En una reunión realizada el martes de noche, la Comisión Nacional No a la Baja definió un documento que será base argumental de la campaña contra de la reforma constitucional que propone bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años.

En primer lugar, se destaca que, de aprobarse la reforma, los adolescentes de entre 13 y 17 años podrán ser penados con hasta cinco años de privación de libertad. El documento recuerda que la recomendación más reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhorta a que “los Estados tiendan a abolir la pena privativa de la libertad aplicada a niños, niñas y adolescentes”. Señala que el sistema penal juvenil “rompe lazos comunitarios” y es “un vector de violencia”, y que los jóvenes que pasaron por penas de privación de libertad tienden a reincidir más que aquellos a los que se les aplicaron medidas alternativas. “La adolescencia es el período de reafirmación de la identidad, por lo cual los efectos que la prisión puede causar en lo inmediato y en el futuro desarrollo de los adolescentes son particularmente devastadores”, indica el documento. “En vez de apostar a la resocialización, se lo expone a la socialización en la violencia, la adopción de códigos propios de la cultura de cárcel, la anulación de la identidad y al aumento del desarraigo familiar y comunitario”, agrega.

Además, la comisión No a la Baja, integrada por personas pertenecientes a distintas organizaciones sociales, partidos y sectores políticos, entiende que la reforma viola tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño de 1990 y las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil de 1990.

En segundo lugar, la comisión entiende que la propuesta de reforma constitucional “no soluciona el problema de la seguridad”. Cita datos del departamento de estadística del Poder Judicial según los que en 2010, sólo 6,4% de los asuntos penales iniciados correspondieron a la Justicia penal juvenil. Sostiene que las políticas “punitivas y represivas solamente han contribuido a profundizar la violencia social”.

Señala también que la preocupación por la seguridad, así como las iniciativas para bajar la edad de imputabilidad penal, se remontan a 1954, “por lo menos”. La comisión hace referencia al rol que juegan los medios de comunicación, que “sobredimensionan los delitos cometidos por adolescentes” y realizan “una exposición abusiva” de ellos. “A través de una reiteración excesiva, la crónica roja y la exposición de las víctimas, reproducen y amplifican la inseguridad y la participación que en ésta tienen los y las adolescentes”, afirma. Como ejemplo, mencionan que en los últimos años aumentó 200% la cantidad de noticias en relación al delito adolescente, según un informe de la agencia Vos y Voz.

De aprobarse la reforma, se mantendrán de por vida los antecedentes penales de los adolescentes que cometan un delito, mientras que en el régimen penal adulto los antecedentes se destruyen pasado cierto lapso. Además, la comisión señala que la reforma propuesta contiene medidas que ya están vigentes, como la creación de un instituto de responsabilidad penal adolescente y la introducción, como circunstancia agravante para los mayores, del hecho de que éstos se valgan de menores para cometer delitos, situación ya prevista en los artículos 59 y 60 del Código Penal.

La comisión ya tuvo una reunión con representantes del Frente Amplio (FA) para coordinar acciones, y en los próximos días mantendrá encuentros con integrantes del Partido Independiente, de la juventud de Alianza Nacional y con algunos militantes del Partido Colorado, explicó su vocera, Fabiana Goyeneche. Realizarán una campaña propia, con actos propios, pero también estarán presentes en los actos partidarios a los que sean invitados. En el acto de aniversario del FA, que se realiza hoy en Piriápolis, la comisión estará presente repartiendo folletos y volantes.