Ayer la agrupación colorada Batllistas de Ley organizó una actividad sobre seguridad en la Torre de las Telecomunicaciones. Hablaron el ex ministro del Interior Guillermo Stirling, el economista del CERES Ignacio Munyo, el psicólogo Robert Parrado y el ex diputado Alberto Iglesias. Unas 100 personas poblaban la sala, entre ellos el senador Tabaré Viera, José Amorín Batlle, el ex ministro del Interior Alejo Fernández Chávez y el ex periodista partidario del Club Nacional de Football y actual detective privado Ricardo Domínguez.

Stirling comenzó preguntando: “¿Por qué ha fracasado este gobierno en materia de seguridad si cuenta con un presupuesto como nunca y mayorías parlamentarias?”. Descartó que se pueda explicar el aumento de los hechos delictivos por la pobreza, porque “en los últimos años la pobreza ha bajado, pero la violencia y la delincuencia no paran de crecer”. “Los hechos han demostrado que bajó el valor de la vida humana, y los delincuentes se ríen de la Policía, los jueces y los fiscales debido a que las leyes penales no son disuasivas”, planteó. Por eso propone “agudizar las penas para que sean realmente ejemplarizantes, fortalecer el sistema judicial y rever las medidas que prohíben los allanamientos nocturnos. Stirling finalizó afirmando que la educación “como está” es “una fábrica de delincuentes”.

En su exposición sobre la delincuencia juvenil, Munyo intentó establecer las causas de su incremento, basándose en estadísticas económicas. Afirmó que los índices de violencia en Uruguay se están empezando a asemejar a los del resto de América Latina, que es “el más violento de los continentes”. “En los últimos 15 años se multiplicaron las rapiñas por cuatro, 43% de las cuales son cometidas por menores”, dijo. El problema, según el economista, es que “la delincuencia juvenil ya no es por necesidad sino, cada vez más, por elección”, ya que “dada la mala situación de la educación, los sectores de ingresos más bajos no pueden aspirar a trabajos bien remunerados y ven que mediante la actividad delictiva el botín es más grande”. “Es cierto, el riesgo es mayor, pero si a eso le agregamos que creció el consumo de drogas, que reduce tanto el horizonte temporal de la decisión como la percepción de riesgo, éste no es un problema”, dijo. Puso como ejemplo de buenas medidas al liceo Jubilar, “el milagro de Casavalle”, propuso que la rehabilitación no corra exclusivamente por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y que se baje la edad de imputabilidad penal.

Parrado comenzó criticando los datos del Ministerio del Interior, que “no son claros”, y afirmó que la ciudadanía debe acercarse a las realidades “de la Policía, del INAU, de las cárceles, para poder comprender mejor el problema”. Pidió que se deje de usar eufemismos a la hora de hablar de la seguridad y que todos dejemos de responsabilizar al otro “para ver qué grado de responsabilidad tiene cada uno”. Propuso un rol activo de las víctimas en el armado de una política integral de seguridad y dejó entrever que el Ministerio del Interior anuncia medidas que fueron creación suya sin nombrarlo.

Finalmente, Iglesias afirmó que el gobierno de Pacheco Areco “fue exitoso en materia de seguridad, porque de a pie combatimos a esa banda de delincuentes que quería alterar el orden, que fueron los tupamaros”, y afirmó: “Los únicos que tenemos autoridad para resolver el problema de la inseguridad somos los batllistas, porque de un lado tenemos la Constitución y las leyes y del otro lado el palo”.

Propuso rescatar la figura del policía de barrio “al que hasta invitábamos a los cumpleaños”, y criticó la rotación de policías, a la que calificó como una “venganza de quienes ahora están en el gobierno contra la fuerza que los venció en el pasado”. Iglesias aseguró que “ya no alcanzan los méritos para ascender, sino que también influye la visión del ministro de turno, lo cual crea una Policía del gobierno”. “Eso no lo podemos permitir”, sentenció, y propuso que los policías sean “el funcionario público mejor pago, pero también para poder pedirle mejor formación al ingresar”. Por último, dijo que a veces sucede que un policía detiene a un delincuente y si “al pichi se le ocurre decir que le tocaron los derechos humanos va procesado el policía”.