El canciller Luis Almagro desmintió que la visita de varios jerarcas del Poder Ejecutivo a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), realizada el miércoles 15 de mayo, haya significado un “intento de presión” de “un poder del Estado sobre otro”. En cambio, para el jerarca, el encuentro de ese día, “en su contenido y sus formas, demuestra exactamente lo contrario”.
Esta argumentación está incluida en la respuesta a un pedido de informes que el senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay) le presentó al ministro a raíz de la mencionada visita. Como prueba, recopila fragmentos del comunicado del Poder Judicial tras el encuentro, que decía: “No existió reclamación o reproche de clase alguna, actitud inadmisible para la SCJ. La reunión transcurrió en forma cortés y respetuosa de las respectivas competencias institucionales”.
El semanario Búsqueda publicó el 16 de mayo que concurrieron a la reunión los ministros Almagro, Ricardo Ehrlich (Educación y Cultura), Eduardo Bonomi (Interior), el secretario de Presidencia, Homero Guerrero, el director de Derechos Humanos, Javier Miranda, y el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé, quien según Almagro actuó en su calidad de integrante del Comité contra las Desapariciones Forzadas.
Este encuentro se dio semanas después de varias situaciones de tensión entre el gobierno y la SCJ, como el tallo que declaró la inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales y de algunos artículos del interpretativo de la Ley de Caducidad, y el traslado de la jueza Mariana Motta. La visita fue cuestionada duramente por la oposición.
Pasquet, en aquel momento, evaluó: “Cuando va una delegación de seis miembros a entrevistarse con los cinco ministros de la Corte, lo que se está haciendo se llama presión; con ‘guante blanco’, si se quiere, pero presión al fin”.
Almagro le contestó al senador colorado que la reunión tuvo como “única finalidad” la entrega al Poder Judicial de dos resoluciones de “distintas instancias internacionales que hacen referencia al tema de los derechos humanos y se relacionan con decisiones de la SCJ y sus efectos” en investigaciones y enjuiciamientos de crímenes del gobierno de facto. Los documentos que presentó la delegación del Poder Ejecutivo fueron las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas y la Resolución de Supervisión de Cumplimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al caso Gelman.
Pasquet también había preguntado por qué la delegación del Ejecutivo había sido “tan numerosa”, y la respuesta de Almagro fue que quienes concurrieron fueron los “integrantes de la comisión interministerial creada por resolución del Consejo de Ministros del 31 de agosto de 2011, entre cuyos cometidos se encuentran los de supervisar el cumplimiento por parte del Estado uruguayo de la sentencia de la CIDH sobre el caso Gelman”. Además, según el canciller, les plantearon a los miembros de la SCJ “aquellos aspectos que a juicio del Comité contra las Desapariciones Forzadas deberían ser mejorados en materia de legislación y políticas” en esa área.
En cuanto a la pregunta de Pasquet sobre un eventual acuerdo entre representantes de ambos poderes, Almagro dijo que los ministros de la SCJ “tomaron nota” de lo expresado y manifestaron que “para avanzar en la implementación de los informes requeridos que se piden al Estado uruguayo, nombrarían a la brevedad un punto focal para trabajar directamente” con el Ejecutivo, que será representado por Guerrero.