El Ministerio del Interior (MI) atribuyó a “grupos radicales” los hechos de violencia contra el edificio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que tuvieron lugar el martes, durante los festejos del Campeonato Uruguayo obtenido por Peñarol. A esa afirmación se sumó una nota de la edición de ayer del diario El País, en la que “fuentes de la Jefatura” aseguraron que Asamblea Popular (AP) y Plenaria Memoria y Justicia están siendo investigados como eventuales responsables “infiltrados” entre los hinchas de Peñarol.

Ambas organizaciones salieron de inmediato a desmentir su participación en los incidentes. Plenaria Memoria y Justicia emitió un comunicado en el que señala que su rechazo hacia varias resoluciones de la SCJ es público y que han participado en protestas por ese motivo, por lo que no tienen necesidad de infiltrarse para eso. Además, señala que “en un país donde hay 10 mil presos y la mayoría de ellos son jóvenes no debería causar asombro que el máximo monumento a la injusticia [en alusión a la SCJ] sea odiado por la gurisada de los barrios marginales”. La organización también cuestiona a los periodistas que “repiten como loros el primer disparate que les tiran” y señala que la “criminalización” de sus protestas se ha transformado en “persecución”.

Por su parte, AP ofreció una conferencia de prensa en la que su candidato a la presidencia, Gonzalo Abella, lamentó tener que salir al cruce de estas versiones. Abella explicó que existe una “campaña orquestada” en contra de su fuerza política desde que el Frente Amplio (FA) se convirtió en “la nueva derecha”, por lo que se vincula a su grupo político con la “ultraizquierda” y la violencia. Abella explicó que en un principio el partido de gobierno tendió un “muro de silencio” para ignorar a AP, pero que cuando la fuerza política “generó hechos políticos visibles” esa actitud se transformó en “persecución”.

Señaló que a partir de los vínculos que el FA mantiene con el gobierno de Estados Unidos “tiene derecho a deducir” que los dirigentes de su partido son vigilados por la inteligencia de ese país por intermedio de la Policía uruguaya. En el marco de lo que considera “sometimiento y entrega de soberanía” ante el gobierno estadounidense, Abella definió a la embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Julissa Reynoso, como la “Rosa Luna del FA”.

Consultado por la diaria, el vocero del MI Fernando Gil explicó que el vínculo entre los incidentes del martes y grupos políticos únicamente es producto de versiones de prensa. No obstante, ratificó la teoría que manejan el gobierno y la Policía acerca de que grupos radicales estuvieron detrás de los hechos, “pero radicales por los actos que cometieron y no por sus ideas”. En esa línea, Gil explicó que el comportamiento de los agresores fue “atípico” y mostró “un grado de organización bastante importante”, pero los hechos aún son investigados por la Policía, por lo que no le era posible brindar más detalles.