El Poder Ejecutivo envió ayer la Rendición de Cuentas de 2012 al Parlamento. El contexto no era el habitual, por la apertura en plena tarde de domingo de las puertas del Palacio Legislativo y la vestimenta informal del vicepresidente Danilo Astori, que recibió la iniciativa en nombre del Parlamento, justamente el último día en que ésta podía ser entregada.

Tras la entrega del proyecto de ley, el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, encabezó una conferencia de prensa junto al director general de Secretaría de la cartera, Pedro Apezteguía, y la tesorera general de la Nación, Adriana Arosteguiberry. Lorenzo informó que el costo presupuestal adicional que tiene la Rendición es de 69 millones de dólares, de los cuales 45 millones serán destinados al aumento salarial de 3% previsto para los trabajadores de la Administración Nacional de Educación Pública, que iba a realizarse en 2015 pero se decidió adelantar a 2014.

Lorenzo recordó que el PIT-CNT había hecho una propuesta al gobierno por la Universidad de la República (que implicaba volcar nueve millones de dólares a la institución), pero sostuvo que esta Rendición no dispuso de recursos adicionales para tales fines, aunque dijo que el tema tendrá que discutirse ahora en el Parlamento.

Al final de la conferencia, Lorenzo fue consultado respecto de si esta Rendición de Cuentas “cumplía con los objetivos de austeridad”, a lo cual el jerarca respondió: “el calificativo que yo preferiría utilizar en lugar de hacer referencias a la austeridad, es que la política fiscal es sólida, prudente, y tiene una visión estratégica acerca de cómo sostener un esfuerzo para que Uruguay siga creciendo y siga mejorando el bienestar de la población”.

Otras novedades

Además, el proyecto establece nuevas compatibilidades para la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC). Se establece que será la encargada de “implementar y administrar” en los ministerios “un sistema centralizado para la realización de los sumarios administrativos del personal civil”, y también “controlar que en la realización de llamados a concurso” en estas oficinas se cumpla con los “cupos de discriminación positiva” que las normas determinen en su articulado.

En otro orden, se dictamina que aquellos funcionarios públicos que cumplan funciones ejecutivas de “carácter continuo” en las personas públicas no estatales podrán mantener sus cargos en “reserva” y optar por una de las dos retribuciones. Además, se crea dentro de Presidencia de la República el Sistema de Infraestructura de Datos Espaciales, con la finalidad de “promover y proponer acciones para una mejor organización de los servicios públicos de información geográfica y cartográfica”.

El proyecto prevé además la creación de una Comisión de Compromisos de Gestión, que actuará en los casos en que “se hubiera establecido o se establezca la necesidad de suscribir compromisos de gestión asociados a la percepción de partidas presupuestales” ministeriales. Sus miembros serán elegidos por el Poder Ejecutivo y entre sus objetivos se encuentra organizar, controlar y “llevar el registro actualizado de todos los compromisos de gestión en los que participen órganos de su competencia”.

Hay otros cambios importantes: se institucionaliza la Secretaría de Derechos Humanos en Presidencia de la República, que “sustituirá en todo a la Dirección de Derechos Humanos”. Esta nueva oficina será “el órgano rector del enfoque de derechos humanos en las políticas públicas” y estará dirigida por un Consejo Consultivo con integrantes de Presidencia y varios ministerios.

En el Ministerio de Ganadería se establece un “sistema de control zoosanitario y fitosanitario” de “todas las personas, equipajes, bultos y vehículos que ingresan al país por los puntos de ingreso autorizados”. El objetivo es evitar que se introduzcan en el territorio nacional “animales vivos o vegetales o productos, subproductos y derivados de origen animal o vegetal, en contravención a las disposiciones sanitarias y fitosanitarias vigentes”.

En varios lugares

El proyecto también habilita a que los funcionarios presupuestados de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) con más de tres años de antigüedad puedan ser “declarados excedentes” y “redistribuidos” por la ONSC hasta el 31 de diciembre de 2014. Para concretar eso, se les dará prioridad a “Entes Autónomos y Servicios Descentralizados de dominio industrial y comercial del Estado”. En estos casos no podrá haber una rebaja salarial. A la sociedad anónima de AFE con la Corporación Nacional para el Desarrollo, que realiza el rol de empresa operadora ferroviaria, también se la habilita a “realizar transporte de pasajeros” en el área metropolitana de Montevideo.

En otro orden, se incluye un representante de la Universidad Tecnológica (Utec) en el Fondo de Solidaridad; se habilita a la Dirección General del Registro de Estado Civil a “celebrar convenios con las Alcaldías” para la “celebración de matrimonios en los locales de éstas o en el que dispusieran en conjunto”, y se establece que el Estado premiará “la labor de los compositores o autores musicales, ciudadanos uruguayos naturales o legales” mediante unos “Premios Nacionales de Música” que se “otorgarán” en forma anual y por categorías, a “obras inéditas tanto instrumentales como vocales realizadas por aquéllos”.

A la Utec también se la habilita a constituir un “Fondo de Infraestructura Pública-Utec” para, entre otras cosas, “contribuir al crecimiento, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura edilicia educativa pública”. Este fondo será administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Por último, mediante el proyecto que ingresó al Parlamento está previsto que se conforme una “Ventanilla Única de Comercio Exterior”, que tendrá “autonomía técnica”, funcionará en el Instituto de Promoción de la Inversión y las Exportaciones de Bienes y Servicios y su “objeto” será “unificar en un solo punto de entrada, a través de medios electrónicos, los permisos, certificados, licencias y demás autorizaciones, documentos e informaciones, que se exigen ante y por los organismos públicos para cumplir con los trámites” de comercio exterior. Por otra parte, también se conforma el Instituto Naval del Estado, para “promover el desarrollo de la industria naval nacional”, así como también otras actividades del rubro. Su directorio estará compuesto por miembros elegidos por varias carteras del Poder Ejecutivo.