Los trabajadores de la Compañía de Ómnibus de Pando Sociedad Anónima (COPSA) decidieron el miércoles, en asamblea, paralizar sorpresivamente los servicios si mañana temprano no tienen los sueldos depositados en los cajeros. Además del paro, que comenzó a las 8.00 del miércoles y terminó a las cero horas de ayer, los transportistas se movilizaron por la avenida 8 de Octubre.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores de COPSA (ATC), Oilcar Camaño, explicó a la diaria que el paro y la asamblea fueron convocados porque se está discutiendo con la empresa “un convenio interno por problemas de condiciones de trabajo”. Un aspecto que preocupa a la ATC son “las consecuencias de una reestructura que viene llevando a cabo la empresa”, que consiste en convertir a los accionistas menores en sociedades de hecho.
Se trata de una figura jurídica cuyo acuerdo no se estipula en un contrato por escrito ni cumple las formalidades de otras sociedades. “Históricamente el sector suburbano está compuesto por accionistas minoritarios y trabajadores asalariados, pero con este cambio la empresa se ahorra el tener que pagar beneficios y aportes. Las sociedades de hecho son como un quiosco: lo abro, trabajo y pago un ficto, pero trabajan 16 horas y cobran por 16 horas comunes, y además el aporte al Banco de Previsión Social (BPS) se ve recortado, porque aportan por un ficto dispuesto por franjas, y pagan en la más baja unos 1.200 pesos mensuales, mientras que en la otra modalidad pagaban 15.000 pesos”, explicó Camaño. El dirigente agregó que todos estos “ahorros” deberían verse reflejados “en el precio del boleto en beneficio de los usuarios”, ya que esos costos están contemplados en la paramétrica que configura el precio de los pasajes. Camaño mencionó que actualmente los trabajadores asalariados y las sociedades de hecho se desempeñan “todos en la misma rotación de servicios, y usando el mismo uniforme”.
Camaño explicó que la ATC ha mantenido reuniones con “el regulador”, que es el Ministerio de Trasporte y Obras Públicas (MTOP), y recordó que las líneas de ómnibus “son del Estado, del pueblo; las compañías las explotan con un permiso precario”. También se reunieron con autoridades del BPS y legisladores, especialmente “con la bacada de diputados del Frente Amplio [FA]”. “Lo que queremos es que la reestructura se detenga, se pare, aunque no necesariamente reclamamos que se vuelva para atrás lo hecho”, dijo Camaño.
Por otra parte, denunció que la empresa continúa explotando líneas, como la 712 y la 713, utilizando empresas tercerizadas, a las que incluso COPSA les vende los coches. Esta situación no está permitida, pero el MTOP “volvió a extenderle el plazo por 90 días más, para regularizar la situación”, agregó. Finalmente, Camaño señaló que la asamblea respaldó la actuación de la directiva, y que resolvió que si el sábado 10 en la mañana “no están los salarios en los cajeros, se van a realizar paros sorpresivos en la flota”. Actualmente, COPSA tiene unos 700 trabajadores asalariados, y en total, con sociedades de hecho y accionistas, ocupa a unos 1.100 transportistas.
Ribetes políticos
Esta semana, una delegación de la ATC fue recibida por la bancada de diputados del FA. El representante por Rivera Rubenson Silva, del Partido Socialista, explicó a la diaria que se recibió a los trabajadores “con mucha preocupación, porque se trata de una situación complicada”. La bancada resolvió conformar un grupo de trabajo integrado por los legisladores frenteamplistas de las comisiones de Legislación del Trabajo y Transporte y de Comunicaciones y Obras Públicas, con el fin de reunirse con “los distintos actores”. Ya están previstos encuentros entre los diputados, el director nacional de Transporte, Felipe Martín, el BPS y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Fuentes del MTOP explicaron a la diaria que existe una serie de problemas que complejizan las negociaciones y el diálogo entre las partes, porque no se trata sólo de una situación laboral. COPSA es una empresa “con dificultades serias de gestión y con un endeudamiento financiero muy importante”, que incluso motivó la creación de un fideicomiso para que la firma “pudiera reposicionar sus deudas a largo plazo”, explicaron. COPSA sostiene que el problema es que las tarifas del boleto están bajas y que eso la perjudica, a tal punto que le inició una demanda al Estado en reclamo de una indemnización de 50 millones de dólares. Sus abogados son el ministro del Interior del gobierno de Luis Alberto Lacalle, Juan Andrés Ramírez, y el ex subsecretario del MTOP en ese período, Ricardo Gorosito. Este juicio es uno de los principales escollos para acercar a las partes. En el MTOP afirman que “este gobierno no va a aceptar que los usuarios paguen costos financieros”.