En los próximos días ingresaría al Parlamento un proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo para regular el consumo de alcohol y su publicidad.

Uno de los cambios más significativos es la habilitación de expendio mediante licencias, la prohibición de que se emita publicidad de bebidas alcohólicas durante el horario de protección al menor, el aumento de la carga impositiva según la graduación alcohólica, la prohibición de promociones en boliches -hace referencia a los “happy hour” o “after office”-, y la exhortación a las agencias de publicidad para que reduzcan en sus producciones exteriores el impulso al consumo. Establece además que las intendencias puedan decidir en qué zonas se permitirá beber en la vía pública.

Según el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Julio Calzada, el proyecto apunta a “regular un mercado con una fuerte desregulación, que no ha podido regularse debido a las pocas herramientas que se tenían para controlar el expendio y el consumo”. Calzada destaca que la idea de la ley “no es iniciar una regulación tendiente a reducir el consumo mediante precio, sino encarándolo a nivel integral, desde el punto de vista social y cultural, ya que se trata de una sustancia con amplia legitimidad en nuestra sociedad”. “Si el precio sube, la gente tiende a bajar la calidad de lo que consume, eso deriva en un fortalecimiento del mercado negro, del contrabando y el ingreso al mercado de bebidas de menor calidad o adulteradas”, argumentó.

Respecto de la posibilidad de que las medidas relacionadas con la publicidad afecten la industria, sostuvo que “siempre, cuando se establece una reglamentación, hay intereses que se ven afectados. Igualmente los criterios que el proyecto plantea ya vienen siendo manejados por las agencias desde hace tiempo, sólo que ahora, en vez de que se autorregulen, lo hacemos nosotros”. Y agregó: “No se prohíbe la publicidad, sólo se acota a un horario y se prohíbe que haya una incitación de parte de la publicidad a un consumo abusivo e irresponsable”.

Varios mostradores

Por su parte, el dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida Richard Read dijo que está de acuerdo con el proyecto de ley y con el aumento de impuestos a las empresas que producen bebidas alcohólicas. “Las empresas están vendiendo alcohol, con lo que eso significa, por lo tanto tienen un compromiso social del que se tienen que hacer cargo, si quieren hacer dinero vendiendo alcohol, que le devuelvan a la ciudadanía” recursos mediante impuestos para enfrentar “las consecuencias del consumo de sus productos”, opinó. Según Read, el aumento impositivo no afectará el mercado: “En todo caso, que suban los precios y será la sociedad la que les diga que sí o que no”.

Se espera que el proyecto ingrese al Parlamento en los próximos días. La diputada colorada Martha Montaner dijo que no lo conoce y ni siquiera sabe quién lo redactó, ya que “sólo nos llegaron rumores; algunos hablaban de la JND, del Ejecutivo, de la bancada frenteamplista, pero nunca vimos un anteproyecto o un borrador”.

Respecto del espíritu regulador de la iniciativa, prefirió no opinar “hasta leer el proyecto”, aunque afirmó: “Acompañaremos en la medida en que veamos que es efectivo”.

Por su parte, el diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay), integrante de la comisión de Adicciones, expresó que no tenía conocimiento del proyecto porque “seguramente pase a la comisión de Salud”. Sin embargo, la diputada Bertha Sanseverino, integrante de esta última comisión y también de ese sector político, cree que el proyecto pasará a la de Adicciones, y aseguró no conocerlo. Sanseverino afirmó que “es un proyecto del que se había hablado durante un tiempo pero luego no nos enteramos de nada más”. De todas maneras, enfatizó que “si ayuda a minimizar los enormes daños que el consumo de alcohol causa a la sociedad, sin que los ciudadanos pierdan la libertad de poder consumir lo que quieran, lo vamos a apoyar”.

En el ámbito de la publicidad tampoco conocen el proyecto. El presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad (AUDAP), Emir Cámara, afirmó, de todas maneras, que “todo aquello que se puede vender libremente debe poder publicitarse libremente”.

“Aquello que es vendido con restricciones debe poder ser publicitado con restricciones. Sólo no se puede publicitar aquello cuya venta está prohibida”, manifestó y posteriormente agregó: “Lo que deberíamos discutir y acordar es cuáles son esas restricciones. Y deberían estar ligadas a las distintas posibilidades de venta que existan para esos productos y a las dificultades que tengan los consumidores de acceder a ellos”.

En cuanto a las declaraciones realizadas por Calzada al diario La República, cuando afirmó que “se apelará a la ética de las agencias de publicidad para reducir en el público objetivo su impulso al consumo”, el publicista expresó que “la ética no sólo es de AUDAP. Muchas empresas la tienen. Y debe ser aplicada a todos nuestros trabajos, sin importar el medio en el cual serán exhibidas”.