El presidente José Mujica dijo el domingo a Radio Monte Carlo que la situación climática comenzaba a adquirir “carácter de calamidad” y que habría que apelar, entre otros recursos, a “la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, que en estos casos son insustituibles” porque “son las únicas que pueden llegar a cualquier lugar a cualquier hora y organizar soluciones, trasladar gente, organizar comedores”. “Desde el punto de vista práctico es invalorable lo de las Fuerzas Armadas, que tienen capacidad y experiencia organizativa para soluciones de emergencia. Están desplegadas trabajando en varios puntos del país”, abundó, y días después se informó que entre sus tareas está la de reparar el sistema vial en Canelones.
No hace falta ser muy suspicaz para suponer que esas declaraciones presidenciales tuvieron que ver con el conato de polémica pública sobre el papel de las Fuerzas Armadas en Uruguay y la posibilidad de reducir el presupuesto que se les destina (incluyendo el correspondiente a la Caja Militar), en la que participaron, entre otros, el grupo frenteamplista Ir; el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro; los diputados Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo) y Alfredo Asti (Asamblea Uruguay); y la senadora Constanza Moreira (cuya postulación como candidata presidencial del Frente Amplio es apoyada por Ir y por Puig, pero no por Fernández, Asti y Mujica).
Obviamente, la utilidad ocasional de los militares cuando se producen inundaciones no es un argumento válido para defender su presupuesto actual ni su existencia. Se trata de algo semejante a lo que los economistas llaman una “externalidad positiva”, que puede resultar beneficiosa pero que no forma parte de los cometidos típicos y habituales de la institución, por los cuales se les pagan sueldos a sus integrantes. En términos coloquiales, se puede aplicar la expresión “ya que están, que sirvan para algo”, pero lo central es por qué “están” las Fuerzas Armadas, y no tiene sentido responder “por si llueve demasiado”.
La pregunta es política, y es inevitable que se vincule con el papel que desempeñó la institución militar durante la última dictadura (cuando, “ya que estaba”, sirvió a propósitos muy dañinos, en un claro caso de “externalidad negativa”). En este sentido, no ayudan mucho declaraciones como las realizadas la semana pasada por el nuevo comandante en jefe del Ejército, Juan Villagrán, quien sostuvo que “no debe quedar información” sobre los detenidos desaparecidos, con el argumento, inaceptable para seres pensantes, de que “si no se ha aportado hasta ahora es porque no está” (como si a nadie pudieran ocurrírsele otros motivos).
No es el tipo de mensaje que puede contribuir a la reconciliación con una institución que, casi 30 años después de la salida de la dictadura, sigue sin asumir plenamente sus responsabilidades históricas, y recién ahora se aboca a evaluar el “honor” de militares condenados por crímenes de lesa humanidad.
Lo que tienen las inundaciones, a diferencia de otras calamidades, es que siempre que llovió, paró.