El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), a estudio de la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes, propone la creación del SNRTVP como persona pública no estatal, lo que implicaría que sus trabajadores operaran bajo el régimen de derecho privado.
Los trabajadores de las radios públicas, nucleados en la Asociación de Funcionarios del SODRE (Afusodre), están de acuerdo con que éstas tengan mayor independencia -actualmente dependen del Ministerio de Educación y Cultura (MEC)-, pero no comparten el uso del derecho privado, ya que esto implicaría que los trabajadores perdieran su condición de funcionarios públicos, explicó a la diaria Verónica Rivas, de Afusodre.
Antes de que se enviara el proyecto de ley de medios al Parlamento, hubo un intercambio entre el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y el MEC sobre este punto. Según explicó a la diaria el director general de Secretaría del MEC, Pablo Álvarez, esa cartera entiende que “es importante salvaguardar la situación de los trabajadores”, pero, sobre todo, que el Frente Amplio (FA) debe discutir “más en general la lógica de ir generando espacios por fuera del Estado”. En ese momento, el MEC propuso al MIEM quitar las disposiciones relativas a los medios públicos del proyecto de ley de medios y enviarlas como ley aparte, a lo que el MIEM se negó.
En cambio, el MIEM está dispuesto a que se modifique la redacción del proyecto y que el SNRTVP sea un servicio descentralizado en lugar de una persona pública no estatal. El martes de la semana pasada, Ortuño y el ministro de Industria, Roberto Kreimerman, estuvieron en la sede del PIT-CNT y recibieron los planteos de la central sobre este punto. Al día siguiente hubo una reunión en el ministerio con los trabajadores de Televisión Nacional del Uruguay (TNU). “Se acordó la necesidad de fortalecer los sistemas públicos, coordinarlos y mejorar la gestión, y para eso se precisa una mayor autonomía”, destacó Ortuño. Allí los trabajadores plantearon su inquietud respecto de la posibilidad de operar en el derecho privado. El ministerio contemplará esta preocupación y así lo planteará a los trabajadores en la reunión del jueves. “Se trata de tener mayor autonomía para mejorar la gestión, pero el objetivo no es limitar los derechos de los trabajadores, de modo que aspiro a que lleguemos a un acuerdo”, señaló el subsecretario.
De todas partes vienen
La semana pasada fue bastante agitada para las autoridades del MIEM en materia de defensa de la ley de medios y del llamado a nuevos operadores de televisión digital comercial. El llamado fue cuestionado por los canales privados, por el dueño del diario La República, Gustavo Yocca, por legisladores de la oposición e incluso por algún dirigente del PIT-CNT.
El martes las autoridades de la cartera asistieron al secretariado del PIT-CNT, el miércoles se reunieron con la bancada del FA y el viernes hicieron lo propio con la Mesa Política de la coalición de izquierda. El mismo viernes, ese organismo sacó una declaración en la que afirma que el FA seguirá “avanzando en la democratización de los medios de comunicación, para lo cual resulta de suma importancia el cabal cumplimiento del proceso en marcha para la adjudicación de las ondas de televisión digital y la aprobación en este período legislativo de la ley que establece un nuevo marco normativo para los servicios audiovisuales”. Agrega que se desplegará una “amplia movilización” en pos de lograr estos objetivos.
En tanto, la oposición presentó sus primeros argumentos contrarios a la ley de medios, en la sesión de la comisión del jueves 13. El diputado nacionalista Álvaro Delgado cuestionó la cuota de producción nacional que se exige -los canales deben tener un mínimo de 60% de producción nacional y las radios deben pasar un mínimo de 30% de música nacional-. Según consta en la versión taquigráfica, Delgado consideró que aplicar esto es “difícil”, ya que en los medios “hay un indicador que es relevante para el éxito o el fracaso, que tiene que ver con la audiencia, y ésta tiene que ver con los niveles de publicidad y su viabilidad económica”, sin ahondar más en la argumentación.
El diputado nacionalista insistió en que la ley es muy “reglamentarista” y obliga a estar “permanentemente con la calculadora, viendo los porcentajes en función de tales y cuales cosas, porque a veces es difícil establecer por ley topes de mercado”.
Además, tanto Delgado como el diputado colorado Walter Verri objetaron la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), que tendrá a su cargo la aplicación de las políticas derivadas de la ley. Ambos legisladores creen que esa competencia le cabe a la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec).
El Partido Independiente planteó ayer reparos a la creación del CCA y resolvió promover cambios al proyecto, sin los cuales es “muy difícil” que se apruebe la norma, según Pablo Mieres. Ortuño argumentó en comisión que la creación del CCA recoge la experiencia internacional, en el sentido de que “tiene que haber un organismo que esté focalizado o que entienda expresamente de los temas de comunicación, que son distintos a los de regulación”.
Delgado también preguntó si es compatible la realización del llamado de televisión digital con la ley de medios, una argumentación similar a la planteada por Yocca y dirigentes del PIT-CNT. Ortuño contestó que es “totalmente compatible”. “Existe armonía total entre el planteo de criterios regulatorios para el llamado a televisión digital” y la ley, aseguró. “Es fundamental la asignación de las autorizaciones para que quienes prestan servicios de comunicación audiovisual puedan hacerlo en el nuevo marco y en el nuevo ambiente tecnológico”, enfatizó, y aseguró que las asignaciones se harán antes de octubre.