Dos jóvenes que habían sido detenidas junto con otras diez personas cuando se dirigían a la Marcha del Filtro del 24 de agosto y quedaron en libertad fueron nuevamente víctimas de una detención policial entre jueves y viernes de la semana pasada. La Policía acusa a este grupo de 12 personas de participar en los incidentes del 14 de agosto en la marcha del Día de los Mártires Estudiantiles. El titular del Ministerio del Interior (MI), Eduardo Bonomi, reconoció en la Cámara de Diputados que en la marcha se infiltraron efectivos policiales. Los jóvenes detenidos el 24 de agosto denunciaron haber sido sometidos a maltratos físicos y psicológicos, que se les mantuvo incomunicados y nunca fueron derivados a un juez (ver la diaria del 29/08/13).
El jueves 29, cerca de las 16.00, una de las jóvenes, que es ciudadana chilena pero vive en Uruguay desde hace un tiempo, recibió una llamada de alguien que se identificó como funcionario de la Dirección Nacional de Migración y que la invitó a dirigirse a esa dependencia del MI porque estaba pronto un trámite que ella había iniciado. Según el relato de activistas que se encontraban con ella, la joven tomó una bicicleta y salió de la casa en la que estaba para ir hasta la oficina desde donde supuestamente había recibido la llamada, pero tras una cuadra de recorrida, fue interceptada por una camioneta y detenida por personas vestidas de civil.
El abogado Pablo Ghirardo explicó que tras enterarase de la desa- parición de la joven, comenzaron a pedir información en distintas dependencias policiales, pero recién a las 4.00 del viernes fue informado de que había sido detenida por un operativo a cargo del Departamento 4 de la Dirección General de Información e Inteligencia (DNII), al mando del subcomisario Raúl Roberto Pírez, y que se encontraba en la Comisaría de la Mujer y la Familia.
En la mañana del viernes, otra de las jóvenes fue detenida cuando esperaba el ómnibus para ir a trabajar. Un vecino que vio la situación informó a la familia de la mujer. Ella y la joven chilena fueron trasladadas al Juzgado Penal de 16º Turno a cargo de la doctora Julia Staricco, quien ya había procesado sin prisión a dos personas por el delito de daños a la propiedad durante la marcha del 14 de agosto.
Tras declarar por varias horas, la fiscal “no encontró elementos para afirmar que las detenidas estuvieran en hechos de violencia o de apariencia delictiva”, informó Ghirardo a la salida del juzgado. Las jóvenes quedaron en libertad sobre las 18.00 del viernes. Sin embargo, Ghirardo advirtió que si se analiza “cómo se están dando los hechos, no es de descartar nuevas detenciones”.
La joven chilena denunció ante la jueza que el 24 de agosto “sufrió trato inhumano y fue amenazada con ser deportada”, algo que los policías reiteraron entre jueves y viernes, añadió el abogado. La DNII presentó como pruebas una “filmación proporcionada por Canal 12 y un video hecho por ellos”, elementos que no alcanzaron para inculpar a las detenidas. Ghirardo remarcó que si bien Staricco no negó desconocer las detenciones, tampoco libró una orden de detención previa. Todo el operativo se basó en el accionar policial, que sólo después puso a estas personas a disposión de la Justicia.
Remover ya
La Juventud Socialista del Uruguay (JSU) publicó una declaración en la que “repudia los abusos a militantes detenidos”, cometidos por “funcionarios” del MI “antes de la Marcha del Filtro” y expresa que “la infiltración de las fuerzas represivas” en la marcha del 14 de agosto fue “desmedida e injustificada”. Este tipo de operativos “generan rechazo e indignación” y no deben “ser parte de una política” del MI bajo “un gobierno democrático”, por lo que las autoridades “deben hacerse responsables de estos hechos”. La JSU considera que “bajo un gobierno democrático y de izquierda, estos hechos no pueden suceder”, y repudia los “operativos que criminalizan la movilización social”. Exige “explicaciones” sobre éstos porque “recuerdan un pasado cercano que no debe repetirse”, y que se remueva de sus cargos “ya mismo” a los policías que “cometieron abusos contra militantes sociales”. La JSU plantea que estas cosas “seguramente les pase a muchos más”, por otras razones, y declara que no permitirá que el MI “continúe con estas prácticas que violentan los derechos humanos”.