Las sociedades siempre sacrifican derechos y libertades en nombre de la seguridad. La cuestión es cuánto están dispuestas a ceder y cuánta buena voluntad guía las acciones de vigilancia.

En Estados Unidos las autoridades te toman las huellas digitales y la foto sólo si te arrestan: si las archivan, tenés antecedentes policiales. Acá te las toman a los pocos días de nacer, al tramitar la primera cédula de identidad. Desde la perspectiva del derecho a la privacidad eso podrá sonar feo, pero la cosa tiene su lógica cuando te roban la tarjeta de crédito, ¿o no? Si los microlocalizadores de GPS fueran de costo accesible, ¿cuántas familias habría dispuestas a insertarlos en sus hijos e hijas a modo de vacuna contra el extravío, el secuestro y la travesura? ¿Y a registrarles el ADN en un archivo privado, por las dudas? El Proyecto de Alta Tecnología en Seguridad Pública por el cual se procura saturar Montevideo de cámaras de vigilancia provoca escozor entre espíritus libérrimos temerosos de ser filmados mientras se hurgan la nariz. Bueno, es la vía pública. Si no te divierte la posibilidad de que te atrapen, conseguite una habitación.

También es preciso buscarle el punto de equilibrio entre derechos y seguridad al Sistema Guardião de vigilancia, capaz de intervenir, grabar e interpretar 1.000 conversaciones de 800 teléfonos celulares y 200 fijos en forma simultánea, además de controlar cuentas de email y redes sociales. El gobierno lo compró por dos millones de dólares y en secreto, para agarrar desprevenidos a los futuros vigilados (la “ventaja táctica”), como si no se fueran a enterar de todos modos.

El enorme sistema habilitará a la inteligencia del Estado a efectuar verdaderos “megaoperativos” virtuales. Haciendo cuentas, más allá de que tenga las facultades, ¿está bien que el Poder Ejecutivo disponga sin conocimiento del Parlamento una compra por un costo equivalente a la construcción de dos escuelas? ¿O que les legue a los siguientes gobiernos un gasto anual de 200.000 dólares en mantenimiento de equipos? ¿Habrá tanta pesquisa como para requerir un procesamiento de datos de tal magnitud y a tal velocidad? ¿Cuántas autorizaciones judiciales serían necesarias para poner a funcionar este aparato aunque sea a medio vapor? ¿Resistirán los funcionarios a cargo de las 30 terminales la tentación de usar la capacidad ociosa de las instalaciones para sus propias averiguaciones, extrajudiciales e ilegales?

Otro interrogante es cómo se usará la información obtenida mediante el Sistema Guardião. Para responderla, ver lo que se hace ahora con esos datos no está de más. Está de menos.

El 24 de agosto, agentes de civil arrestaron y torturaron a 12 hombres y mujeres que se aprestaban a asistir a una manifestación, identificados como “radicales” y “violentos” por la inteligencia. La Policía afirmó que se trató de un “procedimiento preventivo” en la modalidad de “detención en averiguaciones”. Fueron capturados camino a la marcha, conducidos a la Jefatura de Policía de Montevideo, obligados a desnudarse y a quedarse de plantón, amenazados, golpeados, registrados y liberados a las cinco horas, todo esto sin conocimiento de la Justicia.

Sí: 28 años después de la dictadura se sigue arrestando en Uruguay a ciudadanos de minorías políticas, ahora porque algún bobo de la inteligencia presagia que van a tirar piedras. De paso, se los tortura. Como si fuera un mal chiste, los detenidos el 24 de agosto son solidarios con la misma causa por cuya defensa el presidente José Mujica debió vender la casa de su madre: por oponerse a la extradición en 1994 de los vascos Miguel Ibáñez, Jesús María Goitia y Luis María Lizarralde.

Mientras, esa inteligencia boba es incapaz de encontrar pruebas para acusar siquiera a los vándalos que hace tres meses asaltaron y saquearon la sede del Poder Judicial en medio de un festejo deportivo. Esa inteligencia boba deduce que fueron “radicales” de izquierda, dada la “virulencia” y la “organización” del ataque (porque llevaban piedras en las mochilas…). Esa inteligencia boba no pudo acusar a ninguno de los 89 detenidos esa noche.

¿Está bien que el Estado gaste tanta plata en facilitar “procedimientos preventivos” contra personas que no han cometido delito alguno? ¿Para qué? ¿Para alimentar el miedo que lleva a muchos estudiantes a cubrirse el rostro en las marchas del 14 de agosto? ¿Para vigilar a ciudadanos críticos del gobierno, lo que cierta suspicacia atribuye al encono entre antiguos tupamaros hoy en trincheras opuestas? ¿Para buscar argumentos que permitan dispararles balas de goma a manifestantes?

El Parlamento se agitó por la compra del Sistema Guardião. Pero le ha restado importancia a una gravísima violación de derechos humanos cometida hace diez días por aquellos a quienes se pretende equipar con esa tecnología de última generación. Esta indolencia plantea, otra vez, la vieja duda: ¿está la sociedad uruguaya dispuesta a poner en riesgo tantas libertades en aras de la seguridad?