menciona que, una vez que los policías consiguieron refuerzos, el procedimiento “fue un caos, al carecerse de un mando unificador que pusiera orden en la acción”. “Cada uno de los policías se movía a impulsos individuales, sin un patrón de acción unificado concreto”, sostiene.

Da Costa también menciona las “serias deficiencias” que tuvo “el personal actuante”, como el hecho de que un policía sufrió un ataque de pánico y otro besaba las balas de su revólver antes de recargarlo, insultando a los detenidos y diciéndoles que iban a morir, “demostrando una falta de equilibrio emocional alarmante” para enfrentar la situación. El magistrado sostiene que “la mayoría” de los policías actuaron “con valentía y sensatez”, y “evitaron lo que pudo haber sido un baño de sangre y una tragedia aun mayor”. No obstante, afirma que el policía que mató al joven -el mismo que besaba las balas- actuó con “desprecio por la vida ajena”, “efectuando una serie indeterminada de disparos que no estaban dirigidos al suelo o al aire, sino que fueron realizados hacia adelante, a la altura media de un hombre”.

Da Costa concluye que cabe exigirle al policía una conducta distinta a la que tuvo, porque su función es “proteger a los ciudadanos” y ejercer su poder con “sabiduría, ponderación y prudencia”. “El hecho de que está facultado para usar su arma de reglamento no significa -en modo alguno- que tenga licencia para matar, o un pasaporte para actuar con impunidad”, señala.

El juez concluye que el funcionario policial cometió un homicidio, pero archiva la causa en función del dictamen fiscal. En el Ministerio del Interior se había dispuesto una investigación interna por este tema, pero se estaba aguardando el pronunciamiento judicial. Como se dispuso el archivo de la causa, lo más probable es que la investigación interna también se archive, evaluaron desde la cartera.