El Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) aprobó el sábado las bases programáticas para un eventual tercer período de gobierno elaboradas por la Comisión Nacional de Programa (CNP) de la coalición de izquierda. El documento respaldado ayer será sometido a consideración de la estructura del FA, para ser finalmente debatido en el Congreso Hugo Cores, que se desarrollará el 23 y 24 de noviembre.
El sábado se acordó, a propuesta de la coordinadora B, conformar una comisión que estudie la posibilidad de incluir una propuesta concreta de reforma constitucional en el programa. Si bien la mayoría de los sectores del FA señalan la necesidad de un cambio de este tipo, en el programa no se incorporó una propuesta explícita.
El tema se debatió en la última reunión de la CNP; la mayoría de los participantes entendió que no era conveniente incluir una propuesta en ese sentido si antes no se definía la forma a través de la cual se instrumentaría la reforma -por leyes constitucionales o por Convención Nacional Constituyente-, y los contenidos de la propuesta.
Un tema que está sobre la mesa es la modificación de la estructura del Poder Judicial. Se plantea que la competencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de resolver sobre la constitucionalidad de las leyes pase a un nuevo Tribunal Constitucional, y que sus competencias sobre la designación de jueces las asuma un Consejo Superior de la Magistratura. A la SCJ le quedarían todo el resto de las funciones jurisdiccionales, incluida la resolución sobre las casaciones (la última instancia de apelación en un juicio).
El martes pasado, durante la última reunión de la Comisión de Programa del FA, algunos participantes entendieron que la inclusión de una disposición con estas características en el programa podría constituirse en un blanco de los ataques de la oposición, y se resolvió no ponerlo en el documento a consideración del Plenario.
Lo digo o no lo digo
Los sectores del FA tienen diferencias en este punto. Asamblea Uruguay no está de acuerdo con incluir en el programa una propuesta de reforma constitucional. “Nos parece poco serio, y tampoco hemos encontrado contenidos de peso que ameriten una reforma”, señaló la diputada de ese sector Daniela Payssé. Indicó que la moción del Plenario la “tomó por sorpresa”, porque ya existe una comisión en el FA trabajando el tema, que no ha alcanzado hasta el momento consensos. Respecto a una eventual reforma del sistema judicial por vía constitucional, Payssé dijo que su sector tampoco está de acuerdo. “Podemos estar de acuerdo o no con las decisiones del Poder Judicial, pero es un Poder independiente del Estado”, sostuvo.
En el documento “Lineamientos programáticos 2015-2020”, el Movimiento de Participación Popular (MPP) señala la necesidad de una reforma constitucional durante el tercer período de gobierno, como una forma de “consagrar la incuestionabilidad de los Derechos Humanos en toda su dimensión” y de formular un “reconocimiento explícito de la diversidad social, racial-étnica y cultural de la sociedad uruguaya”. En particular, sobre una eventual reforma del sistema judicial, se señala como propuesta: “Impulsar las reformas institucionales que sean necesarias a los efectos de la transformación de la administración de Justicia, incluyendo, y de ser necesario, la reforma constitucional correspondiente”.
El diputado por Rocha Aníbal Pereyra (MPP) aclaró que, en la medida en que exista acuerdo en el oficialismo sobre “los ejes que habría que cambiar y el camino constitucional para hacerlo”, su sector estaría de acuerdo en incluir en el programa la reforma constitucional. El dirigente del Partido Socialista (PS) José Nunes afirmó que su sector propuso la necesidad de incluir en el documento de programa en forma explícita la reforma constitucional, y sostuvo que los delegados socialistas están de acuerdo en “revisar” la organización del sistema judicial. El Partido Comunista del Uruguay (PCU) está de acuerdo con la reforma constitucional pero no tiene posición todavía sobre una eventual reforma del sistema judicial.
El Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) está de acuerdo en ambos puntos. “Defendimos en la comisión de programa la idea de que es necesario modernizar el Poder Judicial dándole una estructura distinta, separar los aspectos administrativos de los aspectos judiciales, y dar más transparencia a los mecanismos de ingreso”, explicó Pablo Anzalone, dirigente del sector.
Competidores
Los dos precandidatos a la Presidencia de la República por el Frente Amplio, Tabaré Vázquez y Constanza Moreira, asistieron al Plenario Nacional del sábado. Vázquez se retiró sin hacer declaraciones y Moreira aseguró que “la relación con Vázquez es más que fraterna”.
Héctor Díaz, representante de la Vertiente Artiguista en la Comisión de Programa, evaluó que una propuesta de reforma constitucional debería implicar “acuerdos con algún otro partido, porque si no, es una aventura”. Recordó que el FA fracasó en las pasadas elecciones en dos intentos de reforma constitucional: uno para instaurar el voto de los uruguayos en el exterior y otro que planteaba la nulidad de la Ley de Caducidad. Respecto a la propuesta de reformar el sistema judicial, opinó a título personal que “es muy poco político largarlo sin tener antes un buen debate interno” sobre quiénes integrarían los nuevos organismos y cómo se elegirían. Se mostró partidario en cambio de “utilizar bien los instrumentos que existen hoy”, por ejemplo, fomentando un mayor conocimiento por parte de los parlamentarios de los jueces a los que deben autorizar el ascenso. Advirtió por otra parte que en este tema “es muy importante la opinión de la SCJ”.
En una resolución del 21 febrero de este año, luego del traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo había recomendado la creación de un Tribunal Constitucional y de un Consejo Superior de la Magistratura.