Ayer de tarde, y durante más de cuatro horas, la jueza penal de 9º Turno, Gabriela Merialdo, les tomó declaraciones a la integrante de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites, al ex dirigente del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN) Jorge Zabalza, al activista de la Asamblea Nacional Permanente (ANP) por la Defensa de la Tierra y los Bienes Naturales Álvaro Jaume, a la militante de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) Patricia Borda, al secretario general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo Aníbal Varela y a los integrantes de la ANP Diego Jaume y Eduardo Jaume.

Cuestión de genes

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT expresó en una declaración que el procesamiento de militantes sociales solicitado por Zubía “es una forma de judicializar las movilizaciones populares”. En una declaración emitida ayer, la central de trabajadores agrega: “Siempre hemos respetado a la Justicia uruguaya, pero esto no significa que la misma no sea plausible de críticas; en este caso, nosotros tenemos la convicción de que, de no modificar esta postura, cometerá un profundo error que perjudicará a las organizaciones de la sociedad”. Edgardo Oyenart, uno de los dirigentes del PIT-CNT que participaron en la movilización en la SCJ e ingresaron al lugar para hablar con el jefe del operativo policial para “evitar una masacre”, agregó que “procesar a personas por participar en una manifestación es un disparate”. El dirigente expresó que el 15 de febrero fue testigo de que “no hubo ninguna agresión, no se rompió nada” y que tuvo que participar en un cordón humano para “proteger” a personas ancianas del atropello policial. “Me parece que los genes del fiscal Zubía pueden más que su responsabilidad profesional e institucional”, concluyó Oyenart, en referencia a los lazos familiares del representante del Ministerio Público con militares.

Como se sabe, el fiscal Gustavo Zubía solicitó esta semana el procesamiento con privación de libertad por el delito de atentado especialmente agravado de los cuatro primeros y el procesamiento sin prisión por el delito de complicidad de los tres últimos, por el caso que se investiga de la manifestación en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del 15 de febrero, convocada por varias organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos en rechazo del traslado del ámbito penal al civil de la jueza Mariana Mota.

La magistrada estaba a cargo de medio centenar de expedientes de casos sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y apeló la decisión ante la SCJ -que obviamente negó el pedido-, y ahora su situación se analiza en la órbita del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Pero volvamos al caso del pedido de procesamiento de los militantes sociales. Ahora Merialdo se tomará un plazo de hasta 45 días para decidir si hace lugar al pedido del representante del Ministerio Público o si archiva definitivamente el caso. Según los abogados defensores, hay una tercera opción, que es continuar con la investigación, pero se trata de un procedimiento “inusual” en la Justicia uruguaya.

Sacale una foto

Los siete indagados ingresaron al edificio del Poder Judicial, en la calle Misiones 1469. Entraron todos juntos y alentados por los cánticos de cerca de un centenar de manifestantes que se apostaron detrás del vallado protegido por unos 20 efectivos policiales. Durante la larga audiencia se fue sumando más gente, convocada por varias organizaciones sociales y sindicales.

Usando la sede judicial como lugar de operaciones y protegiéndose detrás de la custodia y del vallado, un fotógrafo y un camarógrafo, uniformados con chalecos de la Policía, se dedicaron a registrar a los manifestantes durante toda la tarde y a esbozar una sonrisa cuando recibían algún grito de protesta o cuando les sacaban fotos a ellos desde el otro lado.

Dos de las pruebas sobre las que se basó el pedido de Zubía fueron un video de la manifestación en la SCJ, proporcionadas por los tres canales privados de televisión a la Policía, y otro con filmaciones realizadas por la propia institución. Pero las imágenes de la televisión estaban editadas por la Policía, por lo que los abogados defensores solicitaron a la jueza acceder y visualizar el material audiovisual en bruto. Merialdo accedió, y luego de que la Policía llevara los videos completos que tenía en su poder, se procedió a observarlos en la audiencia. Una fuente de la Policía informó a la diaria que el Departamento de Operaciones Especiales pidió las imágenes a todos los canales de televisión abierta, que Televisión Nacional Uruguay no accedió a proporcionarlos y que luego las imágenes en bruto fueron editadas por Policía Técnica.

Juan Fagúndez, abogado de Jorge Zabalza, de Álvaro Jaume y de uno de sus hijos, explicó que el alegato que presentó se basó en que “el delito por el que se pide el procesamiento no se adecua a lo que pasó”. “Lo que hubo fue una protesta y no se puede comparar una protesta con un delito. Pero el fiscal interpreta las pruebas en un sentido, que hubo instigación para impedir el acto [de asunción de Mota como jueza civil] y nosotros decimos que hubo una protesta social que lo que hizo fue demorar ese acto durante tres horas”, afirmó.

Los primeros en salir del juzgado fueron Zabalza, Varela y los tres Jaume; media hora después lo hicieron Borda y Leites.

Todo preso es político

Zabalza expresó que “éste es un caso penal que se sale de lo habitual y entonces hay que seguir esperando”. El ex referente del MLN opinó que “la acusación del fiscal es política” y que pretende “escarmentar a los que luchan por verdad y justicia, a los que quieren juicio y castigo para los criminales de Estado, y por eso se utiliza a siete compañeros como vehículo para desalentar la lucha”.

Zabalza contó que el día de la manifestación en la SCJ, no pretendió “interrumpir ningún acto”. Según dijo, estaba vestido “de chinelas y bermuda”, y cuando se cerraron las puertas del Palacio Piria algunos quisieron entrar “para presenciarlo, no para interrumpirlo”, y entonces él le preguntó al vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, si podía ingresar al acto, y éste le respondió que sí.

Una estrategia de defensa diferente fue la que tomó Ignacio Durán, abogado defensor de Borda. Durán dijo que después de observar los videos “se puede apreciar que ella fue pacíficamente a la manifestación, porque tiene vínculos familiares con la doctora Mota y concurrió a expresarle su solidaridad”. Para Durán, el dictamen del fiscal “es apresurado, no está fundado y le falta solidez”, y dijo que solicitó que la jueza citara a declarar a cinco testigos, entre los que se encuentran un fotógrafo y un docente compañero de Borda, quienes estuvieron en la manifestación, y la propia jueza Mariana Mota. Durán explicó que si bien no cree que Zubía “cambie el dictamen”, la jueza Merialdo “tiene la potestad de archivar el expediente y el caso puede concluir en esa posibilidad”.

Leites dijo que su alegato se basó en que éste es “un juicio político”, y que solicitó que el proceso fuera “oral y público”, pero que la jueza “no lo consideró”. Agregó que “se eligieron siete personas para estigmatizarlas y acusarlas de lo que pasó, porque no hay una conducta diferencial de esos siete con respecto a todos los demás que estuvieron en la manifestación”. Finalmente, Leites expresó que en el fallo de Merialdo “se juega mucho del futuro”, y que en la declaración realizó “un alegato a favor del derecho a la protesta” y pidió a la jueza “amparo contra la prepotencia de la Policía con sus abusos y seguimientos”.