El Estatuto del Río Uruguay dispone que cada país debe consultar al otro en el caso de la realización de cualquier obra que afecte la navegación, el régimen del río o la calidad de sus aguas. Dispone plazos para el intercambio de información, pero deja una zona ambigua en este sentido: si un país entiende que la información proporcionada no es suficiente, puede solicitar más datos, y puede interpretarse que los plazos no empiezan a correr hasta que ese país se considere satisfecho con la información proporcionada.
En esta situación está el pedido de ampliación de producción de la pastera UPM, realizado por el gobierno uruguayo en el seno de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) el 15 de marzo de 2012. La pastera fue autorizada a producir 1.111.250 toneladas de pasta de celulosa por año. Esta cifra generó molestia en el gobierno argentino, ya que la autorización inicial era para producir un millón de toneladas. Argentina ya expresó su enojo por esta situación durante el cruce de comunicados entre los cancilleres Luis Almagro y Héctor Timerman a mediados del año pasado. “Tal aumento de producción constituye una modificación a las condiciones de funcionamiento previstas en el proyecto original, por lo que la planta de UPM, a partir del año 2009, está introduciendo directa o indirectamente en el medio acuático del Río Uruguay mayor cantidad de sustancias y energía, de la que resultan efectos nocivos para ese curso fluvial”, señalaba la cancillería argentina.
“La delegación argentina rechazó esta presentación y reiteró la necesidad de que el gobierno uruguayo procediera a adecuar su conducta a las normas del Estatuto de 1975, el Digesto sobre el Uso y Aprovechamiento del Río Uruguay, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia [de La Haya] y su propia normativa interna, exigiendo a UPM producir dentro de los límites de un millón de toneladas oportunamente autorizado”, agregaba el gobierno argentino. En tanto, la solicitud de ampliación de producción a 1,3 millones de toneladas realizada por Uruguay en marzo de 2012 no ha recibido respuesta por parte de Argentina, que solicita mayor información. “Uruguay ya respondió todo, ya manifestó que entregó toda la documentación completa”, explicó a la diaria el presidente de la CARU, Gastón Silberman. El tema está ahora en las cancillerías. Mientras Argentina no se declare satisfecha con los datos proporcionados, los plazos para autorizar la ampliación de producción no empezarían a correr, y la situación permanecería incambiada. “La Dirección Nacional de Medio Ambiente ya manifestó que no tiene inconvenientes respecto de la ampliación de la producción, pero para autorizarla tiene que recibir el visto bueno de la CARU, de los Estados parte. El Estado uruguayo no tiene inconveniente, pero todo depende del Estatuto del Río Uruguay y del acuerdo con Argentina”, explicó Silberman.
De blancos
La inquietud de los sectores productivos por la situación se trasladó a legisladores del Partido Nacional. Los diputados Álvaro Delgado, Jaime Trobo y Verónica Alonso citarán por este tema a Almagro y a Kreimerman a la comisión de Industria integrada con Asuntos Internacionales. “Los legisladores indagarán si la negativa del gobierno responde a algún tipo de presión o pedido de su par argentino”, señalaba el comunicado de Delgado y Trobo.
El viernes, UPM anunció que paralizará sus actividades a partir del sábado 14 para realizar tareas de mantenimiento. “La reanudación de las operaciones de la planta está prevista para el miércoles 25 de setiembre. Esto está sujeto a la aprobación del permiso por parte del Estado para incrementar su producción de 1,1 a 1,3 millones de toneladas anuales, de lo contrario la planta no podrá reanudar su actividad hasta el mes de noviembre”, indica el comunicado.
El mismo viernes se reunió en Fray Bentos la comisión de seguimiento de la UPM. La empresa informó de la paralización por tareas de mantenimiento pero no dijo nada respecto de mantener detenidas las actividades hasta noviembre, indicó a la diaria el intendente de Río Negro, Omar Lafluf. “Hay titulares de prensa que dicen que el gobierno le negó a la empresa [la ampliación de producción], pero a la empresa el gobierno no le comunicó nada”, señaló el intendente.
Ayer El País informó sobre la preocupación de transportistas, productores forestales, trabajadores de la madera y la Cámara de Industrias por esta situación. La paralización afectaría a 600 conductores de camiones, a 600 empresas forestales y a cientos de trabajadores con contratos a término que no contarían con cobertura de seguro de paro.
El vicepresidente Danilo Astori dijo a El País que no hablará porque es “un tema muy delicado”. El canciller Luis Almagro dijo al mismo medio que el trámite “está en curso en la CARU” y que ese organismo no tiene “derecho de veto”. “Los plazos son los de los artículos 7 al 12 del estatuto y finalizan aproximadamente en la tercera semana de setiembre”, apuntó el canciller.