Enrique Machado, presidente de Cooptravinor, explicó a la diaria que desde que ocuparon el predio, en mayo de 2013, los trabajadores que ahora integran la cooperativa se encargan del cuidado de la viña e hicieron la poda y la cura, “para demostrar que es viable la autogestión”. El Banco República, que es el principal acreedor del concurso y tiene hipotecada la propiedad, les dio desde agosto la custodia del predio, y desde entonces cinco trabajadores se encargan del mantenimiento. “Hicimos todo el aguante de la viña, la viña está, ¿te parece justo que después de todo no se haga la vendimia?”, se pregunta Machado. “Tenemos la fruta y queremos procesarla, y demostrar también con la vendimia que esto es viable”, añade.

Para poder encarar la vendimia a partir del 20 de enero, que es cuando estiman que estará la fruta pronta para cosechar, la cooperativa necesita capital de giro para contratar destajistas, comprar combustible, pagar flete y poner en marcha la molienda en la bodega. En total, para la vendimia y para tener en junio el vino procesado, necesitan unos 50.000 dólares.

Los trabajadores de la cooperativa han iniciado gestiones con el Fondo Raúl Sendic, del Movimiento de Participación Popular, para contar con los recursos con los que poder hacer la vendimia, y actualmente el fondo está estudiando la solicitud de crédito. Los trabajadores presentaron dos propuestas de pago vinculadas a la venta de lo producido. Otra de las alternativas que manejan, en caso de no conseguir los fondos para producir para la cooperativa, es hacer la vendimia a façon, para lo que deberían gestionar algún acuerdo con un bodeguero.

Bajo administración

El trayecto de la cooperativa, que actualmente integran 16 trabajadores, no ha sido fácil, principalmente por el proceso concursal en el que están involucrados.

Calvinor surgió en 1984, respaldada por el Banco Interamericano de Desarrollo como productora de uvas para el consumo. Esa venta no funcionó, por la alta competitividad brasileña. Ante esta realidad, en 1989 nació Viñedos y Bodegas de Bella Unión SA, propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) y la azucarera Calnu. La empresa tampoco tuvo éxito en ese entonces, porque producía vinos de variedades blanco y rosado, cuando el mayor consumo pasaba por el vino tinto. En 2006 la CND se desvinculó de la empresa, y tras sucesivas ventas, en 2009 tomó el control Feracor, propiedad de Bruzzone y Sciutto. Años más tarde se vendió la mayoría del paquete accionario a los productores de Canelones Washington y Richard Charamelo, que tampoco pudieron hacer funcionar la empresa. A fines de 2012 cerró. En mayo de 2013 Feracor se presentó a concurso voluntario, y fue designada la Asociación de Peritos del Uruguay como encargada de la sindicatura de la empresa, que nombró a Gabriel Ferreira como su representante.

El 10 de octubre estaba prevista una reunión de la junta de acreedores, en la que se elaboraría la lista de aquéllos, se establecería las deudas y se discutiría el destino de la bodega y las viñas. Pero esa reunión se suspendió, ya que había tres empresas en la lista de acreedores que, según planteó el síndico, no eran efectivamente acreedores. El juzgado falló a favor de Ferreira, pero las empresas apelaron la resolución, por lo que el expediente está a estudio y todavía no hay fecha para la reunión de la junta de acreedores. Para eso se tendrá que esperar el fin de la feria judicial, en febrero.

Ahora, por lo tanto, los trabajadores están funcionando con el aval del síndico, bajo la premisa de que todo lo generado posteriormente al concurso está por fuera de la masa concursal, es decir, de los activos a dividir entre los acreedores. En paralelo, el síndico busca negociar la venta a granel de parte del vino que estaba en la bodega, unos 400.000 litros.

Largo plazo

Desde junio, con el apoyo de un equipo técnico del Instituto Nacional de Cooperativismo, los trabajadores de Cooptravinor elaboran un proyecto para presentar al Fondo de Desarrollo, que estaría pronto para elevar a las oficinas en Torre Ejecutiva a fines de este mes. El objetivo es solicitar un crédito de 1.600.000 dólares para llevar adelante un proyecto que implica el trabajo de 42 hectáreas de viñas nuevas, la diversificación de parte de la producción y el arrendamiento de algunas tierras.

Por el momento, los trabajadores se mantienen en el seguro de paro, y a fines de 2013 solicitaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la extensión del beneficio, en espera de que tengan éxito las alternativas planteadas para poder seguir adelante con la producción de vino, allá en el norte, a 30 kilómetros de Bella Unión.