La Cámara de Diputados aprobó ayer en sesión extraordinaria el proyecto de ley sobre tenencia, porte, comercialización y tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, una iniciativa del Poder Ejecutivo que ya había sido votada en el Senado, pero que volverá a esa cámara tras las modificaciones de los diputados. El informe en mayoría de la Comisión de Constitución y Códigos fue realizado por la diputada frenteamplista Daisy Tourné (Partido Socialista, PS), quien detalló que el texto se refiere a aspectos que no estaban regulados en Uruguay, algo que “estalló cuando surgió en la legislatura pasada el caso Feldman”.

El proyecto presenta las condiciones que deben cumplir aquellos que quieran obtener un arma legal, señala los casos en que la tenencia de un arma se constituye en hecho ilícito y define la figura de tráfico de armas, explicó Tourné.

Para la diputada “esto no arregla el tema de la seguridad”, pero “es una herramienta más”. “Quienes tengan armas no registradas tendrán un plazo de un año para solicitar la autorización de su tenencia, pasado el plazo tendrán un arma no autorizada y serán pasibles de ser multados”, explicó la diputada. El artículo 1º prohíbe “la tenencia y porte de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que no hayan sido debidamente autorizados por el Ministerio del Interior, por el Ministerio de Defensa Nacional o por ambos”. Se concede el plazo de 12 meses para que quienes tienen armas de fuego en forma “antirreglamentaria” regularicen la situación, pudiendo hacer “entrega voluntaria” de éstas “sin que deba justificarse su procedencia”, para ser destruidas por el Servicio de Material y Armamento del Ejército. Quienes no procedan a regularizar la situación recibirán sanciones. El texto define como delito el tráfico internacional de armas, así como el tráfico interno y la fabricación ilegal.

Algunos diputados nacionalistas votaron a favor, mientras otros acompañaron el proyecto en general pero votaron en contra de algunos artículos. El Partido Independiente (PI) votó a favor, por lo que en general el articulado consiguió entre 52 y 64 votos, dependiendo de cada punto; la bancada colorada no acompañó la propuesta. El nacionalista Javier García (Espacio 40), que dio su voto a la iniciativa, dijo que esta ley “es un aporte a la seguridad, separando muy claramente a aquellos que tienen armas legalmente y en regla y castigando a quienes las tengan en forma ilegal. Es una garantía para la seguridad pública y para evitar que circulen armas ilegalmente y terminen en manos de los delincuentes”. García presentó un aditivo para la “incautación inmediata” en aquellos casos en los que, teniendo armas de fuego autorizadas, su titular haya sido procesado por delitos de violencia doméstica, y en caso de haber sentencia condenatoria, la suspensión en la tenencia del arma será de un plazo no menor a diez años.

Como algunos diputados oficialistas se manifestaron a favor del agregado, se pidió un cuarto intermedio y se presentó nuevamente el aditivo con algunas modificaciones. La incautación inmediata también alcanzará a todos los delitos violentos, incluyendo los de violencia doméstica. Firmado por Tourné, García e Iván Posada (PI), consiguió 61 votos en 67.

Ana Lía Piñeyrúa (Alianza Nacional, AN) apoyó el proyecto en general, pero votó en contra de tres artículos, mientras que Pedro Saravia (AN) argumentó en contra de toda la iniciativa diciendo que la mayoría de los uruguayos que poseen armas “no son delincuentes” y se verán perjudicados por la norma. El independiente Posada dijo que se trata de un proyecto “democratizador” porque “elimina privilegios que no tenían sustento”.

A lo guapo

El segundo tema del orden del día, el tratamiento de los proyectos de ley de la Universidad de Educación, según la denominación que le dan el Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado, o de Instituto Universitario de Educación, nombre que le otorgó la Ley General de Educación de 2008 y que el proyecto del PI propone mantener, se postergó para el 11 de setiembre. El diputado del FA Roque Arregui (PS) explicó que en un “gesto de buena voluntad” la bancada oficialista decidió acceder a un pedido “de más tiempo” por parte del PN. Arregui dijo, no obstante, que “hubo mucho tiempo” para debatir, y enumeró todas las instancias con participación de los cuatro partidos por las que pasó el proyecto.

Desde el PN se informó que el pedido no provino de toda la bancada sino del sector de AN. El coordinador de los legisladores de ese grupo, Pedro Saravia, explicó que el pedido provino del líder de AN, el senador Jorge Larrañaga. El representante explicó que si bien el tema “se trató mucho en comisión, no hubo espacio a determinadas cosas y desembocó en una votación que no tenía mucho sentido lógico”. De aquí al 11 de setiembre, la bancada de diputados de AN espera reunirse con los senadores del sector para “manejar las diferencias” con el proyecto oficialista, que refieren a “la forma de elegir el cogobierno”. Saravia reconoció que si el FA no concedía la postergación de la discusión, la bancada de AN “no iba a votar la creación” del nuevo ente autónomo, que necesita dos tercios de los votos del total de miembros de la cámara.