El PIT-CNT comenzó ayer una campaña para conseguir la mayor cantidad posible de desafiliaciones de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), en el marco de la ley 19.162, que realizó modificaciones al régimen mixto de seguridad social vigente desde 1995.
La central sindical ha sido una firme opositora de este régimen y ayer, en una conferencia de prensa, volvió a ratificar sus intenciones de que todo el sistema de seguridad social vuelva a manos del Banco de Previsión Social (BPS). “Ésta fue una reforma en la época más profunda del neoliberalismo, donde predominó la privatización en todos los sentidos, no sólo en la seguridad social”, comentó Ismael Fuentes, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.
La ley 19.162, aprobada en octubre del año pasado, posibilita desafiliarse del sistema de AFAP a quienes eran mayores de 40 años el 1º de abril de 1996 y eligieron quedar incluidos en el régimen mixto. Tendrán tiempo para realizar el trámite hasta el 31 de enero de 2016. También podrán revocar su afiliación aquellas personas que optaron por una distribución especial de sus aportes entre el BPS y el sistema de AFAP (amparándose en el artículo 8 de la ley 16.713, que creó este régimen), a partir de que cumplan 40 años de edad y hasta los 50. Quienes sean mayores de 48 años tendrán plazo hasta el 31 de enero de 2016 para comenzar el trámite. A partir del asesoramiento que da el BPS, el usuario tiene un plazo de 90 días para realizar la desafiliación.
La ley habilita a un total de 268.211 personas a desafiliarse y desde el PIT-CNT se espera que la “amplia mayoría” de ellos lo haga, explicitó ayer Fuentes.
El dirigente también informó que hay 1.752 entrevistas de asesoramiento agendadas en el BPS a partir de marzo, una cifra “importante”: “creemos que es un buen síntoma”, diagnosticó. De ese número, más de 60% de las entrevistas fueron agendadas en Montevideo.
Según valoró, la aplicación de la ley permite un “hecho democrático importante, en la medida en que los trabajadores podemos tener acceso total a la información y a partir de allí tomar decisiones”. Fuentes recordó que la posibilidad de desafiliarse del régimen de ahorro individual siempre fue parte de la plataforma de la central. El reclamo fue apoyado por la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay.
Otras voces
María Jimena Pardo, directora de República AFAP, opinó que la postura del PIT-CNT es “totalmente esperable”, en función de las reivindicaciones que siempre llevó adelante la central. Según dijo, 1.752 entrevistas de asesoramiento ya fijadas en el BPS es una cifra “acorde” con lo que la empresa había previsto. No obstante, expresó que en República AFAP “hasta ahora ha habido menos consultas por este tema de las que se esperaban”. La mayoría de los interesados concurren a “informarse sobre en qué consiste la ley y, en base a la situación personal de cada uno, si se podrían beneficiar de ella”.
Pardo dijo que se prevén “muchas solicitudes de asesoramiento”, aunque “pocas desafiliaciones” y explicó que según los números de República AFAP “a la mayoría de las personas no le va a servir desafiliarse ni revocar su afiliación”. “Cada caso requerirá un asesoramiento personalizado” para evaluar la situación, expresó.
En tanto, el diputado nacionalista Pablo Abdala sostuvo que la ley responde a un “debate planteado en el seno de la izquierda” que “se ha ideologizado en demasía”: “Hay quienes están a favor del mantenimiento del actual régimen y otros, entre los que está el presidente del BPS [Ernesto Murro], que no han cejado en el empeño de debilitar el sistema y se proponen volver atrás y reinstalar el régimen anterior”. Para el legislador los trabajadores y jubilados “son tomados de rehén en esta lucha” y la norma busca “debilitar el sistema”, algo que, aseguró, los dirigentes del PIT-CNT “confesaron”. Abdala criticó además que “no se explica que la opción quede restringida [en muchos pero no en todos los casos] a quienes tienen entre 40 y 50 años, cuando el trabajador se encuentra en la mitad de su vida laboral y se lo obliga a tomar una decisión en la que puede equivocarse. Si realmente el propósito era beneficiarlos habría que haber establecido esta posibilidad cuando estuvieran próximos a su jubilación”.