A diez días de la fecha prevista para la firma del contrato con la minera Aratirí, se intensifican las advertencias desde los movimientos contrarios a la minería a cielo abierto y desde algunos sectores de la oposición. Hoy el senador colorado Ope Pasquet (Vamos Uruguay) dará una conferencia de prensa en la que se referirá a algunos aspectos del contrato que firmará el gobierno. Ayer el legislador no quiso adelantar los contenidos de su conferencia, pero tuiteó: “Hasta donde sabemos, Dinama [Dirección Nacional de Medio Ambiente] no se expidió y Aratirí no constituyó garantía de cumplimiento. Así no se debe firmar el contrato”. En varias instancias durante enero, Pasquet alertó sobre lo que entiende que es una “falta de transparencia” del gobierno en este tema. La semana pasada, en la media hora previa a la Comisión Permanente del Parlamento, advirtió que el gobierno debe cumplir con la Ley de Minería de Gran Porte en el contrato que firme con Aratirí. Se mostró preocupado porque se suscribirá el acuerdo sin tener aún la autorización ambiental y sin que se haya hecho el depósito de garantía, como lo exige la ley.

Similares preocupaciones expresará hoy el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería, que dará una conferencia una hora antes que Pasquet. El movimiento informó ayer, mediante un comunicado, que hoy se adelantarán las “acciones jurídicas a consideración” ante la firma de un contrato que “estaría violando disposiciones constitucionales y legales, el procedimiento de evaluación ambiental de estos proyectos y la consulta a la ciudadanía para la toma de decisiones de esta importancia”. Uno de sus integrantes, Raúl Viñas, dijo a la diaria que podría presentarse una denuncia penal por “abuso de funciones” en contra de los funcionarios que firmen el contrato con Aratirí, si éste incumple la Ley de Minería de Gran Porte. “Si alguien firma un contrato que va contra la ley, es abuso de funciones. Van a tener que justificar por qué se lo firman a un empresa que no cumple con nada de lo que se le solicitó”, advirtió Viñas.

Además, según expresa el comunicado, el movimiento buscará fundamentar que el gobierno “falsea información” sobre los efectos de Aratirí en materia de ingresos económicos, empleos y restauración del área afectada por la extracción de hierro.

En tanto, el gobierno mantiene la fecha del 7 de febrero para la firma del contrato con la minera, señalaron fuentes oficiales. El ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, había declarado que aguardaría que concluyeran los descargos de los propietarios de los predios afectados por servidumbres y concesiones de explotación en favor de Aratirí, pero el proceso se ha complejizado.

La semana pasada, la diaria informó que se planificaba presentar más de 100 recursos contra la vista previa elaborada por el Ejecutivo, en la que se solicita la concesión de explotación de los predios en favor de Aratirí. Los productores alegaban que faltaban datos esenciales en la vista, como las razones por las cuales se pretende explotar el predio, así como datos respecto de la titularidad de los predios. Ayer El País publicó fragmentos de un recurso presentado por una veintena de productores, que esgrimen esos fundamentos. Los propietarios entienden que, al estar la vista previa incompleta, se “lesionan las garantías de derecho de los administrados”, y el acto de concesión “se inficiona de nulidad”. Finalmente, solicitan la nulidad de la vista “hasta que se subsanen los graves errores de procedimiento señalados” y se dé “cumplimiento a las garantías del debido proceso”.

Estudio de caso

Hoy el Movimiento Uruguay Libre difundirá el caso de una mina a cielo abierto en las cercanías del arroyo Chamamé, en la cuenca del Santa Lucía, departamento de Florida, que no fue cerrada como está dispuesto en el Código de Minería. Viñas informó que se trata de una mina de la empresa Orosur que este año no estuvo operativa y que está en estado de abandono. En el estudio de impacto ambiental, la empresa se comprometía a realizar la cobertura del suelo, a construir un lago artificial en la cantera y a garantizar la “revegetación” con “semillas de pasturas escogidas”, pero nada de esto se concretó por el momento. Quedó abierta una cantera de alrededor de 200 metros cuadrados y 60 metros de profundidad. “No tiene ningún remedio y quedaron expuestos minerales al ambiente”, señaló Viñas.

La Ley de Minería de Gran Porte establece un plan de cierre de minas, pero por las dimensiones, no se aplica para el caso de esta mina en Florida. Sí se aplica el Código de Minería, que en su artículo 100 dispone que la empresa, para ser beneficiaria del permiso de exploración o de la concesión para explotar, deberá presentar un “plan de cierre o abandono de la actividad, incluyendo las acciones de acondicionamiento del sitio que se considere necesario”. También establece que la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) es la encargada de ejercer la “vigilancia y fiscalización técnica de toda actividad minera, incluyendo el plan de cierre o abandono” de las minas. Más allá de esto, el Código no dispone sanciones para las empresas que incumplan con el plan de cierre previsto. la diaria intentó sin éxito contactarse ayer con las autoridades de la Dinamige.

Viñas consideró que hay “contradicciones internas” en el gobierno, ya que, por un lado, la Dinama y OSE diseñan acciones para proteger la cuenca del río Santa Lucía, y por otro, “en el catastro minero toda esa zona está para la explotación de oro”.