Los restos óseos fueron encontrados el martes en los fondos de la Seccional 8º, en Millán y Raffo, por personal que realizaba trabajos con una retroexcavadora para la instalación de una antena telefónica. La Secretaría de Derechos Humanos tomó conocimiento del hallazgo por la llamada de un familiar de un detenido desaparecido. De inmediato dio cuenta al Equipo Especial auxiliar de la Justicia en crímenes de terrorismo de Estado del Ministerio del Interior (MI), creado por resolución en julio de 2013, que a su vez dio intervención al juez de 20º Turno, Alejandro Guido.
El magistrado instruyó la presencia en el lugar del ITF, en cuya representación asistió el antropólogo Horario Solla. Tras la constatación de que los restos son humanos, el juez dispuso la intervención del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) que dirige López Mazz.
En diciembre, el Poder Ejecutivo aprobó mediante resolución presidencial un protocolo de procedimientos ante el hallazgo de restos óseos humanos, ya sea durante tareas de investigación o, como ocurrió en este caso, de forma accidental. Este protocolo señala que “en cualquier caso, las tareas de planificación, ejecución e interpretación deben estar a cargo de un equipo de arqueólogos forenses, [o] en su defecto, arqueólogos con experiencia en este tipo de casos”.
No obstante, para cuando el GIAF llegó al lugar los restos habían sido retirados del lugar por el ITF, que no cuenta con arqueólogos. El vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat, señaló a la diaria que el informe antropológico de Solla indica que se trata de restos de dos personas, un hombre y una mujer, y que el enterramiento tiene una datación aproximada de 30 años. Hasta ayer, el equipo de López Mazz no había accedido a los restos óseos -que se encuentran bajo custodia en el ITF- para realizar un estudio antropológico primario, pero se espera que esto suceda hoy.
El siguiente paso es determinar si el grado de degradación ósea permite la extracción de material genético. Si esto es posible, las muestras serán contrastadas con las disponibles en el banco genético de familiares de detenidos desaparecidos. Llegado el caso, este procedimiento para confirmar o descartar la posibilidad de que se trate de víctimas del terrorismo de Estado puede demandar varias semanas.
Para esta jornada también se espera que el GIAF culmine los trabajos de excavación en el terreno circundante al hallazgo -al que la prensa no tuvo acceso- que permitan determinar con la mayor precisión posible la zona donde los restos estaban enterrados, así como agotar la búsqueda de materiales asociados que puedan aportar información de contexto. López Mazz recordó que la Seccional 8º no está denunciada como lugar de enterramiento, y que la sede policial está instalada allí desde 1921; antes el local funcionaba como convento.
En calidad de “observadores” y acompañados por López Mazz, ayer se hicieron presentes en el lugar los integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos Graciela Jorge (coordinadora), Eduardo Pirotto (representante por Familiares de Detenidos Desaparecidos) y el fiscal Ariel Cancela (representante por el Ministerio Público). Tanto Jorge como López Mazz enfatizaron que todavía “no puede descartarse ninguna hipótesis”.