La diputada frenteamplista Daisy Tourné (Partido Socialista) planteó el martes, en la hora previa a la Comisión Permanente, la necesidad de debatir sobre el ejercicio y el consumo de la prostitución. Ayer, en diálogo con la radio El Espectador, la legisladora dijo que, salvo “rarísimas excepciones”, la mayoría de las personas “que trabajan sexualmente, hombres y mujeres”, lo hacen porque “están en extremas condiciones de vulnerabilidad”. “Hay que preguntarse si uno, a cambio de dinero, lo haría con cualquier persona y en cualquier condición. Creo que para nosotros, o para nuestros hijos e hijas, tendríamos una respuesta enseguida. El problema es cuando el trabajo sexual le corresponde a otros”, agregó. Tourné llamó a reflexionar: “¿Es realmente una sociedad madura, avanzada, educada la que considera que el cuerpo de algunos se puede comprar y vender?”.
También se preguntó a qué se hubieran dedicado las trabajadoras sexuales si hubieran tenido “la posibilidad de conseguir un trabajo diferente, que les gustara, en el que pudieran recibir un pago digno”. “Es la pregunta que tengo. Capaz que hay gente a la que le encantó. Yo, sinceramente, en el fondo del alma, pienso, como mujer -y lo voy a decir con total crudeza, a ver si se entiende-, que tener que aceptar a cualquier persona sobre o en mi cuerpo por un precio no me sería grato”, expresó la diputada socialista en la entrevista radial.
Modelo nórdico
Las reacciones tras el planteo de Tourné no demoraron en llegar. Patricia Acuña, del grupo Mujeres por la Abolición de la Prostitución en Uruguay, dijo que comparte plenamente la propuesta de la diputada y opinó que la implementación del denominado “modelo nórdico” ha sido exitosa en países como Suecia, Noruega, Islandia, Corea del Sur y, más recientemente, Francia. En este modelo “no se criminaliza ni se penaliza a la mujer que se prostituye, sino a los clientes y a los traficantes de mujeres, que son los que mantienen la industria”. Según Acuña, “nueve de cada diez mujeres que se prostituyen dejarían la actividad si pudieran” y “siete de cada diez comienzan en la industria alrededor de los 13 o 14 años, lo que habla del grado de elección que tienen las mujeres”. La joven, que se define como “sobreviviente del prostitución”, sostiene que se trata de “una forma de esclavitud y una violación a los derechos humanos”.
En diciembre, el “modelo nórdico” fue adoptado por Francia. Acuña hizo referencia a las palabras de la diputada socialista Maud Olivier, quien dijo en el debate parlamentario en aquel país: “¿Basta que una sola prostituta se declare libre para que la esclavitud de las otras sea respetable o aceptable?”. Recordó, por otra parte, que 70% de las mujeres que se dedican a la prostitución desarrolla niveles de “estrés postraumático iguales o superiores a los que sufren los veteranos de guerra”, y suelen contraer enfermedades de transmisión sexual.
El movimiento del que forma parte Acuña desarrolla una campaña global para abolir la prostitución y para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adopte la perspectiva de que la prostitución “es violencia contra las mujeres y no debería ser legal”. La idea es “apoyar e implusar enfoques progresistas” como el “modelo nórdico”, que penaliza a los clientes y despenaliza a las mujeres que se prostituyen, explicó. La activista discrepa con una reciente declaración de la ONU en la que “se equipara la prostitución a un trabajo, para separarla de la trata”. “Pero cuando una persona no fue traficada, es muy borroso. Te dicen que las personas son grandes, que ya saben lo que hacen. Si no te meten en una camioneta y te secuestran, es difícil que la gente vea que es explotación”, apunta. El grupo cree que el debate no es sobre si las mujeres eligen la prostitución, sino que se debe custionar y condenar “las elecciones destructivas de los clientes”.
Debate complejo
Por su parte, Lilián Abracinskas, directora de la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), opinó que no se trata de un debate nuevo, sino que “lleva mucho tiempo” en el país, “circulando en la realidad de las personas que realizan trabajo sexual y entre las organizaciones sociales”. Además de la Ley 17.515, una iniciativa aprobada en 2002, en la que trabajó Tourné junto con el diputado colorado Daniel García Pintos, también hay políticas públicas dirigidas a quienes ejercen este trabajo, como el acompañamiento del Ministerio de Salud Pública.
Abracinskas dijo que, por ejemplo, las organizaciones trans, tienen propuestas para modificar y mejorar esa ley. “Éste es un debate muy complejo, y si bien hay un importante movimiento abolicionista, también hay otro que dice que hay mujeres que realizan trabajo sexual y que quieren ser dignificadas en su tarea”, agregó.
La referente de MYSU explicó que las trabajadoras opinan que la prohibición incrementa el circuito de trata y tráfico, que son, en definitiva, “los grandes problemas”, pero por detrás hay vinculada gente muy poderosa. “No empecemos por el hilo más fino”, advirtió.
Ojo con Suecia
Colette Richard, presidenta de la Unión Trans del Uruguay y de la Red Nacional de Personas Trans, opinó que la legislación sueca citada por Tourné tiene “varios problemas”, sobre todo por las consecuencias laborales que tiene sobre la población trans. Richard estimó que en Uruguay, 90% de las personas trans se dedica a la prostitución, a pesar de que las estadísticas oficiales hablan de 58%. “El tema es que este porcentaje que maneja el Poder Ejecutivo se calcula a partir de las personas registradas en el Ministerio del Interior. Pero cuando recorremos el país vemos que muchas personas que ejercen la prostitución no están registradas, entre otras cosas, porque no tienen los 2.500 pesos para pagar el monotributo”, explicó. La vocera de la Unión Trans del Uruguay citó un trabajo que el año pasado elaboraron junto a MYSU, en el que proponen cambios concretos a la normativa vigente.
Richard fue cauta al momento de plantear posibles regulaciones del trabajo sexual. “Hay que tener cuidado con esto de presentar a la prostitución como si fuera algo malo, porque se termina cayendo en una nueva mirada discriminatoria y estigmatizante hacia las trabajadoras sexuales. Es como repetir esquemas que vienen desde el cristianismo. Lo importante es que la población trans tenga opciones laborales que no pasen exclusivamente por la prostitución, como hasta ahora”, reflexionó Richard, quien prefiere focalizarse en implementar cambios en la Ley 17.515, que regula el trabajo sexual.