El grupo de trabajo programático sobre Economía presentará hoy a la Comisión de Programa del Frente Amplio (FA) su documento síntesis. Es un texto de 22 páginas denominado “Bases de la política económica para el 3er Gobierno Nacional del Frente Amplio 2015-2020”. Está firmado entre otros por el senador emepepista Héctor Tajam; por Gabriel Papa, asesor del ministro de Economía, Fernando Lorenzo; por el director de la Asesoría Macroeconómica del ministerio, Andrés Masoller; por el ex ministro de Economía Álvaro García (Partido Socialista); y por el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay).

En primera instancia, el documento refiere a las condiciones internacionales en las que se desarrollaría un eventual tercer gobierno del FA. Se señala que la salida de la crisis internacional no es inminente y que subsisten las dudas respecto de sus impactos en la región y en Uruguay. Se sostiene que debe considerarse un escenario “en que se aminoren y posiblemente se reviertan las condiciones favorables de los precios internacionales de las exportaciones”.

Dentro de la coyuntura regional, se resalta el “estancamiento” de la agenda externa del Mercosur. Se indica que merece “especial consideración” la adopción de medidas de regulación cambiaria llevadas adelante por Argentina, y “la incertidumbre respecto de crecimiento, estabilidad de precios y estrategia cambiaria de los grandes vecinos”. Se sostiene que Uruguay debe hacer “los máximos esfuerzos” para concretar una estrategia común del Mercosur que permita que la zona “responda unida a los desafíos planteados internacionalmente”.

“En términos de la estrategia de desarrollo, la opción pasa por reafirmar la pertenencia” al Mercosur, se afirma. La negociación conjunta del Mercosur con terceros países o bloques “es la prioridad”, y se incorpora como alternativa “la negociación de flexibilidades y formatos que permitan a los miembros del bloque avanzar a distintas velocidades”.

En cuanto a la política tributaria, se sostiene que debe seguirse “mejorando la equidad del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, procurando una nivelación entre las tasas efectivas que soportan tanto las rentas de capital como los ingresos del trabajo percibidos por las personas”. La rebaja del Impuesto al Valor Agregado se mantiene como objetivo.

Más adelante aparecen propuestas de cambios tributarios planteadas por sectores del FA. “Como toda opción de política económica, un aumento de la presión fiscal tiene cierto grado de incertidumbre [...] Intentar acelerar la distribución del ingreso solamente mediante modificaciones tributarias entraña la disyuntiva de cuánto crecimiento se está dispuesto a arriesgar para obtener dicho objetivo”, se afirma.

No obstante, señala que se puede “seguir avanzando” en el sistema tributario “alterando selectivamente la presión tributaria sin afectar la competitividad sectorial”. “Por ejemplo, a la población de más alto ingreso, a los sectores con ganancias extraordinarias o poderosos patrimonios, al consumo importado de bienes suntuarios o competitivos con la producción nacional con una muy baja calidad”, enumera el documento. Incluye además la posibilidad de “considerar un uso más selectivo de la promoción de inversiones”.

La política cambiaria, en tanto, deberá “atender la competitividad” y “lograr una creciente desdolarización de la economía”. En el combate a la inflación, se afirma que “la política heterodoxa” ha dado “resultado en el corto plazo”. “Sin embargo, se requieren políticas macroeconómicas más estructurales, de carácter anticíclico”, se advierte.

Empleo y producción

En materia de políticas de empleo, se proponen medidas de recalificación profesional y subsidios al empleo de carácter temporal dirigidos a mujeres, jóvenes de bajo nivel de instrucción y bajos ingresos, adultos mayores de 45 años y desempleados.

Se defiende la ley de negociación colectiva y se sostiene al mismo tiempo que el gobierno “promoverá acuerdos que aseguren que los aumentos salariales sean compatibles con la sostenibilidad de los costos laborales y la inflación, al tiempo que acompañen el crecimiento de la economía y los sectores”.

Respecto de la matriz productiva, el documento sostiene que si bien está planteado “el riesgo de la llamada ‘primarización’”, el sector agropecuario “presenta importantes efectos de ‘difusión’ y multiplicadores sobre la economía en su conjunto”. Se agrega que una matriz productiva “para el desarrollo sustentable” deberá centrarse en la incorporación de valor agregado en las cadenas productivas.

El documento refiere a la necesidad de “desalentar la concentración de la propiedad” y estimular “nuevas formas de propiedad y de gestión colectiva”. En ese sentido, se habla de institucionalizar el Fondo de Desarrollo (Fondes). “La economía social ha avanzado en forma significativa. El Fondes ha sido su principal instrumento, con la rica experiencia de emprendimientos colectivos que han logrado recuperar importantes empresas con el protagonismo de sus trabajadores”, se destaca en el texto. Finalmente, se entiende “pertinente” la creación de un Banco de Desarrollo, integrando al Banco República como “protagonista central”.