Ayer asumió como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el doctor Jorge Larrieux. Participaron del acto el presidente José Mujica, el secretario de la Presidencia Homero Guerrero, el prosecretario Diego Cánepa y el senador nacionalista Luis Alberto Lacalle (Herrerismo), así como magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

Primero habló el presidente saliente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, quien se refirió al "ejercicio" que terminó como "un ejercicio duro (...) con problemas que por suerte o quizá no por suerte, sino por el trabajo" de la corporación, "han sido superados". "Esperamos otro año igual o peor", agregó Ruibal Pino y le deseó a su sucesor “éxito y un poco de suerte".

Por su parte Larrieux saludó a Mujica y a Lacalle, y dijo que su presencia significaba "un reconocimiento de los representantes" de otros poderes del Estado a la SCJ "en su rol de defensa del Estado de derecho". Luego agregó que si bien "normalmente" en este tipo de actos se hace referencia a lo que "se hizo" durante el ejercicio pasado y a "lo que se hará” en el que se inicia, esta vez le pareció "más útil" reflexionar "sobre los sucesos del pasado año, en que el cargo de ministro" de la SCJ, "pareció transformarse en un profesión de alto estrés". Larrieux afirmó que 2013 "fue un año complicado" para el Poder Judicial, debido a la "judicialización de los conflictos que no encuentran solución en otros ámbitos más adecuados".

En referencia al traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil dijo que el año pasado fue "especialmente" complicado para la SCJ que "por decisiones tomadas en el pleno uso de sus facultades constitucionales y legales se vio sometida a fuertes críticas en circunstancias por todos conocidas, y cuyas implicancias aún se están procesando". "Los incidentes en la sede de esta corporación" en febrero de 2013, "los cuestionamientos a las decisiones tomadas en el ámbito del control de constitucionalidad de las leyes (...) implicaron el intento de desvalorizar el sistema democrático fundado en tres poderes independientes mutuamente controlados", añadió Larrieux, aclarando que era una opinión que no comprometía a sus colegas. Para el flamante presidente de la SCJ, esos incidentes "pueden interpretarse como pérdida en sectores de la ciudadanía de lo que representa el Poder Judicial como tutela de derechos, como custodio de la Constitución y en definitiva como garantía de todos los ciudadanos". Finalmente insistió en la importancia de "una justicia independiente, éticamente consustanciada con valores democráticos" y afirmó que ésta "no puede adquirirse como un artículo de consumo" porque "requiere respeto de todos los sectores de la sociedad, públicos y privados". "El respeto institucional, más que un acto formal, es un hecho cultural. No es una obligación de los ciudadanos (...) es una actitud de vida en el sistema democrático que requiere de mucha educación", concluyó Larrieux.

No hay drama

A la salida de la sede de la SCJ, Mujica fue consultado por la prensa sobre las afirmaciones de los ministros y respondió que los discursos fueron “formalmente correctos en forma y contenido”, aunque manifestó: “siempre la democracia tiene sus complicaciones”. Por su parte, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer, Guerrero fue interrogado sobre las declaraciones de Larrieux y respondió que, desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, para el Poder Judicial y para la SCJ “todos los años son complicados”. Expresó que algunos “acontecimientos”, como las declaraciones de inconstitucionalidad de las leyes, se dan “todos los años”, pero “de repente” hay algunas que tienen “más impacto en la opinión pública”, como “la mal llamada ley interpretativa de la Ley de Caducidad”. Guerrero agregó que “el Poder Ejecutivo expresó claramente que (...) lo respetaba”, que “no hay que tomar con dramatismo las cosas” e informó que había tenido una conversación personal con el nuevo presidente de la SCJ. “Tenemos un diálogo permanente con ellos, son poderes independientes y está dentro de sus facultades decir lo que les parece”, agregó.

El secretario de la Presidencia también reconoció que en el informe del Poder Ejecutivo ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el capítulo correspondiente “al pasado reciente”, se dio a conocer que había existido “un traslado de una magistrada de la órbita penal a la civil”, resolución de la que el Poder Ejecutivo “no conoce las causas”, y agregó que el hecho “no estaría en concordancia con el artículo 246 de la Constitución”, que indica que “se le debe dar vista al fiscal de Corte” acerca del traslado.

Luego de la asunción de Larrieux, los ministros de la SCJ trataron en su reunión semanal algunos temas generales y comenzarán a trabajar el miércoles en asuntos jurisdiccionales y administrativos. Tal como lo había anunciado el ministro Julio Chalar, el contenido del informe que presentó Uruguay ante Naciones Unidas “fue planteado” ayer en los acuerdos, aunque no se comenzó a discutir sobre el tema, según informó una fuente de la SCJ.