La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) intimó a mediados de enero a la minera Aratirí a que presente información faltante para evaluar la autorización ambiental. La información fue difundida ayer por el senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay) y confirmada a la diaria por la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), Raquel Lejtreger.
“Una vez que se aprueba la Ley de Minería de Gran Porte, se establecen nuevos requerimientos. Se intimó a Aratirí a que presente esa información, adicional a lo que se exigía previo a la ley”, explicó la jerarca. La minera deberá presentar un análisis de impacto urbano y un plan de cierre de minas que especifique el conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos negativos de la actividad minera, incluyendo el reacondicionamiento del territorio. Aratirí ya había presentado un plan de cierre antes de que se aprobara la ley, pero la nueva norma “es mucho más exigente”, explicó Lejtreger.
La minera deberá presentar además una auditoría del estudio de impacto ambiental. Aratirí tendrá que proponer el nombre de la consultora internacional que realizará la auditoría, y le compete al ministerio aceptarlo o no. “En la auditoría, se pide que los términos de referencia tengan la aprobación del MVOTMA. Además, la empresa propone quién hace la auditoría y el MVOTMA tiene que avalarlo”, explicó Lejtreger.
La subsecretaria informó que la solicitud de esta información a Aratirí se realiza por primera vez y que desde el MVOTMA se pretende que “todos los pasos sean lo más claros posible”.
Ayer Pasquet dio una conferencia de prensa en la que reclamó que el contrato entre el gobierno y Aratirí, cuya firma está prevista para el 7 de febrero, respete la Ley de Minería de Gran Porte. “La ley establece exigencias muy claras. Dice que el contrato debe ajustarse a los términos de la autorización ambiental previa y dice además que el contrato sólo se firmará previa constitución de garantía por parte de la empresa. Hasta donde sabemos, no hay garantía constituida todavía”, señaló el legislador.
Advirtió que Aratirí aún no ha cumplido con lo exigido por la Dinama, y que “en estas condiciones, faltando el aporte de información decisiva por parte de la empresa”, parece “más que claro que no puede firmarse el contrato”.
Pasquet se mostró también preocupado porque el gobierno no da a conocer el texto del contrato. “Hay un incomprensible secretismo del gobierno, que no da a conocer lo que es de interés público. Queremos saber de qué se trata, cuáles son las cláusulas. Acá no estamos discutiendo que si el medio ambiente, que si el desarrollo. Estamos diciendo que se cumpla con la ley”, remarcó. “No entendemos cómo después de lo de Pluna el gobierno insiste con el secretismo y con estas actitudes que están colindando con la ilegalidad”, agregó.
En tanto, el gobierno interpreta que la ley no lo obliga a tener la autorización ambiental de Aratirí antes de la firma del contrato. Lejtreger admitió que este punto puede ser discutible, pero que lo que es “indiscutible” es que el contrato “debe adscribirse a la autorización ambiental” y que “no va a entrar en vigor hasta que no esté la autorización ambiental”.
Contras y pro
El Movimiento por un Uruguay Libre de Megaminería (Movus) también realizó una conferencia ayer, en la que advirtió que Aratirí no tendrá los efectos beneficiosos que el gobierno proclama, sobre todo en materia económica. En la misma línea que Pasquet, advirtió sobre las ilegalidades en las que incurriría el gobierno si firmara el contrato en estas condiciones (ver la diaria de ayer).
Por otra parte, Movus denuncia que existe una mina a cielo abierto de Orosur, en la cuenca del Santa Lucía, en Florida, que está en estado de abandono y a la que no se le aplicó el plan de cierre previsto en el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa. Desde la Dinama señalaron a la diaria que la mina tiene “todas las autorizaciones vigentes” y que “no está abandonada técnicamente”. Informaron que Orosur presentó en agosto del año pasado una nota en la que explicaba que hasta diciembre del año pasado la mina permanecería sin operar, para evaluar si continúan o no con la búsqueda.
En tanto, ayer el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, defendió el proyecto de Aratirí. Dijo que se afectarán territorios cuya productividad es inferior a la media nacional y que se indemnizará a los perjudicados. “Los que tengan que dejar de ser productores pueden optar por un sistema de rentas que puede estar entre siete y 15 veces por encima del valor del mercado”, aseguró. Otra opción que tienen es “vender el campo al Instituto Nacional de Colonización” o “hacerse socios de la minera, recibiendo 2% de lo recaudado”. Además, Aguerre consideró que el proyecto no tendrá un impacto significativo en materia de consumo de agua. “Se usará el equivalente a regar 1.000 hectáreas de arroz. No es nada”, valoró.