Hay un caso bien reciente. El tiroteo ocurrido el 5 de agosto en Pocitos caló hondo en la oposición, y la muerte de un policía en manos de los delincuentes motivó rápidamente un par de proyectos de ley.
Uno, presentado tan sólo tres días después del hecho por la bancada del Partido Nacional, eleva las penas en caso de “homicidio cometido contra agentes policiales” y “guardias de seguridad”. “Creemos que en nuestra sociedad ha descaecido el principio de autoridad, entendido éste como el ejercicio imprescindible en un sistema democrático de las facultades que la Constitución y las leyes confieren a las autoridades legítimamente constituidas. Es necesario volver a creer en el sistema de seguridad pública y ello empieza por respetar y hacer respetar a quienes se les ha conferido la responsabilidad de cuidarlo”, argumentaron los legisladores blancos en esa iniciativa.
El Partido Colorado tampoco se quedó atrás con este tema. La bancada de Vamos Uruguay presentó tan sólo un día después del episodio una minuta de comunicación que solicitaba al Poder Ejecutivo desde el Parlamento “la remisión de un proyecto de ley por el que se establezca la creación de un seguro de vida de grupo o colectivo para los funcionarios policiales abatidos en el cumplimiento del deber”.
Un poco más atrás en el tiempo hay más casos con estas características. En junio de este año dos guardias personales del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, fueron sometidos a controles antidopaje cuyo resultado dio positivo, según consignó La República. El hecho motivó que el diputado José Carlos Cardoso (Todos) decidiera redactar un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de este tipo de controles a funcionarios con cargos de representación política, magistrados y miembros de la Fiscalía de Gobierno, con competencia en materia penal y de combate al crimen organizado. “Obviamente, si la comercialización está prohibida, quien consume drogas ilegales necesariamente tendrá alguna forma de contacto con el mercado del narcotráfico”, razonaba Cardoso en la exposición de motivos del proyecto, que tuvo amplia cobertura mediática por esos días.
La seguridad parece ser un tema estrechamente ligado con este tipo de oportunidades. En setiembre del año pasado, la directora del Liceo Nº 16 fue destituida de su cargo tras ser denunciada por docentes y funcionarios del centro educativo.
Se le había ocurrido amenazar a trabajadores del local con un arma de fuego perteneciente al efectivo policial que realizaba el servicio 222 del local, aunque luego mostró las balas en su mano, señalando que la pistola estaba vacía. Para evitar estas situaciones anormales, el diputado Ricardo Planchón (Todos) decidió presentar un proyecto de ley pocos días después, que obliga a todo el personal docente y administrativo de la Administración Nacional de Educación Pública a pasar por un “peritaje psiquiátrico” en “forma anual”.
Afuera de la seguridad
Los aniversarios y las conmemoraciones también parecen ser buenos momentos para presentar iniciativas legislativas. Así lo entendieron los diputados Gerardo Amarilla, Luis Lacalle Pou (ambos del Partido Nacional), Alma Mallo (Partido Colorado) y Daniel Radío (Partido Independiente), que consideraron pertinente presentar un proyecto de ley en plena Semana de la Discapacidad de diciembre de 2011, en el que se establece que “todos los organismos públicos que realicen obras en la vía pública deberán incluir en el pliego de condiciones del llamado a las mismas una cláusula que indique que las empresas adjudicatarias deberán realizar, a su costo, en cada esquina, el rebaje del cordón en cada esquina de la acera a efectos de permitir el acceso universal según las normas internacionales sobre accesibilidad universal”.
Pocos días después, el 15 de diciembre de ese año, el diputado del Movimiento de Participación Popular Esteban Pérez (Frente Amplio) presentó un proyecto de ley para que la Escuela Técnica de Toledo (Canelones) pasara a llamarse Maestro Julio Castro. 15 días antes se habían reconocido sus restos a partir de un cuerpo encontrado en el Batallón 14. “La Escuela Técnica está ubicada junto al Batallón 14 donde fueran hallados sus restos, nos parece pertinente designarla con el nombre ‘Maestro Julio Castro’”, expresa la exposición de motivos.
No descansen en paz
El domingo 27 de marzo de 2011 fue un día soleado, cálido y muy disfrutable para los uruguayos, pero el voto obligatorio en las elecciones del Banco de Previsión Social (en las que, como si fuera poco, tanto trabajadores como empresarios tenían candidato único) seguramente perturbó a más de uno.
La implementación de todo el aparato electoral del país para unos comicios con tan poca expectativa llegó a tiendas políticas y, pocos días después, cuando todo el país discutía la necesidad de tal acto cívico, los diputados Daniel Radío e Iván Posada, del Partido Independiente -y también Planchón, pero en otro texto-, presentaron proyectos para atenuar la situación. Mientras el nacionalista pretendió establecer el voto no obligatorio en esa instancia, los independientes propusieron que en caso de lista única se suspenda la elección y se proclame como ganadora a esa propuesta.
Hay más casos de este tipo. Seis días después de que el Poder Ejecutivo presentara la Estrategia por la Vida y la Convivencia, cuyo proyecto más polémico establecía regular la comercialización de la marihuana, al diputado nacionalista Pablo Iturralde se le ocurrió presentar un proyecto para despenalizar la “plantación, el cultivo y la cosecha así como la industrialización y el comercio de plantas y partes de plantas, de cannabis de uso no psicotrópico (cáñamo industrial)”.
La exposición de motivos establecía que “es interés de los actores de la agroindustria del cáñamo industrial o cannabis de uso no psicotrópico, se trate en forma independiente la autorización legal del cultivo del cáñamo industrial [...] de uso no psicotrópico del autocultivo del cannabis para uso psicotrópico”. Si se trató de darle una “forma independiente” a esta iniciativa, lo cierto fue que los tiempos en los que se propusieron uno y otro proyecto fueron casi los mismos.
Yerba no hay
Las diferencias en la interna del gobierno también generaron proyectos de ley. Las críticas que hizo la Dirección Nacional de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), a proyectos como el puente sobre la Laguna Garzón y la admitida necesidad del presidente José Mujica de reforzar esta unidad ejecutora tuvieron sus consecuencias parlamentarias. En julio de 2012, y apenas 14 días después de la renuncia de la ex ministra Graciela Muslera al MOVTMA (y pocos días después de que el director de Medio Ambiente, Jorge Rucks, amenazara con renunciar a su cargo), el senador colorado Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley para crear un Comisionado Parlamentario para la Protección del Medio Ambiente que asesorara al Parlamento.
Otro legislador que se mostró preocupado por la seguridad fue el senador Francisco Gallinal, que decidió presentar una iniciativa para ampliar el concepto de legítima defensa en un proyecto ingresado a la Cámara el 7 de junio de 2011. Dos días antes, La República había titulado en una de sus notas: “Diez casos de legítima defensa en lo que va del año”.
Pero si de oportunidades y guiños a la población se trata, hay un proyecto que no puede dejar de ser mencionado: los primeros días de agosto el diputado blanco Jaime Trobo reclamó llevar a “tasa cero” los impuestos y recargos a la yerba mate, consternado por un aumento de 35% del precio de ese producto en el último año.