El tribunal arbitral nombrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial decidió que el organismo tenga competencia para tratar la demanda de la tabacalera Philip Morris International (PMI) contra el Estado uruguayo. El fallo se dio a conocer el lunes y pocas horas después la multinacional emitió un comunicado en el que "celebra la decisión del Tribunal de oír la reclamación del Tratado respecto a las medidas excesivas impuestas al tabaco por parte de Uruguay".
En ese texto, la vocera de PMI, Julie Soderlund, opinó que la decisión hace que Uruguay "asuma su responsabilidad respecto a sus obligaciones internacionales", algo que "intentó evadir en las cortes locales y ante este tribunal. Estas medidas injustificables restringen que los negocios legítimos vendan sus productos y usen sus marcas registradas, al mismo tiempo que aumentan los incentivos para el mercado negro de cigarrillos, el cual representa hoy un cuarto de todos los productos de tabaco consumidos en el país".
El comunicado finaliza expresando que el tribunal "ha despejado el camino" para que PMI "demuestre que estas regulaciones son arbitrarias e innecesarias y violan los compromisos internacionales del país". Por su parte, el gobierno también expresó su posición en una conferencia de prensa brindada ayer por el prosecretario de Presidencia, Diego Cánepa; la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Porto.
Cánepa dijo que un arbitraje es distinto a un juicio y que la estrategia de Uruguay fue cuestionar la jurisdicción del CIADI porque la demanda de PMI "reviste características únicas, sin antecedentes previos en la historia del organismo".
La multinacional, cuya sede está en Ginebra, se amparó en un tratado bilateral de inversiones firmado en 1991 entre Uruguay y Suiza, y reclama una compensación de 2.000 millones de dólares por entender que sus intereses comerciales fueron dañados por las normas antitabaco del gobierno uruguayo. Para Cánepa el fallo arbitral "es una etapa muy técnica" y Uruguay estaba "precalentando" para ver si jugaba "el partido o no", y lo que el arbitraje decidió es que "hay que jugar el partido".
El prosecretario de Presidencia opinó que el comunicado de PMI "es claramente un intento de generar un impacto para mostrar que ganaron el primer round y que esto es una ventaja", y aclaró que "no se ha decidido nada y los árbitros no han entrado ni un ápice en la discusión de fondo, que es el derecho soberano del Estado urguayo de tomar medidas para la protección de la salud de sus ciudadanos, por encima de cualquier medida comercial".
Según Cánepa, el derecho que prevalece en el ámbito internacional es "de corte anglosajón y no continental europeo", como en Uruguay y por eso se le da "una importancia mayor a la discusión sustancial y no a atenerse a los aspectos formales y procedimentales". Destacó que el gobierno evaluó "importante" la continuidad del proceso porque si bien en 2010 "era sólo Uruguay", ahora hay "otros países que tienen demandas de tabacaleras porque han tomado decisiones" iguales, como "Australia, Irlanda, Inglaterra y Noruega". Cánepa dijo que el proceso que sigue puede llegar a demorar unos dos años, comenzando con la "presentación de la demanda central" de PMI que "no se ha conocido formalmente" y continuando con "contestaciones de ambas partes". La fase final de resolución del arbitraje "debería estar pronta a fines de 2015, principios de 2016", agregó. Finalmente el prosecreatrio explicó los argumentos contenidos en el fallo y dijo que el gobierno pretende que el texto se publique íntegramente en español para que "todos lo puedan conocer".
Crítica al TCA
Cánepa dijo que los árbitros entendieron que el tratado de inversiones no explicita que los temas de salud pública sean excluidos de las actividades económicas y que las inversiones de las tabacaleras en Uruguay “están enmarcadas en el reglamento” del CIADI porque se trata de inversiones “aceptadas por el Estado, al ser el tabaco una materia de comercio legal”. Destacó que es “preocupante” la interpretación del arbitraje que entendió que hubo “denegación de justicia” para la empresa debido a “la forma jurídica de Uruguay”. Explicó que PMI recurrió al Tribunal de lo Contencioso Admnistrativo (TCA) que “un organismo único, sin posibilidades de apelación” después de que falla y eso impide espacios de “negociación con el Estado”. La ley 16.110 establece un procedimiento especial para las empresas que “se sientan agraviadas en sus inversiones” y antes de accionar los tratados de inversión o recurrir al CIADI, “deberían recorrer ese camino”, dijo Cánepa. Sin embargo “los árbitros sostienen que el Estado uruguayo renunció a dicho derecho porque el TCA jamás dijo que se tenía que ir por esa ley. Esto demuestra que la falta de conocimiento técnico de nuestros jueces genera este tipo de perjuicios a largo plazo”, agregó. Cánepa informó que en 15 días viajará a Nueva York para reunirse con distintas organizaciones que han apoyado a Uruguay durante este proceso, como Tobacco-Free Kids, y probablemente también mantega una reunión con el alcalde de esa ciudad, Michael Bloomberg, que ha implementado una serie de iniciativas antitabaco.
Por su parte, Muñiz dijo que las políticas públicas de salud “son políticas de derechos humanos” y por lo tanto “ninguna política de derechos comerciales puede estar por encima de una política de derecho humanos”. Expresó que PMI “no está interesada en el mercado uruguayo, que es muy pequeño”, pero no quiere que el ejemplo de Uruguay siga hacia “otros países”. “Nuestras políticas de control de tabaco son irreversibles”, añadió y destacó que cuentan con el apoyo de 87% de la población del país, incluido el 70% de los fumadores.