El presidente José Mujica se reunió ayer con los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en un encuentro de “agenda abierta”, de una hora y media de duración que fue calificado por el secretario de Presidencia, Homero Guerrero, como una “señal política importante de respeto hacia otro órgano del Estado”. “Una de las cosas que tratamos de laudar y limar fueron esas asperezas”, dijo el jerarca, en referencia a la tensión entre ambos poderes, que se puso de manifiesto en los discursos del presidente de la SCJ, Jorge Larrieux, y del presidente saliente, Jorge Ruibal Pino, el 3 de febrero. A partir de ahora, los encuentros entre ambos poderes se realizarán de forma periódica, aseguró Guerrero.

El vocero de la corte, Raúl Oxandabarat, dijo que se abordaron cinco temas: la reforma del Código del Proceso Penal, aspectos generales de seguridad, el presupuesto del Poder Judicial, la situación de los centros de mediación y el reclamo de los magistrados de que se les asigne un aumento salarial tras una sentencia de la SCJ de diciembre de 2013, que declaró inconstitucional la Ley 18.738, que dejaba sin efecto la equivalencia salarial entre los ministros del Poder Ejecutivo y los de la SCJ (y, por tanto, del resto de los magistrados del país, debido a que su salario se ajusta en proporción al de los integrantes de la SCJ).

En este último punto, las partes se limitaron a expresar sus diferencias, con el telón de fondo de que la Asociación de Magistrados del Uruguay analiza presentar una demanda contra el Estado por el incumplimiento del ajuste. El gobierno había establecido en el presupuesto un aumento de sueldo para los ministros de Estado, pero eso implicó una modificación del salario de los integrantes de la SCJ y de todos los magistrados, por lo que se aprobó la Ley 18.738, con el objetivo de desenganchar los salarios de los secretarios de Estado de los de los ministros de la SCJ. Pero como esta ley no fue aprobada mediante una norma presupuestal, fue declarada inconstitucional por la SCJ. Para cumplir con el aumento correspondiente, el Poder Judicial reclamó un crédito presupuestal de 250 millones de pesos. La corte también expresó la necesidad de contar con más presupuesto. En ese marco, expresó que los centros de mediación se están expandiendo de forma más lenta de lo que se creía.

En otro orden, tanto la SCJ como el gobierno expresaron su deseo de que la reforma del Código del Proceso Penal, que el Senado estudia desde diciembre de 2010, se apruebe este año.

Según dijeron Guerrero y el ministro de la SCJ Jorge Chediak, la polémica generada en torno al traslado de la jueza Mariana Mota no fue un tema de discusión en el encuentro. El magistrado consideró que el tema ya fue “superado” una vez que la SCJ le envió una carta al gobierno señalándole que no “correspondía que en el informe que el gobierno presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se hicieran apreciaciones subjetivas sobre el traslado de la jueza”.